Hasta la Policía de Investigaciones llegó ayer Silvia Poblete, presidenta del Comité Fuerzas Unidas. La dirigenta fue citada a declarar luego de una denuncia por daño simple, realizada el 3 de octubre pasado por el director regional del Serviu, Alejandro Larsen, luego de una manifestación que realizaron los integrantes del comité de vivienda en el acceso de las oficinas del Serviu.

El objetivo de la protesta fue exigir una solución urgente a la construcción de sus viviendas, obras que en ese momento se encontraban paralizadas. En la acción, los manifestantes pusieron candado a las puertas, desplegaron carteles, interrumpieron el tránsito vehicular, levantaron una barricada y realizaron algunos rayados en el exterior de las oficinas.

Ayer, finalizada la diligencia en la PDI, Poblete sostuvo que se le exige un pago de 400 mil pesos por los supuestos daños causados. "Yo soy de pobladora campamento y la gente de campamento vive con lo justo", expresó. Además indicó que no entregó declaraciones "me mantengo en silencio porque no he hecho nada, estoy con mi conciencia tranquila y voy a seguir dando la pelea por mi gente, para eso soy su dirigenta".

Asimismo, se refirió a la gestión de Larsen, a quien calificó como "incompetente" e "insensible con las familias", recalcando que "llevamos siete años pidiendo que se nos dé una solución real (...) estamos en un país libre y no tienen por qué hacernos callar, las autoridades no son intocables y como ciudadanos también merecemos respeto, merecemos que estas autoridades hagan su pega".

Investigación

Poblete concurrió hasta las dependencias de la PDI junto a los abogados que la asesoran, Marcos Ilabaca y Alonso Pérez de Arce, y acompañada por pobladores del mismo campamento.

En ese contexto, Pérez de Arce explicó que la denuncia se originó a raíz del llamado que Larsen hizo a Carabineros, quien tomó el procedimiento. "En la denuncia de Carabineros no existen elementos que puedan atribuir la participación de Silvia Poblete al hecho que se le imputa y la única declaración que intenta atribuirle alguna responsabilidad es la del propio director del Serviu, quien indica que una supuesta hija de Silvia cometió los delitos".

El abogado precisó que la acusación no tiene pruebas ni fundamentos y que se trata de "un recurso malicioso, puesto que la hija es menor de edad", puntualizando que "la denuncia no prosperará porque no existen antecedentes concretos que puedan probar una posible participación de Silvia".

En tanto, Marcos Ilabaca indicó que "con esta acción se intenta criminalizar un movimiento social y no es posible que detrás de la demanda de un derecho social que ha estado siendo levantado por los dirigentes, hoy se esté intentando criminalizar la exigencia del cumplimiento de los compromisos que se han adquirido durante años".

Desde el serviu

A través de un comunicado de prensa, Alejandro Larsen indicó que la denuncia "se origina en la obligación legal que tiene el director del Serviu, como representante de este servicio, de resguardar la integridad de los funcionarios, de los usuarios presentes en el edificio, así como también, en la obligación de resguardo de los inmuebles y de los muebles que son de propiedad fiscal".