Valeria Barahona

El hijo del matrimonio que hace cuatro años murió en un ataque incendiario en la Araucanía, Jorge Luchsinger Mackay, manifestó que está "desalentado" por lo largo que ha sido el proceso judicial por el crimen de sus padres, y por las "presiones", que ha observado y que teme que extiendan aún más el juicio.

Asimismo, insistió en su petición al Gobierno de desistir de ser parte de la querella por la muerte de sus padres, y acusó presiones a favor de la machi Francisca Linconao para cambiar su medida cautelar.

"Si el Gobierno se siente más cómodo junto a la defensa, nosotros pedimos que no siga alegando en el juicio y que se desista de la querella", dijo a radio Cooperativa.

Presiones

La machi Francisca Linconao, imputada por su presunta participación en el incendio que cobró la vida de los agricultores, volvió el viernes recién pasado a su casa, tras una huelga de hambre extendida por 14 días, que inició cuando la justicia reemplazó por cuarta vez las medidas cautelares en su contra, que esta semana fueron cambiadas por arresto domiciliario.

Ante ello, Jorge Luchsinger acusó que "en los últimos días hubo muchas presiones del Partido Comunista, de parlamentarios que visitaron a la imputada, que fueron a La Moneda; hasta el alcalde de Valparaíso entiendo que hizo un sesión en favor de una imputada, así que sí hubo mucha presión".

Según el querellante, esto "colmó nuestra paciencia", por lo que solicitó al Gobierno el retiro de la causa.

"Estos procesos son súper largos, son súper tediosos... Las sesiones son súper largas, ha sido muy difícil empezar la audiencia de preparación de juicio", confesó Luchsinger a radio Cooperativa, por lo que "vemos con mucha preocupación que esto, sumado a las presiones que hemos visto últimamente, alarguen mucho más el juicio, por lo tanto, uno inevitablemente se siente un poco desalentado", acusó.

Pese a la solicitud de la familia, La Moneda aclaró que continuará siendo parte del juicio. "Este es un crimen horroroso que se hizo en una región y, por lo tanto, nosotros somos parte desde el principio de este juicio y lo vamos a seguir siendo. Estamos pidiendo las penas máximas para aquellos que se demuestre que son culpables", afirmó el viernes subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.

"Les puedo decir que el Ministerio Público no ha recibido ninguna presión de nadie", comentó por su parte el fiscal nacional Jorge Abbott.

Durante la semana comenzó el pago del reajuste extraordinario del pilar solidario, que incrementó las pensiones de más de un millón de jubilados en $9.303, quedando la pensión básica en $102.897.

Este beneficio "alcanza al 60% del segmento más vulnerable de quienes reciben pensiones, y eso es cerca de un millón 400 mil personas", dijo ayer la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, destacando, además, que la medida compromete "aproximadamente $150 mil millones".

Los beneficiados son personas de 65 años o más, que poseen un puntaje de focalización previsional menor o igual a 1.206 puntos.

Los datos fueron revelados en una actividad con adultos mayores en Quinta Normal, donde su alcaldesa, Carmen Gloria Fernández, comentó que "en la edad de jubilar lo que se debiera hacer es descansar, disfrutar", pero "vienen los problemas, las enfermedades y las pensiones que son tan bajas".

"Este aumento es una buena noticia para todos nuestros adultos mayores, por cierto que uno quisiera que fuera más, pero estamos trabajando para eso", terminó la jefa comunal.

Ley de presupuesto

La idea de reajustar las pensiones de los jubilados fue presentada por la Presidenta Bachelet durante la Ley de Presupuesto, a fines del año pasado, como uno de los ejes del gasto social. Esto fue a razón de las multitudinarias marchas cuestionando el sistema previsional, las que abarcaron ciudades de todo el país, inclusive con adultos mayores en las calles.

"Cualquier aumento del pilar básico solidario que mejore las condiciones económicas de la gente más pobre de nuestro país siempre va a ser una medida que uno no podría rechazar", dijo en su momento el líder del movimiento "No + AFP", Luis Mesina, a radio Cooperativa, agregando que "lo que uno cuestiona es que sigamos con la política de aumentar, con recursos públicos, el subsidio de una industria que funciona sobre una base privada".