Carolina Collins

La Presidenta Michelle Bachelet defendió ayer la designación de la ex ministra de Justicia y abogada Javiera Blanco como miembro del Consejo de Defensa del Estado (CDE), lo que anunció el miércoles.

La Mandataria descartó que exista conflicto en el nombramiento, por el vínculo de la ex secretaria de Estado con el caso de las presuntas irregularidades en las pensiones de Gendarmería, investigación en la que el CDE es querellante.

Esto, ante las críticas que surgieron desde la oposición y el oficialismo por el conflicto que esto implicaría para Blanco.

"Yo he realizado ese nombramiento en mis facultades como Presidenta, después de evaluar distintas alternativas y de conversarlo también con el presidente del Consejo de Defensa del Estado (Juan Ignacio Piña) y porque creo que la calificación profesional de Javiera Blanco va a ser un aporte a la labor del Consejo", dijo la Mandataria.

Bachelet recordó que cuando ha existido alguna relación entre causas judiciales en las que el CDE y alguno de sus consejeros son parte, éstos se han inhabilitado. "Y sin duda quiero decir que en cualquiera discusión en el Consejo, siempre que una persona tiene una relación personal o conoce a alguien vinculado a lo que se discute o porque haya tenido alguna responsabilidad al respecto o hay algún conflicto de intereses, los consejeros se inhabilitan. Así que no hay problema en ese sentido", afirmó la Presidenta.

La designación de Blanco se anunció el mismo día que la Contraloría General de la República dictaminó que "no corresponde" que la ex ministra haya instruido al ex director de Gendarmería, Tulio Arce, la contratación de cuatro funcionarios, cuando era secretaria de Estado.

Críticas transversales

Uno de los críticos desde el propio oficialismo del nombramiento de Blanco fue el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, quien en declaraciones citadas por Cooperativa sostuvo que "uno no puede nombrar autoridades para que estén inhibiéndose o inhabilitándose en determinadas circunstancias. Yo creo que hay profesionales que pueden cumplir a cabalidad dicha función". "Es una situación que ojalá no se torne compleja mañana", agregó el timonel del PRSD.

El diputado de la UDI Gustavo Hasbún dijo que "obviamente se crea un conflicto de interés gravísimo, al ser juez y parte en la causa y en las querellas criminales que se han puesto por casos de corrupción, porque ella hoy día está enlodada y vinculada a situaciones anómalas, irregulares, donde el CDE se ha hecho parte".

Menos de un año después de que se produjera la muerte de Lissette Villa Poblete (11 años) al interior de un centro dependiente del Servicio Nacional de Menores (Sename), hecho que dio cuenta de la grave crisis del sistema, ayer se conoció de un nuevo caso.

Según publicó Emol, un menor de 14 años de edad identificado con las iniciales J.U.M. murió cerca de las 00.30 horas de ayer en un hogar colaborador del Sename ubicado en Punta de Tralca, en la Región de Valparaíso.

Según publicó el medio citado, el fallecimiento del niño se produjo luego de que comenzara a convulsionar, por razones que están siendo investigadas.

Según relató una de las cuidadoras a Carabineros, el menor empezó a convulsionar y no pudieron hacer nada para ayudarlo.

Desde el Sename señalaron que "el adolescente manifestó molestias de salud, por lo que trabajadores del recinto llamaron a una ambulancia. Al llegar el equipo de salud, constataron el deceso del joven".

Carabineros llegó hasta el "Hogar Punta de Tralca", ubicado en la calle El Pastor de esa localidad, donde murió el menor, para llevar a cabo las primeras diligencias.

Luego de dar aviso a la Fiscalía local y al Tribunal de Familia, el cuerpo del niño fue trasladado al Servicio Médico Legal (SML).

Estancia en centro

Según confirmó el Sename, el niño llevaba ocho años en el centro perteneciente a la fundación "Aldea de Niños Cardenal Raúl Silva Henríquez", que recibe una subvención del organismo estatal.

Lamentos del sename

El director regional (s) del Sename, Rachid Alay, manifestó que "el servicio lamenta profundamente el deceso del joven J.U.M. y esperamos que lo sucedido se esclarezca tras los exámenes forenses".

El presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, respondió ayer a las críticas a la decisión del organismo de habilitar un sistema electrónico para facilitar el refichaje de militantes de los partidos políticos. La reinscripción es una exigencia de la nueva Ley de los Partidos Políticos constituidos para que mantengan su existencia legal y para que puedan recibir financiamiento público. El plazo se vence el 14 de abril y los partidos estarían lejos de alcanzar el piso mínimo de 18 mil inscritos que exige la ley.

Tras el anuncio del Servel, el diputados Giorgio Jackson (RD) dijo que la medida se podía prestar para "tongos políticos". Y ayer anunció que es probable que acuda a la Contraloría.

A esas críticas se sumó el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, quien dijo que "el Servel abrió un debate que no tenía por qué haberlo abierto. Creo que el debate es desafortunado". "El mecanismo que se ha abierto no está en el ámbito del acuerdo político", agregó.

Descartan presiones

Santamaría respondió a las críticas, que calificó como "una polémica artificial". "Aquí no se hace una distinción entre los distintos trámites", dijo a T13 Radio, refiriéndose a la diferencia entre refichaje e inscripción de nuevos militantes. "Una cosa es la constitución de partidos nuevos y otra cosa muy diferente es la reinscripción de actuales afiliados en partidos constituidos", dijo.

"Uno viene a una renovación. Entonces, que el trato sea distinto no es extraño. Aquí, cuando una persona quiere afiliarse por primera vez es distinto a una persona que está foliada a un partido y tiene que reinscribirse porque así lo estableció la Ley", aseguró Santamaría. Asimismo, rechazó haberse dejado presionar por los partidos políticos. "A mí no me presiona nadie en lo personal y al Servel tampoco. Nosotros, lo que estamos haciendo es cumplir la ley (...) hay garantías para que no haya fraude", dijo.

"Hay que demostrar que se está actuando de buena fe, que no se cede a presiones, sino que se está actuando de manera comprometida", agregó, a la vez que anunció que se tomarán resguardos para evitar conflictos, como el envío de una carta certificado al domicilio de cada reinscrito para que pueda dar cuenta en caso de que no corresponda.