María Alejandra Pino C.
Tras la orden de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte de no intervenir el puente Cau Cau durante un periodo de seis meses, el seremi de Obras Públicas, Jorge Alvial, aseguró ayer que es un riesgo mantener el puente con los brazos alzados y que genera un costo adicional para el Estado, el que mensualmente alcanza los 30 millones de pesos que son destinados a la mantención de la estructura y, de esta forma, a asegurar la navegabilidad del río.
De acuerdo al cronograma del ministerio de Obras Públicas, en marzo se produciría el desarme de los brazos, los que serían desinstalados en su totalidad para ser depositados y resguardados en un lugar cercano al puente, maniobra que sería postergada hasta septiembre, fecha en que termina el plazo estimado por el fiscal José Morales para realizar nuevas indagatorias en el Cau Cau, en el contexto de la investigación desformalizada que lleva adelante para determinar eventuales responsabilidades en las fallas detectadas en el puente.
Ingeniería DICTUC estará a cargo del nuevo informe que solicitó la Fiscalía. La empresa realizará una prueba de carga, la que a juicio de Alvial "no garantiza peritajes muy distintos a los que ya existen", ya que -explicó- no asegura la resistencia de la estructura a largo plazo, sino en un momento dado.
Además, la autoridad indicó que "llama la atención que se sea la propia empresa Azvi la que pide este peritaje y lo financie, siendo que es una empresa que está cuestionada por la mala construcción de la obra".
Asimismo, señaló que de ser necesarias nuevas indagatorias tal como lo ordenó el fiscal Morales, "sí es posible realizar estos peritajes con los brazos desinstalados de la estructura principal".
Colaboración
Jorge Alvial afirmó que durante todo el proceso de investigación que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el ministerio de Obras Públicas ha aportado a las indagatorias y entregado todos los antecedentes técnicos, los informes elaborados por el experto Sergio Contreras y por el consorcio VMB -H&H.
"Vamos a seguir dando las facilidades al Ministerio Público, así como lo hemos hecho en todas las etapas del proceso", planteó el profesional.
Plazos
A raíz de la solicitud de la Fiscalía y de los peritajes que ordenó el organismo, Alvial dijo que el plazo anunciado para la entrega de la obra -segundo semestre de 2018- podría cumplirse si el contrato para el diseño de reconstrucción del puente es adjudicado en marzo, "pero queda la incertidumbre respecto a la intervención final de los brazos que pueda alterar el cronograma", advirtió el seremi. Por lo tanto ese plazo se podría ampliar al 2019.
Marzo es la fecha fijada por el MOP para definir al consorcio que se hará cargo de construir la nueva estructura. A la fecha hay 15 empresas internacionales (en consorcio con compañías chilenas) interesadas en postular.
En ese contexto, Alvial indicó que el proceso de licitación sigue su curso normal y que a fines de febrero serán recibidas las propuestas.
"Mantendremos el calendario en base a las condiciones que tenemos, porque el ministerio de Obras Públicas lo que busca es tratar de concretar la solución del puente, a pesar de que no estamos con todas las posibilidades para hacerlo dado que hay que respetar lo que establece el Ministerio Público", explicó.
"El MOP tiene la intención de poner en operación el arreglo en cuanto se pueda y en ese sentido entendemos que hay una urgencia para ello, no obstante se están otorgando todas las facilidades para que el Ministerio Público pueda hacer todas las indagaciones que correspondan", concluyó el seremi.
"El MOP tiene la intención de poner en operación el arreglo en cuanto se pueda y entendemos que hay una urgencia para ello".
Jorge Alvial, Seremi de Obras Públicas."