La Prefectura de Carabineros desestimó ayer una denuncia hecha a través de redes sociales, donde un excarabinero, afirma ampararse en la Ley de Transparencia y asegura que la Dipolcar ( Inteligencia de Carabineros), habría sorprendido de madrugada el pasado jueves, a un capitán de la Comisaría de Panguipulli, "efectuando servicios de uber"(taxi) , con la camioneta de la SIP (Servicio de Investigación Policial). Pide hacer una investigación y dice temer que la denuncia "se tape". Desde Carabineros señalaron que denuncias no formales "carecen de seriedad" y que no se referirán a ella.

La Brigada investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, se hizo cargo de la investigación por la querella presentada contra la directora del Liceo "Rodulfo Amando Phillipi" de Paillaco por una supuesta "adulteración de notas".

El abogado patrocinante de la querella, Marcelo Fritz, anunció que paralelamente a las diligencias indagatorias que ya realiza la PDI, solicitará a la Contraloría Regional de República, "apartar del cargo de directora, a la acusada, mientras se desarrolla la investigación".

A TRAMITACIóN

También señaló que las diligencias a cargo de la Bridec de la PDI comenzaron apenas el Juzgado de Letras de Paillaco, acogió a tramitación la querella presentada.

Señaló que los detectives se constituyeron en el liceo, donde han recogido numerosos testimonios de profesores, entre ellos, de la propia directora implicada, Claudia Paola Barría, quien habría reconocido los hechos, registrados a fines del año pasado.

CAUSó PERJUICIOS

Fritz añadió que la directora hace uso actualmente de una licencia médica. "Está fuera desde diciembre pasado, y su regreso se complica, porque dentro del establecimiento, hay profesores y alumnos que han rechazado lo que hizo, porque su acción causó perjuicios académicos y de beneficios como becas, a otros estudiantes".

El abogado Fritz, agregó que confía en que finalmente, la directora será formalizada "porque la Ley es clara y el Estatuto Docente, no lo permiten, porque es un delito falsificar un instrumento público, como es un libro de clases".

Finalmente, dijo que este hecho "es algo inédito, al menos en Paillaco, y ha causado conmoción en la comunidad".

Juan Vargas Oñate

Òrdenes de detención contra cinco personas dictó el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, en el caso de violaciones a los Derechos Humanos del ex Intendente Sandor Arancibia y el exalcalde, Luis Díaz.

La información la ratificó ayer en Valdivia el abogado querellante y patrocinador de la causa Roberto Ávila, informando que las órdenes de detención recaen en Bernardo Puga Concha, abogado y fiscal militar en septiembre de 1973.

También, contra Rubén Darío Aracena González, teniente de Carabineros, ya procesado en una causa por tres delitos de homicidio, en un supuesto ataque a un destacamento policial en la Corvi, en 1973.

Los otros tres implicados, son Juan Bautista Yáñez, suboficial de Carabineros; Germán Jesús Borneck Matamala, de la PDI; y Hernán Soriano Avila, suboficial de Ejército.

Por esta misma causa, ya se encuentra procesado y detenido, el teniente de Ejército, Patricio Kellet, quien figuraba en 1973, al mando del grupo acusado de apremios ilegítimos y torturas, en el ex regimiento Cazadores de la ciudad, contra Sandor Arancibia Valenzuela, Luis Díaz Bórquez, Juan Yilorm Martínez, Víctor Hormazábal Rozas, José Gallardo Saldivia, Rogers Delgado Sáez y Joel Asenjo Ramírez.

El abogado Ávila, explicó que los nuevos procesados en la causa, cometieron el delito, previsto y sancionado en el Artículo 150 No.1, del Código Penal vigente, a la época de los hechos, y además el de asociación ilícita.

Agregó, que una vez detenidos ingresarán en libre plática, en el caso de los militares, al Regimiento Tucapel; los carabineros a la Segunda Comisaría; y el detective a la Brigada de Homicidios de la PDI. Todas dependencias ubicadas en Temuco.

"Todos están considerados un peligro para la sociedad y no se les concederán los beneficios de la fianza y la libertad provisional", dijo el abogado.

El abogado Ávila, dijo que, tras 41 años de investigaciones, "Chile debe cerrar este capítulo", valorando la resolución del ministro Mesa de la Corte de Apelaciones de Temuco. Recordó que, por disposición de la Corte Suprema, esta causa que estaba en el tribunal de alzada valdiviano, fue derivada a la corte temucana, "por lentitud en su tramitación". Asimismo, dijo que no descarta que por esta misma causa, "se dicten más autos de procesamiento contra otras personas que estuvieron implicadas en apremios ilegítimos en Valdivia".

La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó un recurso de nulidad y ordenó a la municipalidad de Valdivia pagar una indemnización de 9 millones de pesos a Carmen Gloria Riquelme Cárcamo, orientadora familiar que se desempeñó desde 2014 en la escuela municipalizada Leonardo da Vinci de Valdivia, desde donde fue despedida a principios de 2016.

En un primer juicio laboral contra el municipio, la magistrada Inge Müller Méndez, estableció que el despido de la orientadora se realizó "con infracción a la ley, y que además, fue víctima de acoso laboral , ejercido por el director del establecimiento".

El municipio apeló ante la Corte para dejar nulo ese fallo, pero ayer el Tribunal de Alzada rechazó esa opción.

En fallo unánime, la Primera Sala integrada por los ministros Loreto Coddou, Juan Ignacio Correa y la fiscal judicial Gloria Hidalgo, desestimó los alegatos de la parte demandada y ordenó el pago de la indemnización.