Claudia Muñoz David

Actualmente 30 empresas se dedican a distribuir energía eléctrica a lo largo de Chile. Entre ellas, siete son cooperativas, las que se caracterizan por abastecer a sectores rurales y alejados. Hoy atienden al 2,5 por ciento de los usuarios del país, aproximadamente unos 147 mil 473 clientes.

Para analizar el futuro de la distribución eléctrica rural, representantes de la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas -Fenacopel- se reunieron ayer en Valdivia. Juntos debatieron además sobre el trabajo desarrollado en torno a la creación del proyecto de ley para una nueva regulación de la distribución eléctrica, la que hoy está siendo discutida por las autoridades de gobierno.

Durante el seminario, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Andrés Romero, explicó que contar con una nueva regulación es fundamental, ya que la actual fue creada durante la década de los '80. "Sabemos que no hay tarifas justas ni para el cliente ni para la empresa. También que no tenemos incentivos para contar con estrategias innovadoras para satisfacer la demanda eléctrica. Tampoco tenemos muchos incentivos para incorporar eficiencia energética ni generación distribuida. Cuando empecemos a aumentar nuestro tamaño de mercado para la gente será más fácil instalar un panel fotovoltaico en la casa o un panel de almacenamiento y eso cambiará la forma en cómo hemos ido pensando la distribución de energía hasta ahora. Nuestro marco regulatorio está desactualizado", destacó.

Agregó que a esta necesidad se suma el rápido avance de la tecnología. "Se estima que en el año 2023 ya existirán autos eléctricos, los que competirán en el mercado con los tradicionales. Probablemente la transformación del parque automotriz será rápida y tendremos que estar preparados", dijo. Romero explicó que el objetivo es contar con un anteproyecto de la nueva regulación en diciembre, por lo que están siendo desarrolladas mesas de trabajo.

Necesidades

Ante este escenario, el gerente general de la Cooperativa Regional Eléctrica Llanquihue, Franco Aceituno, habló sobre las dificultades que hoy enfrentan las cooperativas y que podrían ser corregidas con la nueva normativa.

Aceituno enfatizó que "por ser un servicio que opera en la extrema ruralidad hay baja densidad por kilómetro de línea y escasa rentabilidad, porque es muy alto el costo de operación y mantención".

Explicó que entre las dificultades que han encontrado se destaca "tener terrenos rurales electrificados de difícil acceso, los que se ven afectados por las malas condiciones climáticas. Sabemos cómo es el sur de Chile y la realidad para nosotros es muy diferente a la que pueden tener las empresas que trabajan en el norte. Eso en algún momento tiene que ser reconocido. Me encantaría tener la misma calidad de servicio en los sectores rurales y urbanos, pero es muy difícil, por la geografía. En un invierno lluvioso, hay lugares donde no se puede hacer una medición ni tomar un estado por al menos tres meses".

El robo de la energía es otro de los problemas. "Cuando vienen crisis económicas o estancamientos nos empiezan a robar energía. Tenemos un 16 por ciento de pérdida y cada punto porcentual equivale a unos diez millones de pesos. Es complicado bajar este robo porque muchas veces tenemos un cliente por transformador y no podemos colocar a más porque no están cercanos", dijo.

También indicó que es necesario que las instituciones públicas puedan coordinarse para que la operación de las cooperativas eléctricas sea más rápida. Habló de organismos como la Dirección del Trabajo, Vialidad y Conaf. "Nos demoramos tres años en hacer trámites con Vialidad de Santiago para desarrollar un proyecto que estaba aprobado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. El proyecto era de 150 millones y terminamos gastando 350 con fondos propios", contó.

Por último, relató que es necesario regular los montos de las multas que son cobradas. "Hay que ser justo en la vida y las leyes son las leyes. Sin embargo, es necesario que sean tomados en cuenta nuestros flujos y nuestros dineros para establecer las multas, porque muchas veces son muy desproporcionadas para los recursos con los que contamos, que no son los mismos que poseen las empresas grandes", detalló.

el usuario

El ingeniero del área eléctrica de la Comisión Nacional de Energía, Fernando Flatow, indicó que el usuario también tiene problemas con la regulación actual. Entre ellos, destacó que "no regula el estándar de calidad definido por la autoridad, no se asegura que los costos y los precios sean los justos y adecuados y no asegura el desarrollo de una red económicamente eficiente".

Indicó que también carece de la información adecuada para que los consumidores puedan tomar decisiones de consumo. Destacó que se requieren mejores opciones tarifarias, con señales de precios que permitan aprovechar excedentes renovables y que faltan mejoras en la canalización de las comunicaciones, solicitudes y respuestas a los conflictos de los consumidores.

30 empresas se dedican a distribuir energía en el país. Cuatro son sociedades financieras -CGE, ENEL, SAESA y Chilquinta- las que reúnen a 5 millones 753 mil clientes.

7 cooperativas asociadas en la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas (Fenacopel) agrupan a 147 mil 473 clientes, un 2,5 por ciento de los usuarios totales del país.

2 cooperativas entregan sus servicios en la región de Los Ríos, se trata de Socoepa y Cooprel. Estos organismos se caracterizan por abastecer especialmente a zonas rurales y alejadas.