María Alejandra Pino
La tasa de ocupación de las personas con discapacidad es, actualmente, de un 39,3 por ciento en el país. A partir de una indicación sustitutiva para una Ley de Inclusión Laboral, el gobierno busca subir ese número y asegurar la igualdad de oportunidades, principalmente mediante una cuota de un 1 por ciento de personas en situación de discapacidad que deben ser contratadas en empresas y en instituciones públicas con una dotación de cien trabajadores y más.
En la región de Los Ríos, aproximadamente cien empresas cumplen con ese requisito, según informó ayer Heidi Berner, subsecretaria de Evaluación Social. "Por tanto estamos hablando de cerca de 200 trabajadores que deberían poder ser contratados", precisó. En tanto, a nivel nacional la implementación de la ley abriría 25 mil cupos laborales, en siete mil 600 empresas.
La subsecretaria destacó, además, que a partir de esta normativa la remuneración que se pague a un trabajador con discapacidad no puede ser inferior al sueldo mínimo. Asimismo, impulsa cambios en el estatuto administrativo que rige a las instituciones públicas, al consagrar el principio de no discriminación, "prohíbe todo acto de discriminación por razones de discapacidad", explicó.
De menor tamaño
¿Qué ocurre con las empresas e instituciones con menos de cien trabajadores? La subsecretaria explicó que en el caso del sector público existe la selección preferente, "es decir, si dos personas con igualdad de méritos llegan a un concurso se debe contratar a aquélla en situación de discapacidad", precisó.
Para las empresas de menor tamaño la ley no establece una obligatoriedad de cumplir con la cuota laboral. Sin embargo, para aquellas de cien trabajadores y más existen medidas alternativas de cumplimiento que pueden aplicarse cuando no completen los cupos exigidos. Una es contratar a otra empresa, grande o pequeña, donde trabajen personas con discapacidad, y una segunda opción es generar un convenio con una fundación que permita aportar en la capacitación a personas con discapacidad.
Fiscalización
Una vez promulgada la ley, corresponde elaborar el reglamento que establecerá el detalle de su aplicación, para que entre en vigencia en octubre, según estimaciones de la subsecretaria de Evaluación Social.
Cuando la nueva normativa comience a regir, se iniciará también la fiscalización de ésta. "En el caso del sector privado quien va a fiscalizar el cumplimiento de esta ley es la Dirección del Trabajo y en el caso del sector público, primero cumplirán un rol el Servicio Civil que es el que se dedica al fortalecimiento del empleo público y el Servicio Nacional de la Discapacidad, pero quien finalmente fiscaliza el cumplimiento de las normativas públicas es la Contraloría General de la República", explicó Berner, quien añadió que la ley también considera una evaluación del cumplimiento de la normativa, la primera en tres años y luego cada cuatro años.