Estrella Bravo, denunció mediante redes sociales que la magistrada del Juzgado de Familia de Concepción, Liliana Acuña, le entregó la tuición de su hija a su ex pareja, tras considerar que la isla de Chiloé, donde ella reside, no cuenta con las comodidades y avances necesarios para que la niña se desarrolle apropiadamente.

El fallo generó fuertes críticas en la zona, que llevaron a Bravo a presentar un recurso en la Corte de Apelaciones penquista, que finalmente revirtió la medida.

La madre no puede dar declaraciones públicas sobre el tema, pero escribió en sus redes sociales "amigos, gracias al amor puesto en esta causa, gracias al cariño y las buenas energías de cada uno de ustedes, a la valentía y el apoyo que me trasmitieron y que hicieron que tomara la decisión de hacer pública esta tremenda injusticia. Debo comunicarles con una emoción hasta ahora desconocida que la pesadilla ha terminado y Amelia se queda en Chiloé".

Bravo dijo a radio Cooperativa que "firmamos un acuerdo de advenimiento entre el papá de Amelia y mi abogada en la ciudad de Concepción y eso significa que el demandante, el padre de mi hija, deja el juicio congelado o termina ahí y se acoge al régimen de visita que teníamos antes de iniciar el juicio".

Discriminación

La población y autoridades de la isla calificaron la sentencia inicial como desinformada y cargada de prejuicios, dado que "se ha mirado en menos lo que es este hermoso Archipiélago de Chiloé", señaló a SoyChiloé el jefe comunal, Carlos Gómez, tras conocer que los argumentos de la jueza penquista estaban basados en su escasa conectividad, porque los habitantes del archipiélago se trasladan en barcaza hasta el continente, junto a la inexistencia de aeropuertos.

En prisión preventiva quedó ayer la mujer de 23 años identificada con las iniciales L. M. C. A.que el sábado, en el transcurso de una audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Temuco, le propinó un golpe a la altura de la espalda al fiscal Patricio Montecinos.

En la audiencia del sábado en que la mujer estaba siendo formalizada por hurto simple, un funcionario de Gendarmería intervino para controlar la situación, resultando también atacado por la mujer.

La jueza Marcia Castillo, acogió ayer la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público ydecretó la prisión preventiva. Además, prohibió difundir del nombre de la imputada quien presenta antecendentes por delitos como hurto simple, robo a supermercado, violencia familiar y agresión a menor.

Castillo determinó un plazo de 45 días para la investigación de hecho ocurrido luego de que Montecinos pidiera una pena de 541 días contra L. M. C. A.

El dictamen que fue leído ante un amplio contingente de seguridad, con al menos seis gendarmes.

Mayor seguridad

La Asociación de Fiscales pidió incrementar las medidas de seguridad durante las audiencias, "por lo menos entrada y salida segregada al resto del público. Creemos que no puede ser que los imputados y sus familiares ingresen por la misma vía que nosotros, estamos muy expuestos", dijo a radio Bío-Bío el representante de la institución por La Araucanía, Juan Pablo Salas.

"La situación que afectó ayer al colega, fue cuando la imputada abandonaba la sala, una vez que se había resuelto su situación, no puede ser que pase a escasos centímetros de dónde está el fiscal cumpliendo su función", explicó el abogado.

El fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, agregó que "no nos parece que estos hechos se repitan en el tiempo, es una materia que debe, y nos llama la atención, y estamos conformes en ese sentido con lo resuelto por la jueza de Garantía de Temuco al disponer la prisión preventiva".

Valeria Barahona

Una fuerte explosión se registró ayer en el centro de Quilpué, en la Región de Valparaíso, cuya onda expansiva dejó a tres personas internadas con riesgo vital debido a la gravedad de sus quemaduras. Además, el estallido acabó con tres casas y dañó otros siete inmuebles vecinos.

El Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota señaló que a partir del hecho, "ingresaron tres personas, dos adultos mayores y una menor de 15 años, con riesgo vital", a causa de importantes quemaduras en la "vía aérea, los cuales fueron reanimados y estabilizados por personal de la urgencia" del SAMU de la comuna.

Los adultos fueron indentificados como Eugenia Cid, de 63 años, y Carlos Guerrero, de 83.

Las tres personas "fueron derivadas a los hospitales donde teníamos cama UCI disponible, en este caso el Hospital de Quillota y el Hospital Fricke de Viña del Mar", informó el médico jefe del servicio, Jorge del Campo.

Hasta el lugar de la explosión concurrieron nueve ambulancias, informó SoyValparaíso, además de un centro prehospitalario para atender a los heridos, quienes después fueron derivados a centros de urgencia.

Querella

La senadora Lily Pérez, señaló que presentará una querella contra quienes resulten responsables de la explosión.

"Este hecho ocurrido es muy grave, porque es muy importante saber la responsabilidad que tiene la empresa constructora y la empresa de la instalación de gas, por ello estoy poniendo una querella contra quienes resulten responsables", dijo.

La medida, anunció Pérez, tendrá en cuenta "el daño físico y material que han sufrido las víctimas de nuestra comuna de Quilpué, porque es inaceptable, este es un barrio nuevo, que tenía dos años recién de antigüedad, una zona residencial que ha afectado no solamente la cuadra donde quedaron destruidas estas viviendas, si no que provocó gran temor en todos aquellos que viven a su alrededor", dijo la parlamentaria.

Acumulación de gas

El capitán de Carabineros de Quilpué, Patricio Gómez, explicó a radio Cooperativa que "según información que mantenemos de las personas ocupantes del condominio, habría sido la casa número uno la que quedó destruida en su totalidad por un tipo de acumulación de gas", en el centro de la comuna.

La empresa Abastible ejecutó el trabajo técnico en el lugar, dado que el cilindro que habría provocado la explosión pertenecería a la compañía. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles indicó de modo preliminar que el hecho fue producido por la conexión entre la bombonera y las casas.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó la detención de once nuevos implicados en el millonario fraude en Carabineros, grupo que incluye a ex uniformados y civiles.

Los presuntos implicados fueron trasladados a la 33a Comisaría de Ñuñoa, mismo lugar donde fueron recluidos los anteriores formalizados por el desfalco que ya suma alrededor de $17 mil millones, con la posibilidad de aumentar.

Detenidos

Las órdenes de captura consideran a los coroneles (r) Carlos Cárcamo Bravo, Francisco Reyes Momberg, Renato Sarabia Lagreze, Arnoldo Rivero Gerdes y Fernando Perez Barría.

También están en la lista los mayores (r) Diego Valdés Bustamante y Randy Maldonado Gutierrez, además del ex CPR Eduardo Pardo Muñoz.

A los ex uniformados se sumaron los civiles Mario Figueroa Ramos, María Rojas Torres y Boris Valenzuela Aravena.

Las detenciones fueron lideradas por un equipo del OS-7 de Carabineros y se espera que estas personas pasen a control de detención durante la jornada de hoy.

La solicitud fue ingresada por el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien lleva la causa.