Un total de 38 universidades chilenas se encuentran adscritas actualmente al Sistema Único de Admisión, que utiliza el puntaje obtenido en la Prueba de Selección Universitaria (PSU), Notas de Enseñanza Media (Nem) y Ranking para determinar el ingreso de estudiantes. El último plantel el ingresar a dicho sistema fue la Universidad San Sebastián, la que formará parte del proceso de admisión 2018.

La sede Valdivia de la USS tiene actualmente 3.500 estudiantes, de los cuales 3.150 son alumnos de pregrado, 100 del Programa Advance y 250 de postgrado. El promedio PSU de los alumnos ha ido en aumento, en 2014 fue de 530; en 2015 de 535; en 2016 de 540 y este año de 541.

Situación universitaria

¿Por qué ingresaron este año al Sistema Único de Admisión y qué significado tiene?

-Hace cuatro años que estábamos planteando nuestro ingreso al sistema. Hay dos aspectos dentro del sistema que son importantes: primero la difusión, porque todas las universidades que están en el sistema tienen su información disponible para los estudiantes en los sitios web, en material físico que se envía a todos los colegios del país, sus orientadores y profesores. Una segunda ventaja es que es un sistema conocido para los estudiantes, lo manejan, conocen los puntajes de corte, los cupos que hay, la movilidad de lista de espera, entre otros aspectos.

En la rendición de la cuenta pública presidencial, Michelle Bachelet anunció que la gratuidad en 2018 alcanzará el 60%. ¿Qué opina?, ¿cree que se puede lograr considerando la situación económica del país?

-No es sorpresa. La Presidenta en su primer anuncio respecto a la gratuidad, hizo referencia al beneficio para el 60%, su primer comentario tuvo que ver con el 60% para los estudiantes de universidades estatales y luego de eso se amplió a universidades del Consejo de Rectores, por presiones que hubo de las otras universidades. El comienzo del tema es el 60%, cuando se amplió el primer año y antes que partiera se bajó de 60% al 50%, por lo tanto el 60% siempre estuvo presente desde el inicio del gobierno. La economía en general está paralizada, yo entiendo a las autoridades económicas porque me tocó serlo, entiendo que tienen que tener una posición de generar optimismo y expectativas positivas, pero no se ve mucho por dónde va a mejorar, porque la confianza de los actores económicos es muy baja. Necesariamente y como raya para la suma, el problema que hay con la gratuidad es la forma en la que se hacen las transferencias desde el gobierno hacia las universidades, porque significa que las universidades reciben menos recursos y la universidad está cofinanciada junto al gobierno, lo que necesariamente repercute en menor calidad.

¿Por qué como USS no ingresaron a la gratuidad?

-No estamos, porque creemos que no podemos dañar en forma significativa la calidad y los recursos para el desarrollo académico que tendríamos que hacer si entráramos a la gratuidad, porque tendríamos una disminución muy significativa.

¿Qué le parece el proyecto de Ley que busca clasificar a las universidades en el nuevo sistema de acreditación?

-Es una cuestión ideológica imposible de demostrar, más bien la demostración se puede hacer por el otro lado. La sensación que existe hoy es que el Estado debiera cumplir de forma más adecuada y fuerte su rol regulador y fiscalizador en muchos aspectos y liberar recursos de su rol de productor. Cuando una economía está muy sesgada hacia instituciones estatales, que las maneje la comunidad, finalmente terminan siendo del Estado. El proyecto que clasifica de esa forma refleja la constante que está en general en el pensamiento de todo el proyecto de ley de la reforma, que es un proyecto muy institucionalista, muy preocupado de las instituciones, de fiscalización, regulación, donde se crean dos instituciones nuevas en el proyecto.

¿Cuáles son las limitantes de la glosa que fija el aumento máximo de matrícula en 2,7%?

-Tiene que ver con el modelo general. Si una parte muy importante de los ingresos proviene del Estado, cualquier persona e independiente del gobierno, tiene que fijar límites, como cuál es el total de recursos posible de gastar en las universidades, porque no es posible que sea un barril sin fondo. Eso significa fijar la cantidad de dinero que se le paga a la universidad por cada estudiante, que es el arancel regulado y el número de estudiantes por los cuales va a pagar. Si cualquiera de esos dos aspectos los deja libre, el monto se va ir a cualquier parte. El problema es que forma parte indisoluble del modelo de financiamiento y que el Estado fije el precio y la cantidad, en este caso el arancel y el número de estudiantes.

¿Cuáles son las principales diferencias que se evidencian en el Cruch?

-Las fracturas existen y se han agudizado en los últimos años, porque en general y desafortunadamente, una parte importante del tiempo las autoridades universitarias hemos estado dedicadas a mirar el financiamiento, la admisión. Son muy escasas las ocasiones en las que hay debates sobre qué va a pasar en 10 años más y cuál es el modelo que se va a seguir. Se piensa en marzo, en los recursos y la gratuidad. Eso empobrece el desarrollo de las instituciones.