La Fiscalía pidió ayer una condena de tres años y un día de prisión para los nueve bolivianos detenidos hace 93 días en la Región de Tarapacá por el supuesto asalto y robo de un camión. El fiscal Hardy Torres solicitó la pena por el delito de porte ilegal de arma de fuego y robo con violencia, además del pago de una multa de $ 32 millones por contrabando.

Por más de cuatro horas se extendió la primera parte de este juicio abreviado, que pretende dar una solución a los dos militares y siete funcionarios aduaneros que, desde el 19 de marzo pasado, se encuentran en prisión preventiva.

En vista de la cantidad de pruebas y antecedentes disponibles, la jueza decidió continuar con la audiencia a las 14 horas de hoy. Ahí se determinará si expulsar o no a los acusados del país.

La disputa

Este conflicto, desencadenado por el arresto de los ciudadanos bolivianos en zona fronteriza por Carabineros, mantiene en tensión a las autoridades de ambos países.

El fiscal Torres explicó que la Fiscalía no se opone a las penas sustitutivas, como la probable expulsión. "Toda la argumentación de la defensa se basa en que ellos estaban realizando una actividad en el cumplimiento de un deber. Eso es lo que de verdad estamos discutiendo y lo que no tienen las defensas y no han podido entregar al tribunal y no lo van a poder hacer porque no existe, es una norma legal chilena que autorice ese cumplimiento del deber", sostuvo.

La defensa

Por su parte, el defensor de los detenidos, Claudio Vila, rechazó que tuviesen conocimiento de haber traspasado la frontera al momento de los hechos. "Han encuadrado sus dichos en el supuesto conocimiento que tenían del hecho de haber traspasado fronteras. Se nota que ni siquiera leyeron atentamente las declaraciones de los nueve imputados en esta causa, en ninguna parte de la carpeta investigativa, y particularmente de las declaraciones de los nueve imputados, se ha dicho que ha habido reconocimiento de traspaso de fronteras", aseveró Claudio Vila.

Disputa de alto nivel

Este proceso judicial abreviado fue convenido entre las partes y supone un acuerdo entre los imputados y el Ministerio Público, por el cual el primero acepta las acusaciones y el segundo se compromete a otorgar una pena que no exceda los cinco años, la que puede cumplirse sin ir a prisión.

El Presidente boliviano, Evo Morales, exhortó ayer a La Moneda a cumplir los principios de "bilateralidad y reciprocidad", a tres meses de esta "gran injusticia", dijo.

Por su parte, el canciller Heraldo Muñoz aseguró que "Chile no acepta que se ventile en la OEA una situación judicial interna", en respuesta a las declaraciones de su homólogo boliviano, Fernando Huanacuni, quien dijo que la detención de sus compatriotas es "injusta y arbitraria" y demandó su "inmediata liberación".

Pese a que la Comisión de Constitución del Senado discutiría esta semana hasta completar el despacho del proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales, las dificultades para llegar a un acuerdo en la regulación de la causal de violación y la objeción de conciencia asoman como una las principales dificultades en el envío de la propuesta a la Sala.

Debido a las diferencias que subsisten en los senadores de la Nueva Mayoría, la propuesta podría postergar su despacho hasta la primera semana de julio, ya que luego de la sesión de hoy viene la semana regional, en la que varios parlamentarios tienen actividades agendadas en las zonas que representan.

El senador (Ind.) Pedro Araya repuso ayer varias indicaciones para, según él, mejorar su redacción en el texto del proyecto y defendió la extensión de la discusión de una de las iniciativas más anheladas por La Moneda.

"Una de ellas es para señalar en la segunda causal, cuando existe inviabilidad fetal, en el caso de que el feto no tenga compatibilidad con la vida extra uterina. Planteamos que existan dos diagnósticos de médicos especialistas, con el objeto de evitar psibles errores de diagnóstico".

"Siempre hemos señalado que este proyecto deberá discutirse en la comisión todo el tiempo que sea necesario, porque son temas sensibles los que hay que zanjar, respecto de los cuales la sociedad chilena en su conjunto no tiene acuerdo", agregó el senador por Antofagasta.

Punto pendiente

En torno a las discusiones respecto de cómo implementar la objeción de conciencia, Araya agregó que "legítimamente, profesionales médicos no quieren participar en este tipo de intervenciones por una convicción moral, política, filosófica o religiosa. En base a eso tenemos que darle una salida en el ordenamiento jurídico para que puedan ejercer este derecho, así como también se lo estamos entregando a las mujeres para llevar a término un embarazo en el caso de las tres causales".

Sobre los tiempos de la tramitación, Araya añadió que "creo que va a llegar hasta julio, porque no hemos entrado en la segunda parte más compleja del proyecto, que es la objeción de conciencia".

El avance

Los senadores aprobaron ayer por completo el programa de acompañamiento propuesto por el Ejecutivo. "Lamentablemene, no hemos podido avanzar en la defensa de la vida del que está por nacer. El programa de acompañamiento quedó muy circunscrito solo para acompañar a una madre que tiene problemas referidos a estas tres causales. Pero una mujer que quiere tener su hijo, pero que está en situación de pobreza, no va a poder recibir ayuda", explicó el senador Hernán Larraín (UDI).

"Este proyecto deberá discutirse en la comisión todo el tiempo que sea necesario, porque son temas sensibles".

Pedro Araya, Senador independiente"

"El programa de acompañamiento quedó muy circunscrito solo para acompañar a una madre en tres causales."

Hernán Larraín, Senador UDI"