La Cámara de Diputados aprobó este lunes pasado el proyecto de ley sobre Educación Superior, por medio del cual la gratuidad llegará al 6 decil de las familias más vulnerables en 2018, y además en dicho texto se consagra la gratuidad como un derecho universal con la condición de que el país cuente con los recursos para su financiamiento. Esto, que para muchos resulta ser una excelente noticia, contiene una variable que atenta de manera directa con las posibilidades que tienen los jóvenes para ejercer este derecho.
Según datos del Mineduc la matrícula en educación superior alcanzó en 2016 a 1.178.437 alumnos. De ese esa cantidad, 865.582 estudiantes han elegido una institución privada.
Frente a esta realidad, surgen interrogantes respecto a lo que ocurrirá con aquellos alumnos que, teniendo derecho a la gratuidad, se verán impedidos ejercerla por razones tan variadas como que en su territorio no existan instituciones adscritas a la gratuidad, no esté la carrera elegida en el plantel seleccionable o simplemente no tengan cupos. En este sentido, resulta un tanto contradictorio que este derecho que tienen los estudiantes para acceder a la gratuidad se encontrará con la limitación de que no podrán elegir la carrera, institución, y el territorio en que ellos quieran estudiar, y en muchos casos el sueño de la educación superior puede terminar en una frustración.
Ante esta realidad que se nos puede presentar, no debiésemos dejar de lado la actual institucionalidad con que se cuenta en educación superior, en la cual encontramos planteles educacionales privados validados en su calidad por las acreditaciones que se entregan a través de la Comisión Nacional de Acreditación, con una amplia oferta académica distribuida en todo nuestro país, capaces de atender la demanda de miles de jóvenes que cada año depositan su futuro en el logro de un título técnico o profesional.
Esperemos que en lo que continúa la tramitación de este proyecto de ley, se incorporen a la discusión estas variables que en lo inmediato afectan a los jóvenes y sus familias, y que a largo plazo pueden también repercutir en el desarrollo de las regiones, debido a que las instituciones no adscritas a la gratuidad se verán presionadas a reformular sus proyectos educativos, dejando de jugar el rol positivo que asumen en la actualidad en los distintos territorios.
Rectora de Santo Tomás Valdivia
Laura Bertolotto Navarrete