Los representantes de cinco comunidades mapuches de Mariquina firmaron un acuerdo por $750 millones con la empresa Arauco, que permitirá financiar un plan de desarrollo comunitario y establecer "un mecanismo de trabajo para la gestión directa y participativa que permita abordar los impactos locales (ambientales, sociales y económicos) y también las oportunidades asociadas a la actividad forestal desarrolladas por entidades relacionadas a Celulosa Arauco", según se indica en el documento.

Para la entrada en vigencia de dicho acuerdo, se estableció que las comunidades Tralcao Mapu, Rucahue Inaleufu, Pu Runge, Antumapu y Nehuén Pu Peñi se desistieran de continuar con el recurso que a través de la Corte Suprema buscaba invalidar la sentencia definitiva dictada el 3 de marzo de 2017 por el Tercer Tribunal Ambiental, la que rechazó la reclamación que aquellas presentaron para que se ordenara que el proyecto de pulpa textil de Arauco fuera ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental, a través de un estudio de impacto ambiental.

Detalles del convenio

El abogado que representa a las comunidades indígenas ribereñas del río Cruces, Felipe Guerra, sostuvo que el acuerdo "es consecuencia de la evaluación negligente que hicieron de este proyecto la Comisión Evaluadora y el Servicio de Evaluación Ambiental, los que se negaron a garantizar un proceso de participación ciudadana y el derecho a la consulta a las comunidades aledañas a la planta".

Detalló que el documento contempla el diseño de un plan de desarrollo "acordado e implementado por las comunidades aledañas a la planta. En este punto, el acuerdo permitirá resarcir a las comunidades mapuches que quedaron fuera del proceso de reparación de la sentencia que condenó a Arauco por el desastre ambiental en el humedal del río Cruces, y que son quienes han debido convivir cotidianamente y hace más de 13 años con la operación de la planta de celulosa".

Añadió que el segundo compromiso es la implementación de un mecanismo para la "gestión directa de los impactos ambientales, sociales y culturales que la planta está generando sobre las comunidades y su territorio. Esto permitirá un monitoreo social y comunitario del proceso productivo por parte de las comunidades que han sido directamente afectadas".

Acuerdo voluntario

Saliendo al paso de las declaraciones que dijo haber conocido a través de las redes sociales, el presidente de la comunidad Rucahue Inaleufu, Cristian Astudillo Coñonahuel, aseguró que "accedimos voluntariamente a firmar este acuerdo, puesto que en todas las instancias a través de las cuales pedimos paralizar el proyecto de pulpa textil y se consultara a las comunidades, se nos cerraron las puertas y respecto a esto apuntamos a las instituciones del Estado. En la última instancia, que fue la Corte Suprema, vimos que el panorama era muy incierto y si ya antes nos habían rechazado nuestro cometido, ahora también podía ocurrir. Ante eso, preferimos dialogar directamente con Arauco".

Además de enfatizar que la suya fue una de las cinco agrupaciones "que nos atrevimos a demandar", Astudillo sostuvo que "el acuerdo no sólo nos beneficiará a las comunidades que judicializamos este asunto, sino también las restantes. Los $750 millones no irán a personas o entidades en particular, sino que permitirán el desarrollo territorial de la zona en torno a la planta de celulosa, lo que será posible cuando estemos constituidos y podamos formar una mesa de trabajo".

"Hay que tener la absoluta tranquilidad de que el proyecto de pulpa textil no impactará negativamente el medioambiente"

Juan Anzieta, Asuntos Públicos Arauco"

"Es un buen acuerdo para ellos y para nosotros"

Como "un buen acuerdo tanto para ellos como para la empresa" calificó el subgerente de Asuntos Públicos de Arauco Los Ríos, Juan Anzieta, el convenio suscrito por la firma forestal y las comunidades Tralcao Mapu, Rucahue Inaleufu, Pu Runge, Antumapu y Ne-huén Pu Peñi. "En el fondo, el acuerdo establece la posibilidad de que las propias comunidades busquen proyectos de desarrollo productivo comunitario, en base a sus propios intereses a través del prinicipio de la autodeterminación; generando una mirada de largo plazo, que es lo que a la empresa le importa", expresó.

Junto con señalar que la unión de voluntades "fue posible gracias a que establecimos un diálogo bien honesto y directo", el directivo de Arauco destacó que el acuerdo "está abierto a que otras comunidades puedan participar, lo que demuestra que nuestro interés no se entendiera sólo para unos pocos".

Respecto del desistimiento del recurso de casación por parte de las cinco comunidades, dijo que "lo peor que puede pasar en casos como éstos es la judicialización, lo que la empresa hace rato viene tratando de evitar".