Chile ha ratificado con aprobación unánime por parte del Senado, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, suscrito por todos los países integrantes de la OEA ( Organización de Estados Americanos), luego de un proceso de más de 4 años.
En su virtud, nuestro país se obliga, y asume como Estado, en sus políticas, planes y programas, el reconocimiento de los derechos de las personas mayores, identificando y visibilizando los problemas propios de su edad.
En Chile las personas mayores representan alrededor del 20% de la población total y la expectativa de vida del adulto mayor bordea los 80 años. Ante esa realidad, Se trata de establecer mecanismos específicos y eficaces para garantizar aspectos como su calidad de vida,bienestar social, seguridad económica y salud, entre otros.
La Convención Interamericana es un compromiso del Estado chileno que debe influir en las decisiones públicas y en la asignación de recursos en los planos familiares, comunales, nacionales e internacionales, contribuyendo concretamente a la inclusión total, integración y participación de los adultos mayores, en nuestra sociedad.
El texto de la Convención contiene 7 capitulos que contienen 41 artículos y 26 derechos expresamente reconocidos. Entre ellos: el derecho a la igualdad y no discriminación, a la vida y dignidad en la vejez, el derecho a la seguridad y a una vida sin violencia, el derecho a la libertad personal, a la privacidad e intimidad. Así también los derechos al trabajo, a la salud, a la propiedad, a la vivienda y la cultura.
El cumplimiento de los fines de esta Convención se obtiene, particularmente, a través de 3 mecanismos : Mediante la Conferencia de los Estados parte, o sea, los ratificadores del Convenio, y que constituye el mecanismo principal de seguimiento del cumplimiento de los compromisos adquiridos por los respectivos Estados
También a través del Comité de Expertos designados por cada uno de los Estados firmantes, y además por un sistema de peticiones individuales que permite que cualquier persona o grupo de personas denuncie violación de alguno de sus derechos.
Juan Carlos Tobar
Abogado, Mg. en Derecho