Correo
Digno de Ripley
El presidente subrogante de la DC, el hermano menor de la familia Walker, apareció en TV dándole un gran abrazo de apoyo a José Miguel Insulza (PS), felicitándolo por su candidatura a senador por Arica y Parinacota. Lo increíble del caso, por decirlo de manera suave, es que la DC lleva su propia candidata al cargo de senadora por Arica y Parinacota, la señora Trinidad Parra. ¿Será que sólo se está cumpliendo con la formalidad de inscribir mujeres para cumpli con la ley de cuotas?
Mauricio Pilleux Dresdner mpilleux@telsur.cl
Dichos de Fiscal Nacional
Luego de conocidos los hechos sobre la quema de 29 camiones en la comuna de San José de la Mariquina, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, Jorge Abott, ha señalado que "Pienso que los empresarios tienen una responsabilidad importante en la custodia de sus bienes".
Si bien es cierto todos los privados -empresas y personas- deben tomar precauciones generales sobre seguridad, tampoco puede inducirse a los individuos a vivir con un temor constante, ni a la protección de las empresas a través de la militarización de sus predios. El desarrollo de actividades cotidianas o la explotación de un giro, respectivamente, tienen que estar siempre amparadas por el régimen de Estado de Derecho que ha de regir en el país. Las atribuciones que tienen las instituciones del Estado en materia de seguridad ciudadana para la conservación del orden público son de ejercicio exclusivo y excluyente por parte del mismo Estado, y estas funciones no pueden ser delegadas en los particulares. La promoción y protección de los derechos fundamentales de las personas es responsabilidad, principalmente, del Estado, el que a su vez es el primer garante de su fiel cumplimiento.
Pensar lo contrario sería abrir las puertas a múltiples conductas que generarían perniciosas consecuencias: adquisición de armas para la defensa propia, autotutela como modo de resolver conflictos, descrédito en instituciones fundamentales para la vida en sociedad, como los tribunales de justicia imparciales e independientes, entre tantas otras posible de imaginar.
Leopoldo Ramírez Alarcón Coord. Nac.Facultad Derecho UST
Incendio de camiones
Siempre vimos lejano los constantes ataques incendiarios que ocurrían en las regiones de la Araucanía y Bío Bío, pero hoy han llegado hasta nuestra región y debemos abordar el problema.
Lo primero es que el Estado reconozca que es un problema real, complejo y grave, y que no lo minimice o relativice cada vez que ocurre. Se debe crear una política que busque atacar los delitos de carácter terrorista, y que no sean considerados como un delito más.
Asimismo asumir que este problema no tiene una solución única, es un problema multicausal y se le debe buscar una solución integral, no la simple entrega de tierras.
Felipe Mansilla Pérez Candidato a Core Prov. Ranco
Top 1 de lo malo
Hoy, el Servicio de Salud de Los Ríos es el que tiene más pacientes en espera de cirugía por cada mil habitantes en Chile, lo que a mi juicio es realmente una vergüenza, y una es prueba más del abandono de responsabilidades en que vienen cayendo hace tiempo las autoridades regionales de la salud a cargo.
Según el Repositorio Nacional del Minsal y a un informe del mismo organismo, el Servicio de Salud Valdivia ocupa el primer lugar entre las direcciones regionales con mayor porcentaje de pacientes en lista de espera por algún tipo de cirugía, con un 54,78% por cada mil habitantes.
Es penoso que una vez más la salud de Valdivia aparezca liderando el ranking de lo peor de lo peor en nuestro país. Estar en el quinto lugar de las regiones con más pacientes en espera, con casos que se arrastran incluso desde 2011, o ser el Top 1 en peor resolución de cirugía por cada mil habitantes, es una prueba más de la mala conducción que hemos tenido que sufrir por la irresponsabilidad de la autoridad regional de salud.
Bernardo Berger Fett Diputado
Orden público y autotutela
El Estado tiene la obligación esencial e irrenunciable de preservar el orden público. Si no tuviera dicha obligación, si cada individuo o grupo de ellos pudiera, a su arbitrio, provocar disturbios, ejercer violencia o presiones sobre las personas o la colectividad, el Estado no existiría, ni habría siquiera sociedad civilizada.
El orden público es fundamental para acometer los fines propuestos por las personas, por los grupos intermedios y por el propio Estado. Sobre él descansan todas las actividades y empresas que se proyecten. La mantención del orden público requiere muchas veces -imperiosa e inevitablemente- usar la violencia física legítima, cuyo monopolio está en manos del Estado.
Si el Estado no ejerce su poder coercitivo para imponer el orden público, obliga a los ciudadanos a ejercer la autotutela.
Adolfo Paúl Latorre Abogado adolfopaul@vtr.net