Un centenar de personas se manifestó ayer contra la posibilidad de cierre de Punta Peuco, recinto penitenciario donde ex militares cumplen condenas por delitos contra los derechos humanos, durante el régimen de Augusto Pinochet.

La protesta fue motivada por "la serie de injusticias y arbitrariedades" que afectan a los procesados, señaló un comunicado entregado por el coordinador de la actividad, Armando Abarzúa.

En algunas de las pancartas se podía leer "Chile traiciona a sus militares", "Libertad a ex uniformados presos" y "(Juez) Carroza, justicia no es venganza".

La manifestación terminó sin incidentes, pese a que el grupo de personas interrumpió en varias oportunidades el paso de los vehículos, sin que Carabineros interviniera.

"cinco estrellas"

La cárcel de Punta Peuco es el único recinto que acoge exclusivamente a procesados por derechos humanos, a causa de delitos cometidos entre 1973 y 1990.

El cierre del recinto, considerado por las víctimas una "cárcel cinco estrellas" por las comodidades que tienen los reclusos, fue uno de los compromisos de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet, que reafirmó el pasado 6 de julio en una entrevista televisiva.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, dijo que los uniformados involucrados en estos delitos deben ir "a una cárcel común". Además, la personera mostró su preocupación sobre la acogida, por parte de los tribunales, de recursos en defensa de los condenados por estos hechos.

El ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, se refirió a la polémica al interior del Gobierno desatada por el rechazo al proyecto minero-portuario Dominga, en la Región de Coquimbo, que provocó la salida de los ministros de Hacienda (Rodrigo Valdés) y Economía (Luis Céspedes), quienes se mostraron públicamente en contra de la decisión. "Yo creo que el capítulo ha sido cerrado", dijo ayer el responsable de la cartera.

"Lo que hizo la institucionalidad ambiental fue fallar en virtud de sus atribuciones y no hay nada más que agregar", afirmó.

Consultado sobre si vio la salida de los ministros Valdés y Céspedes como un voto de confianza entre la Mandataria y él, el secretario de Gobierno indicó que "todos los ministros de Estado son respaldados por la Presidenta cuando son ministros de Estado y, por lo tanto, seguimos trabajando como nos ha mandatado la Presidenta".

"La salida o no de un ministro es por su renuncia o por petición expresa de la Mandataria", aseguró Mena.

Cambio de gabinete

La ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, de igual forma dio por finalizado el tema de Dominga y el posterior cambio de gabinete en que terminó, cuando el jueves renunció el responsable de Hacienda, Rodrigo Valdés, junto a su par de Economía, Luis Céspedes.

"Lo importante es enfrentar las situaciones: la Presidenta ha nombrado a dos personas de reconocida trayectoria y lo que hemos hechos es darle continuidad a los proyectos de Gobierno", dijo la autoridad.

En Hacienda fue nombrado como titular Nicolás Eyzaguirre; y en Economía, Jorge Rodríguez Grossi.

El abanderado presidencial por Chile Vamos, Sebastián Piñera, dijo ayer que la situación "refleja los niveles de división, conflicto, desorden y confusión que estamos observando en el Gobierno son una muestra de falta de liderazgo y falta de compromiso", dijo a El Mercurio.

El ex Presidente señaló en la misma entrevista que la salida del equipo económico de La Moneda "es muy grave, porque la buena política macroeconómica no es para que el ministro de Hacienda se sienta contento: es el pilar que permite que toda la sociedad se pueda desarrollar".

Narváez respondió que estos comentarios "corresponden a intereses electorales, sobre todo de la oposición (...) es un capítulo que ya está cerrado y estamos concentrados en nuestro trabajo".

Redacción

El portavoz de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, dijo ayer que el conflicto mapuche en regiones del sur del país "se va a mantener", a raíz de las disputas de tierras ancestrales con el Estado.

"El conflicto se va a mantener. El conflicto mapuche contra el Estado capitalista y contra el sistema de propiedad usurpador que depredan nuestros territorios, ese es el sentido del conflicto", afirmó Llaitul a radio Cooperativa.

"De partida, la postura oficial no asume el conflicto mapuche en el sentido de entender cuáles son los trasfondos de por qué se producen los hechos de violencia", agregó el dirigente.

Camiones incendiados

Un total de 29 camiones de la empresa Sotraser fueron incendiados esta semana, en un predio de la comuna de San José de La Mariquina, en la Región de Los Ríos.

Llaitul aclaró que su agrupación no tiene participación en el atentado, pese a haber sido sindicado en atentados incendiarios anteriores.

La acción fue reivindicada por el grupo Weichan Auka Mapu, compuesto por disidentes de la CAM, quienes, desde 2014, se han adjudicado cerca de 40 atentados, de acuerdo a El Mercurio.

Sin embargo, el portavoz de la CAM señaló que estos actos son en respuesta "a lo que el Estado ha pregonado".

Ley antiterrorista

"Violencia y criminalización contra el pueblo y la nación mapuche", subrayó Llaitul, agregando que La Moneda ha tenido "reacciones erróneas" en el manejo del conflicto, como invocar la Ley Antiterrorista el mismo día del atentado, por considerarlo "una situación grave" que cumplía con todos los requisitos para procesar a los involucrados en los hechos.

En respuesta a ello, la ministra vocera, Paula Narváez, afirmó ayer que "como Gobierno hemos sido claros en esto: no es la violencia la manera de resolver los problemas, no lo ha sido nunca y no lo va ser. Este Gobierno jamás va a suscribir un mecanismo que reivindique la violencia".

"Estamos por el diálogo, estamos porque Chile, frente a esto, se una y pueda dialogar al más alto nivel con todas las comunidades, con todos los actores que están involucrados en los territorios para soluciones que sean sostenibles en el tiempo", sostuvo Narváez.

"Ese ha sido el espíritu de trabajo del Gobierno de la Presidenta Bachelet en lo que se refiere a la violencia en la zona de La Araucanía y, por lo tanto, seguiremos por ese camino y rechazando toda forma de violencia", concluyó la secretaria de Estado.

"causa justa"

Tirúa, en la Región del Biobío, es otra de las comunas que se debate entre el conflicto mapuche, razón por la que su alcalde, Adolfo Millabur, señaló que sus "esfuerzos han sido siempre poder valorar los temas de fondo, dar cuenta de los temas de fondo, son hechos de la causa los incidentes que suceden, pero yo creo que no pueden empañar la causa noble y justa del pueblo mapuche. (...) Nuestro entendimiento es que una nueva forma de entender la democracia, más plural, donde haya reconocimiento de las distintas nacionalidades que existen a nivel del país".