Matías Jullian Velásquez

Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), anunció ayer que, en caso de que el Gobierno no acoja el petitorio con medidas para darle fin a los ataques incendiarios en la zona sur del país, que sólo en el último mes dejaron 47 camiones quemados, el paro anunciado para mañana se hará efectivo y de manera indefinida.

El líder gremial dijo que no han tenido acercamientos con las autoridades en los últimos días pero insistió en que aún queda tiempo para negociar y evitar la paralización, que comenzará a las 12:00 de mañana. "Este presidente avisará a partir del mediodía a las bases y los camiones en ruta se detendrán en la berma hasta que se informe a las bases que el petitorio se cumple y se levanta la movilización", aseguró.

Pérez, eso sí, aclaró que el paro no incluirá cortes de caminos. Por lo mismo, llamó a sus representados a mantener "la normalidad del tránsito y pedimos a los colegas que adhieren que por ningun motivo cortemos carreteras. Esta es una movilización ciudadana, democrática, con respeto a todos los chilenos".

Se estima que un total de 60 mil camiones se paralizarán y el dirigente gremial aseguró que ya se reunieron con el general de Carabineros, Bruno Villalobos, para evitar eventuales bloqueos.

El petitorio

Entre las peticiones del gremio está crear una unidad de investigación y persecución penal compuesto por Carabineros, PDI y el Ministerio Público; designar un delegado presidencial, por tiempo indefinido, para enfrentar quemas de camiones en el sur; implementar vigilancia permanente y efectiva en aparcaderos de camiones y zonas de descanso; dar suma urgencia a la modificación de ley antiterrorista, entre otras.

"El Gobierno tiene la posibilidad y la herramienta de poner suma urgencia a este petitorio, de detener a los terroristas que nos han hecho tanto daño. El plazo lo tiene el Gobierno a contar desde el día que entregamos el petitorio, la movilización nuestra es una manifestación ciudadana, esperamos que el Gobierno resuelva este grave problema. Nosotros estamos disponibles para que hagamos algo concreto", agregó el dirigente.

No adhieren

A pesar del llamado de la CNTC, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) informó que no se sumará al paro porque considera que el movimiento está politizado. Esto porque Pérez es miembro del consejo ciudadano del candidato presidencial Sebastián Piñera y, además, algunos de los integrantes del gremio son candidatos de la oposición al Parlamento.

Con respecto a esta no adhesión de parte del CNDC, Pérez dijo que "cada dirigente es responsable de sus bases y sus actos. La nación conoce la voluntad de diálogo de esta organización". Además, insistió en que, si no hay respuesta del Ejecutivo, el paro es inminente.

El hijo del matrimonio Luchsinger Mackay, Jorge, declaró ayer en el Tribunal Oral de Temuco en calidad de testigo en el marco del juicio oral contra 11 comuneros por la muerte de sus padres, hecho ocurrido el 4 de enero de 2013.

En la audiencia, Luchsinger recordó lo ocurrido aquella noche y el llamado telefónico que recibió de su madre, Vivian, indicando que "obviamente esa noche estábamos buscándolos, pensando en que estaban vivos, estuvimos toda la noche en eso. Es conocido que no era el primer ataque incendiario, ese año ya había habido varios ataques".

"Fue una llamada dramática, que no permití que durara mucho tiempo, porque uno automáticamente sabía lo que estaba pasando en pocas palabras. Mi madre, por lo demás, dejó un testimonio con una llamada a Carabineros en el mismo tono, así que yo nada más me limité a intentar llegar lo más pronto posible a ayudarlos", agregó.

En la jornada de ayer también se exhibió el audio de la llamada de Vivian Luchsinger a la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco) durante esa madrugada.

Respuesta de la defensa

El abogado Rodrigo Román, de la Defensoría Popular y quien representa a tres de los once acusados, fue enfático en señalar que, a pesar de lo dramático del testimonio de Jorge Luchsinger, este no aporta en nada en cuanto a la búsqueda de los responsables del ataque.

"Lo importante para este juicio no es sólo establecer dichas circunstancias (de la noche del ataque), sino que establecer la participación que podrían tener nuestros representados. En ese respecto, el testimonio de Jorge Luchsinger nada aporta, razón por la cual hasta aquí se sigue sosteniendo nuestra tesis de que el camino de los acusados en este juicio va a ser la absolución", dijo.

Al igual que en los días previos, a las afueras del Tribunal Oral de Temuco llegaron un grupo de comuneros a prestar su apoyo a los imputados y no se produjeron desórdenes.

En diciembre del año pasado un terremoto de 7,6 Richter afectó a Chiloé. El recuerdo que queda en la retina es la carretera destruida, con grandes grietas y el Ministerio de Obras Públicas dando a conocer que quienes habían construido la nueva carretera eran los mismos que hicieron el puente Cau Cau, y así la polémica se trasladaba a las obras que había hecho Azvi en Chile y su pronta revisión. "No quepa duda que vamos a hacer la investigación, tal como lo hicimos en el puente Cau Cau donde la empresa está suspendida por el ministerio y no puede contratar durante dos años, que es la sanción que le impusimos. Si establecemos alguna responsabilidad, vamos a aplicar las sanciones", aseguraba entonces Alberto Undurraga.

Ocho meses después, el informe solicitado por el MOP, exculpa a la empresa de responsabilidades: "No se han encontrado evidencias respecto a que la ejecución de terraplenes y capas estructurales de los tramos dañados se hubieran ejecutado en forma negligente", señala el documento. Sin embargo, estos antecedentes eran conocidos por el ministerio antes del terremoto, ya que la ruta presentaba "algunos desplazamientos", según señala un oficio enviado el 12 de diciembre de 2016- 13 días antes del terremoto- por el inspector fiscal de la obra, Percy Ojeda, a la comisión de recepción de la obra. Este mismo oficio señala que "los desplazamientos no son atribuibles al contratista".

Tal como consigna el diario La Segunda, desde la empresa Azvi indicaron que "así como el Cau Cau resistió 195 toneladas en la reciente prueba de carga, este informe del MOP demuestra que la empresa no tuvo ninguna responsabilidad en el colapso de este tramo. El ministro debe tener más cuidado antes de realizar acusaciones temerarias respecto de obras bien hechas".

Desde el Mop, en tanto, aseguraron que "una vez más la empresa Azvi intenta mezclar asuntos completamente distintos. La empresa cometió graves errores constructivos en el Cau Cau. Sobre el terraplén que cedió en Chiloé, el informe corrobora que el MOP actúa con independencia y antecedentes técnicos".

El 21 de agosto, Michelle Bachelet firmó el proyecto que busca modernizar la Ley de Migraciones en Chile, enfocándose en cuatro grandes áreas: no discriminación, el libre tránsito, la migración segura y normas internas de regulación migratoria. Y ayer la anunciada iniciativa empezó a ser tramitada en el Congreso, específicamente en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados.

Para avanzar en esos temas, la nueva ley propone, entre otras medidas, crear un Registro Nacional de Extranjeros, que será administrado por la Subsecretaría del Interior; la prohibición de ingreso para quienes tengan condenas o investigaciones por delitos, y equiparar los derechos a la salud, educación y trabajo a los que llegan a vivir a Chile.

Por otro lado, el Ministro del Interior, Mario Fernández, afrontará hoy una interpelación de parte de legisladores de Chile Vamos por esta misma materia. La diputada Paulina Núñez (RN), quien participará en la interrogación, dijo que "por la irresponsabilidad del Gobierno, no sólo no tenemos ley, sino que estamos a foja cero con un proyecto que, si no hubiera sido por esta interpelación, no hubiese resultado y he escuchado, incluso, a diputados oficialistas que han dicho que esta interpelación podría ser inútil".