Dos de los ocho comuneros formalizados ayer en Temuco ingresaron a la cárcel de Valdivia
PROCESO. Los detenidos el sábado fueron acusados por asociación ilícita de carácter terrorista, en función de su presunta responsabilidad en varios ataques en la macrozona sur, que incluye las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Ríos.
Dos de los ocho comuneros formalizados en el Juzgado de Garantía de Temuco, por actos terroristas que incluyen quema de camiones, maquinaria forestal e iglesias evangélicas y católicas, ingresaron ayer a las 17.45 horas al Complejo Penitenciario de Llancahue en Valdivia, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, a cargo de Gendarmería y Carabineros.
Y si bien el mismo tribunal decretó prohibición de informar las identidades de los sujetos, se sabe que se trata de un machi (autoridad ancestral) y un dirigente estudiantil, cuyos nombres están en conocimiento de las organizaciones mapuches en Los Ríos, las que anunciaron que acudirían a exigir en las próximas horas, a las autoridades penitenciarias, un trato especial para ambos detenidos.
La audiencia
En cuanto a la formalización, la totalidad de los detenidos de forma simultánea en la jornada sabatina, quedó en prisión preventiva tras ser acusados por la Fiscalía de Alta Complejidad como autores del delito de asociación ilícita para cometer atentados como el incendio en carácter de terrorista perpetrado contra la empresa de Transportes Calafquén, registrado el 19 de agosto y que destruyó 18 camiones.
En la audiencia efectuada en la Sala 1B del Juzgado de Garantía de Temuco, que presidió la magistrada Luz Mónica Arancibia Mena, el fiscal César Schibar relató que los ocho imputados conformaron una organización que actuó entre marzo y septiembre de este año llevando a cabo los ataques contra la empresa de transportes Cavalieri, el 12 de marzo; contra Transportes Calafquén, el 19 de agosto y contra la Forestal Mininco, en el Fundo La Envidia, el 4 de septiembre; revelando que, además, uno de los objetivos de la agrupación era lograr la quema de 100 camiones en el transcurso de 2017.
Dentro de la planificación, comentó el fiscal Schibar, se encontraba un futuro ataque a la empresa de transportes Riquelme Correa, el que estaba proyectado para la víspera de la lectura de sentencia del juicio por el caso Luchsinger Mackay.
Según indicó el persecutor, la organización es dirigida por el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) H.J.Ll.C. quien sería el encargado de dar órdenes a los mandos medios de la agrupación para cometer los atentados. Asimismo se le sindicó como el financista de la agrupación y el encargado de reunir armas y municiones.
La investigación del Ministerio Público además consignó que su hijo, E.L.Ll.P. era uno de los coordinadores de los ataques y que también entregaba apoyo para la distribución de armas y municiones.
Organigrama
Según explicó el fiscal Schibar, la organización tenía roles jerarquizados y definidos, donde además se encontraban tres hermanos (J.E.H.C, J.A.H.C y R.N.H.C) dedicados a verificar los lugares donde se ejecutarían los ataques y reclutando personas para la comisión de los delitos, todo ello bajo las indicaciones dadas por el líder.
Uno de los detenidos, en tanto, C.A.L.R. estaría encargado de cooperar con la distribución de armas.
Schibar precisó que otros dos de los comuneros imputados (F.L.T.N y M.D.C.C) actuaron en la organización delictual como mandos medios con la tarea de dirigir y ejecutar los ataques incendiarios en la región de La Araucanía.
El último de los imputados, D.E.C.A. tendría contacto telefónico constante con el líder de la agrupación, sugiriendo acciones a seguir.
Pruebas
Según indicó el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, las detenciones y se produjeron "en virtud de una serie de antecedentes que son obtenidos por Carabineros bajo el estatuto de la Ley de Inteligencia, los cuales fueron liberados el jueves recién pasado".
Dichos antecedentes corresponden a interceptaciones telefónicas que hizo personal de Inteligencia de Carabineros, el que incluyó conversaciones por mensajería de texto de las plataformas WhatsApp y Telegram.
"Fue el general jefe de Inteligencia de Carabineros quien liberó la información y la remitió a la entidad investigadora", aseguró Paredes.
En la audiencia se conoció que el 9 de agosto y 7 de septiembre de este año en ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Aner Padilla, autorizó la intercepción telefónica a los imputados, como lo establece el artículo 25 de la Ley de Inteligencia.
El persecutor sostuvo que la asociación ilícita se configura al existir elementos que dan cuenta que "hay jerarquía con sujetos que dan órdenes, otros que reclutan a personas para materializar ciertos delitos y otros que finalmente los cometen materialmente".
Paredes precisó que el conjunto de diligencias hechas por Carabineros permitieron establecer que los teléfonos que eran monitoreados corresponden a los imputados. "Entiendo que las defensas han cuestionado aquello, pero los elementos en la audiencia dan cuenta de la seriedad de la imputación".
El fiscal regional finalmente descartó -por ahora- que haya antecedentes en la investigación que vinculen al grupo con la quema de iglesias, tanto en Malleco como la provincia de Cautín. "Es una situación que debe ser indagada en el marco de la investigación", sostuvo.
"Este es sólo el primer paso..."
El general Gonzalo Blu, director nacional de Inteligencia, destacó la labor realizada por el organismo y afirmó que es "solo el primer paso". "Con la detención de estas ocho personas se ha desbaratado una organización criminal (...) Nosotros vamos a seguir trabajando, tanto de día como de noche, porque esto recién comienza", agregó el general, afirmando que actualmente investigan a "otro grupo" de personas con el fin de "aclarar la gran mayoría de los atentados que en esta zona".
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