A las 9.30 de la mañana, alrededor de 19 mil jóvenes comenzaron a probar sus conocimientos para la Prueba de Selección Universitaria (PSU), en el 15° Ensayo Nacional organizado por la Universidad Santo Tomás (UST).

Las simulaciones de las pruebas obligatorias de Matemática y Lenguaje y Comunicación, estarán siendo aplicadas de manera simultánea desde Arica a Punta Arenas.

Manejar la ansiedad

La finalidad de este ensayo es que los participantes midan sus conocimientos y experimenten de manera anticipada el ambiente al que se enfrentarán el próximo 27 de noviembre, cuando comience la medición oficial.

Los jóvenes que hoy participan del ensayo deberán cumplir con las mismas condiciones de disciplina y tiempo que enfrentarán el día de la PSU, medida que se toma para ayudarlos a manejar la ansiedad, tener más seguridad en sí mismos y mejorar la eficiencia a la hora de contestar.

"A poco más de dos meses para rendir la PSU, es importante que los estudiantes identifiquen sus fortalezas y ámbitos de mejora. La actividad busca que los asistentes puedan aprovechar estos últimos meses focalizando su estudio según los resultados que arroje el ensayo y trabajen sistemáticamente en torno a estos", dijo la vicerrectora de admisión y asuntos estudiantiles de la casa de estudios, Ana María Pelegrí.

Puntaje en línea

Una de las novedades que tiene esta actividad es que los participantes, luego de rendir el ensayo, podrán conocer sus resultados hoy mismo, a través de sus celulares y correo electrónico, gracias a una tecnología implementada por la universidad para corregir de forma digital e instantánea las pruebas.

"Además, a partir del lunes 2 de octubre, los participantes podrán descargar el ensayo, su hoja de respuestas y las soluciones", desde el sitio correccionpsust.cl explicó Pelegrí.

La Corte de Apelaciones, en un fallo dividido, ordenó restituir la millonaria pensión de Myriam Olate, la ex esposa del diputado socialista Osvaldo Andrade.

El recurso fue interpuesto en abril por ex funcionarios de Gendarmería, luego que la Contraloría ordenara a Dipreca invalidar sus pensiones, siendo transferidos al sistema de AFP y viendo reducidas sus jubilaciones en forma considerable.

El contralor Jorge Bermúdez cuestionó, en su momento, que se le hubiera otorgado la pensión de retiro a Olate, cuando una auditoría a Dipreca, el 7 de diciembre de 2012, estableció que tanto ella como los otros funcionarios "no cumplía con los requisitos para ser imponente de esa caja previsional".

El dictamen fue acusado de "ilegal y arbitrario" por los ex funcionarios en el recurso de protección, en el que señalan que la Contraloría (CGR) "se arroga una potestad invalidatoria de la que carece, dejando a Dipreca como un mero ejecutor de sus arbitrios".

En el fallo del tribunal conocido ayer se estimó que "es evidente que, con su orden de invalidar un acto administrativo, la CGR sobrepasa sus atribuciones interpretativas, autoatribuyéndose facultades que la ley asigna al órgano de la administración activa".

El Ministerio Público comunicó ayer la existencia de una segunda red de involucrados en la millonaria malversación de fondos que afecta a Carabineros, liderada por el ex funcionario e imputado José Inapaimilla, quien reclutaba a civiles para que simularan ser funcionarios que dejaban la institución.

"A partir del proceso investigativo, (la Fiscalía) ha podido definir dos estructuras organizativas distintas dentro de la cantidad de formalizados en la causa, y esas dos estructuras tienen niveles de liderazgo, de organización y de distribución de funciones también distintas", dijo el fiscal Miguel Ángel Orellana.

Esto "nos ha permitido escindir una línea vinculada, entre otros, al imputado José Inapaimilla y entre los que estaban los imputados que hoy día (jueves) se discutieron las medidas cautelares, don Miguel Bettiz y Julia Bettiz, que a su vez las oficiaban de reclutadores de nuevos civiles que en definitiva permitían malversar caudales públicos originados como desahucios y pensiones en Carabineros", añadió el persecutor.

Las operaciones para crear falsas jubilaciones e irregularidades en los desahucios, involucrarían cerca de $ 4.000 millones.

Sobre la posible reformalización de los principales imputados por el megafraude, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, dijo que está en evaluación.

"Las circunstancias procesales de muchos imputados no han disminuido, sino que se han agravado y esas agravaciones no tan solo dicen relación con su participación sino que con el aumento, de que en su momento se indicó, en los montos malversados", afirmó el fiscal.

La Corte de Apelaciones de Santiago resolverá el 10 de octubre si la Fiscalía puede congelar los desahucios de 20 imputados, con montos superiores a los mil millones de pesos, para evitar que utilicen esos dineros.

Valeria Barahona

Ante la polémica desatada a causa de que los parlamentarios con candidaturas a la reelección u otros cargos no podían solicitar créditos a BancoEstado para financiar sus campañas, el Tribunal Constitucional (TC) afirmó ayer que éstos sí pueden celebrar contratos con la institución financiera.

El organismo encabezado por Iván Aróstica afirmó que es facultad exclusiva del TC declarar la inhabilidad de un parlamentario para celebrar contratos con el Estado, conforme al estatuto de prohibiciones, competencia y procedimiento establecido en la Constitución.

"Es por lo anterior que, no habiéndose aperturado un proceso por alegaciones de inhabilidad respecto de algún parlamentario en concreto, y, por ende, no existiendo sentencia que la declare, no corresponde ni procede jurídicamente dar por establecida inhabilidad alguna respecto de dichos créditos", informó el TC, luego de que la casa financiera le negara el financiamiento a las campañas de los actuales senadores y candidatos presidenciales Carolina Goic y Alejandro Guillier.

"Un contrato de crédito bancario de este tipo, regulado especialmente y afecto a fines exclusivos de financiamiento de campaña, tema cuyo control y fiscalización corresponde al Servicio Electoral, claramente no es de aquellos contratos celebrados con el Estado a los cuales se refiere el artículo 60 de la Constitución, que pueden inhabilitar y hacer cesar en el cargo a un parlamentario en ejercicio", señaló la magistratura.

Versión del banco

Los argumentos del tribunal contradicen la versión del banco, que afirmó la existencia de "una disposición legal vigente -aludiendo al artículo antes citado- que sanciona con la cesación en el cargo a los parlamentarios que celebren contratos con el Estado", por lo que dejó de realizar este tipo de transacciones en 1995.

Ahora, con la venia del TC, los abanderados presidenciales Alejandro Guillier, Carolina Goic, Alejandro Navarro y José Antonio Kast podrán solicitar apoyo económico a la institución pedir créditos a dicho institución.

"Lo anterior, debe entenderse sin perjuicio de otras normas de rango legal que se refieran a la obtención de un crédito con organismos estatales y de las facultades del Servicio Electoral y de los tribunales competentes, en materia de control y transparencia de gasto electoral", agregó el organismo.

"En todo caso, este Tribunal solamente puede emitir sentencias sobre casos particulares de inhabilidades parlamentarias cuando es requerido por el Presidente de la República, o por no menos de diez parlamentarios en ejercicio", concluyó.