A solo un día del anunciado referendo independentista convocado por el Gobierno autónomo de Cataluña y que la Justicia española considera ilegal, la tensión alcanzó su punto más alto. Ayer, los separatistas dieron a conocer a la prensa los preparativos para la celebración de la consulta, mientras que el Gobierno central advirtió que todos los involucrados deberán responder ante la Justicia.

El Gobierno regional catalán anunció que prevé disponer de 2.315 colegios electorales y de 7.235 personas para intentar que mañana unos 5,34 millones de ciudadanos puedan votar, a pesar del amplio dispositivo policial que tratará de impedirlo.

Ante esto, el ministro vocero del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, acusó al Ejecutivo catalán y a sus socios de la formación independentista CUP de "deslealtad institucional" y "desobediencia constitucional" y aseguró que tendrán que responder ante los tribunales por sus acciones.

"Las leyes obligan a todos, recalco, a todos, porque nadie está por encima de la ley. La convivencia y el progreso y bienestar no son posibles al margen el imperio de la ley y del Estado de Derecho", afirmó.

Méndez de Vigo reiteró que que la consulta de mañana es ilegal, que el Tribunal Constitucional la prohibió, y que carece de garantías democráticas, por lo que señaló que "lo que suceda el día 1 no será un referéndum".

Insistencia

A pesar de las advertencias del Gobierno español, el Ejecutivo regional catalán reiteró que "el domingo se votará" y que se hará entre las 9 y las 20 horas, según informó durante la presentación de los preparativos para el referendo el consejero de Presidencia catalán, Jordi Turull.

Turull dijo que habrá un conjunto de académicos y profesionales que actuarán como una junta electoral para certificar los resultados de la consulta y cuyos nombres se darán a conocer mañana. Los integrantes originales de esta junta electoral, cuya labor es supervisar los procesos electorales, renunciaron hace unos días para eludir las multas del Tribunal Constitucional.

Por otro lado, el vicepresidente del Ejecutivo catalán, Oriol Junqueras, aseguró que habrá "alternativas" - que no especificó - donde las fuerzas de seguridad impidan votar.

"Si alguien pretende asaltar colegios electorales en otro gesto antidemocrático, los ciudadanos de Cataluña podrán votar este domingo y estamos convencidos de que los resultados tendrán toda la validez que les corresponde", dijo Junqueras.

Los Mossos d'Esquadra, la policía autónoma de Cataluña, comenzaron ayer a visitar y revisar los edificios públicos designados por las autoridades catalanas como centros de votación para desalojarlos, cerrarlos e intervenir los materiales electorales, siguiendo instrucciones de su jefe operativo, Josep Lluis Trapero.

Trapero dio instrucciones a sus agentes, en cumplimiento de la instrucción del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que les obliga a impedir la apertura de esos centros para acoger la votación del 1 de octubre.

Los Mossos también deben comunicar a las personas que se encuentren en el interior de los locales que los deben desalojar antes de las 6:00 de mañana.

Urnas

El jueves, la Guardia Civil española requisó grandes cantidades de material electoral, entre los que se incluyen más de 100 urnas de votación. Sin embargo, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, aseguró en una entrevista con el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) que su gobierno tiene muchas más urnas de las necesarias para llevar a cabo el referendo.

"Queremos una mejor cooperación con España, pero desde el respeto mutuo y entre iguales", dijo Puigdemont, quien se mostró convencido de que la consulta se llevará a cabo.

Estados Unidos dio ayer una drástica respuesta a los "ataques" que han sufrido al menos 21 de sus funcionarios en Cuba, al ordenar la retirada de la mayoría de su personal en la isla, pedir a los estadounidenses que no viajen allí y suspender la emisión de visas desde su embajada en La Habana.

Tras dos meses de misteriosas informaciones sobre incidentes que causaron síntomas auditivos a diplomáticos estadounidenses en la isla, y pese a no tener claro quién es el responsable de los hechos, el Departamento de Estado tomó medidas que prometen minimizar los viajes de los estadounidenses a Cuba, y de los cubanos a EE.UU.

"Hasta que el Gobierno de Cuba pueda garantizar la seguridad de nuestros diplomáticos en Cuba, nuestra embajada quedará reducida a personal de emergencia, para minimizar el número de diplomáticos que se arriesgan a quedar expuestos" a posibles ataques, dijo el secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, en un comunicado.

En una alerta de viaje, el Departamento de Estado aconsejó a sus ciudadanos no viajar a Cuba y ordenó la retirada del personal no esencial de su embajada en La Habana debido a los "ataques específicos dirigidos contra diplomáticos" estadounidenses, que han provocado "heridas significativas" a al menos 21 de ellos.

Esos funcionarios han experimentado síntomas como "problemas en el oído y pérdida de audición, mareos, dolores de cabeza, fatiga, problemas cognitivos y dificultad para dormir", indica la alerta.

Aunque Washington no tiene constancia de que los ataques afectaran a ningún estadounidense ajeno al personal diplomático, decidió aconsejar a sus ciudadanos que no viajen a Cuba por considerar que no puede "garantizar" su seguridad allí.

Desde La Habana, en tanto, calificaron como "precipitada" la decisión de Washington. La directora para EE.UU. de la Cancillería cubana, Josefina Vidal, afirmó que esta decisión va a afectar a la relación bilateral, aunque reiteró la voluntad de su Gobierno de continuar "la cooperación activa entre las autoridades de ambos países".