El ministro en visita Mario Carroza procesó ayer al ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Florencio Velásquez Negrete, alias "El Floro", por el delito de cómplice de secuestro terrorista en contra de Cristián Edwards.

Según informó el Poder Judicial a través de su cuenta de Twitter, el ex frentista fue detenido hace cinco días por personal de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI, en Cerro Navia, donde tenía a su cargo un almacén.

De acuerdo a los antecedentes judiciales, Velásquez participó directamente en el secuestro del actual vicepresidente de El Mercurio, ocurrido en septiembre de 1991, siendo parte del grupo de custodios del lugar en el que mantuvieron en cautiverio al ejecutivo hasta febrero de 1992.

El sujeto también es investigado por su participación en el asesinato del senador de la UDI, Jaime Guzmán, en abril de 1991. Al respecto, el juez Carroza explicó que el ahora procesado entregó información que daba cuenta de que el extinto parlamentario era parte de un listado de figuras políticas que iban a ser ejecutados por parte del brazo armado del FPMR.

Después de 118 días de movilización, Ariel Trangol, el único comunero mapuche que se mantenía la huelga de hambre, le informó ayer a Gendarmería que decidió deponer la medida de protesta.

Trangol es uno de los cuatro comuneros mapuche que iniciaron una huelga de hambre para protestar por los 16 meses que llevan en prisión preventiva, tras ser acusados por el incendio de una iglesia evangélica en Padre de las Casas, en junio de 2016.

Pablo y Benito Trangol, además de Alfredo Tralcal, depusieron la huelga de hambre el sábado, luego de que el Gobierno anunció el viernes que recalificaría el delito de incendio en lugar habitado con carácter terrorista a incendio común, para que no se aplicara la Ley Antiterrorista.

Trangol no quiso deponer la protesta el mismo día que los demás porque desconfiaba del anuncio del Gobierno.

Apelación

Mañana vence el plazo que tiene la defensa de los cuatro acusados para apelar y cambiar el régimen de prisión preventiva que cumplen hace más de un año, por una medida menos gravosa.

Con esto se buscaría revertir la decisión del Juzgado de Garantía de Temuco, que el viernes pasado determinó mantener la medida cautelar durante la preparación del juicio oral.

"Este es un nuevo escenario que debemos evaluar, porque es importante que el Estado haya dicho públicamente que la ley antiterrorista es injusta y que no cumple con estándares internacionales de Derechos Humanos. Tenemos una apelación pendiente que estamos estudiando porque aún tenemos plazo para presentarla", dijo, según consignó La Segunda, el abogado de Benito Trangol, Cristopher Corvalán.

La audiencia de preparación del juicio oral está fijada para el próximo 10 de octubre y será en esa instancia que el Gobierno le informará al tribunal de su decisión de recalificar el delito.

Acusación constitucional

El anuncio de recalificación del delito fue criticada por Chile Vamos, sector que anunció que evalúa una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Mario Fernández.

El presidente de RN, Cristián Monckeberg, integrante de la comisión de Constitución de la Cámara, explicó, según consignó Cooperativa, que una acusación constitucional, "desde el punto de vista político, plenamente justificada. Desde el punto de vista jurídico, tenemos que velar para que efectivamente los argumentos sean de peso y sean contundentes".

Ante esto, Fernández señaló que "no sé qué fundamentos puede tener una acusación en verdad" y que la decisión de recalificar el delito "en nada afectan a la querella ni afecta además el hecho mismo de estar investigando un delito grave".