Oscar Gallardo Ríos

El alcalde de Lago Ranco Miguel Meza, junto a representantes de la comunidad indígena Augusto Cheuquepán y del Consejo de Defensa Ciudadano de Lago Ranco, asistieron ayer a los alegatos realizados en la Corte de Apelaciones de Valdivia en el marco del recurso de protección que busca impugnar una resolución de la seremi de Bienes Nacionales que otorgó la propiedad del sector Pisada del Diablo a un particular.

El 21 de marzo de este año la seremi de Bienes Nacionales aprobó la fijación de deslindes del lago Ranco en el sector de Pisada del Diablo, basados en un estudio encargado por un particular que tiene propiedades colindantes al lugar. No obstante, según el municipio y las organizaciones que presentaron el recurso de protección, el deslinde fue fijado en el límite de las aguas mínimas, y no máximas como se debería.

En ese contexto el alcalde Miguel Meza comentó en su visita a Valdivia que "vinimos a observar la defensa del recurso de protección interpuesto en torno a la situación que hoy vive la Pisada del Diablo, y que tiene ver con un particular que mandó a hacer un estudio que arroja como resultado que el límite de su propiedad está prácticamente en el borde costero".

"Queremos hacer sentir ante todas las instancias que este estudio y límites carecen de objetividad sin ninguna duda. Estamos bastante conformes porque todos los antecedentes que se entregaron en el minuto están basados en la realidad, y que el particular está incurriendo en un vicio. Ahora debemos esperar el fallo, que de no ser favorable, aún nos quedan otras dos instancias para buscar que se invalide este estudio y se establezcan los límites reales", agregó.

El jefe comunal complementó que "la decisión pasa también por voluntad política. No puede ser que el Ministerio de Bienes Nacionales a través de diferentes instancias informe que las playas son de uso y acceso público, y por otra parte valide un estudio que dice todo lo contrario".

La asesora jurídica de la municipalidad de Lago Ranco, Lily Valenzuela, sostuvo en tanto que "ésta es una de las tres acciones que hemos interpuesto, pues además del recurso de protección, también pusimos un recurso de reclamación ante la seremi de Bienes Nacionales, y un recurso jerárquico presentado ante el subsecretaría de Bienes Nacionales. Tenemos fe en que a través de estas acciones se podrá restablecer el derecho a acceder a 9.800 metros cuadrados de playa que siempre habían sido de uso público, pero que hoy por una resolución de Bienes Nacionales se le está dando a un particular".

"La abogada del Consejo de Defensa del Estado (que representa a Bienes Nacionales) reconoció que la seremi nunca quiso dictar esa resolución, ya que jurídica y técnicamente el estudio que presentó el particular estaba malo", agregó.

Comunidad indígena

Anita Cheuquepán, presidenta de la Comunidad Indígena Augusto Cheuquepán, señaló que "históricamente nuestra comunidad vivió en ese lugar, hay documentos que así lo prueban, y la verdad es que hoy nos vemos imposibilitados de entrar al lugar porque está a las puertas de caer en manos privadas. A nosotros nos preocupa grandemente la situación, porque estamos hablando de un patrimonio antropológico y arqueológico, que la comunidad Augusto Cheuquepán ha ocupado toda la vida. La comunidad de Lago Ranco también ha visitado siempre este lugar tan importante que tiene mucha mística, leyenda y que paisajísticamente es maravilloso".

A la espera del proceso de recepción para luego ser inaugurados se encuentran los nuevos edificios del Registro Civil y del Servicio Médico Legal de La Unión, obras cuya ejecución estuvieron a cargo de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Ambos proyectos fueron financiados por el Gobierno Regional con una inversión de $1.820 millones.

Las dependencias del nuevo Registro Civil, que se emplaza en calle Phillipi N° 746, consideraron la reposición completa del antiguo inmueble, a fin de satisfacer la alta demanda de servicios de identificación, acreditación y validación de actos significativos. La moderna obra consideró una inversión específica de 698 millones de pesos.

En tanto que el nuevo Servicio Médico Legal, ubicado en calle Manuel Montt cubrirá la necesidad histórica en materias médico-legales y forenses, tanto para las instituciones administrativas del Ministerio de Justicia, como para la comunidad de La Unión y la provincia del Ranco, cuyo territorio nunca antes contó con este servicio. La obra involucró una inversión de $1.118 millones.

"Estamos muy conformes por cómo terminaron estos proyectos de infraestructura pública que, sin duda, generarán un cambio sustantivo al desarrollo social y cívico de estos servicios", señaló el seremi del Mop Jorge Alvial.

En dependencias del Liceo Rector Abdón Andrade Coloma de La Unión, se realizó un nuevo diálogo ciudadano en el marco de la difusión del proyecto que busca mejorar el sistema de pensiones y que fue denominado "Nuevo Ahorro Colectivo". El director regional del IPS Eduardo Muñoz, resaltó la importancia del componente solidario que tiene este proyecto. "Proponemos un sistema previsional mixto, donde el empleador aporta el 5% a la cotización", aseguró. Mientras que el gobernador del Ranco Sergio Gallardo sostuvo que "este proyecto solidario de mejora de pensiones sin duda incidirá directamente en la calidad de vida de todas las personas". A la actividad también asistieron el senador Alfonso de Urresti, y la seremi de Trabajo Ana Sáez.