Redacción Diarioaustral
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones de la Corte de Apelaciones de Temuco, Valdivia y Puerto Montt, Álvaro Mesa, sometió a proceso al general (r) del Ejército Santiago Arturo Sinclair Oyaneder, por el delito de apremios ilegítimos contra 9 prisioneros políticos, ilícito perpetrado después de 11 septiembre de 1973, en Valdivia.
En la resolución (causa rol 3-2012 Valdivia), el ministro Mesa, en atención a la edad del exmilitar (90 años) , decretó el arresto domiciliario del procesado "por los tratos inhumanos, crueles y degradantes" aplicados a nueve personas, entre ellas el ex alcalde de Valdivia Luis Díaz y el ex intendente Sandor Arancibia.
También se dispuso una fianza de 500 mil pesos.
"Plan Z"
De acuerdo a la información oficial dada a conocer ayer por el Poder Judicial, el ministro Mesa logró establecer los siguientes hechos, que constan en su resolución:
"Que a raíz de los sucesos acaecidos el 11 de septiembre de 1973, fueron detenidos en varias ciudades del país Sandor Arancibia Valenzuela, Juan Yilorm Martínez, Víctor Hormazábal Rozas, José Daniel Gallardo Saldivia, Rogers Delgado Sáez, Joel Asenjo Ramírez, Luis Díaz Bórquez, Uldaricio Manuel Figueroa Valdivia y Carlos Jaime Bahamondez Hormazábal, entre otros. Algunos de ellos quienes hasta esa fecha detentaban cargos públicos o militaban en partidos políticos del gobierno del Presidente Salvador Allende Gossens. A todos ellos se les acusaba de ser los cabecillas de un plan fantasioso de exterminio de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, denominado hasta hoy en día como "Plan Z". Todos los detenidos, en distintas fechas luego del 11 de septiembre de 1973, fueron conducidos a la Cárcel Pública de Valdivia por orden de la Fiscalía Militar existente".
El texto agrega que "dichas detenciones fueron decididas por la autoridad militar de la época, sin orden judicial, no constando en el proceso su realización bajo un procedimiento ajustado a la norma vigente en ese entonces".
Señala además que en el regimiento Cazadores de la comuna de Valdivia, por orden del general Héctor Bravo Muñoz (actualmente fallecido) "fue reforzada la Sección Segunda de Informaciones e Inteligencia con la agregación de funcionarios de la misma unidad militar, entre ellos Hernán Soriano Ávila; un integrante de la Policía de Investigaciones de Chile, Germán Jesús Borneck Matamala; y personal de la Tenencia de Carabineros José Gil de Castro de la misma comuna, entre ellos el teniente Rubén Aracena González y el cabo Juan Bautista Yáñez Ruiz. Este grupo estaba a cargo del teniente de Ejército Patricio Kellet Oyarzún y tenía por misión interrogar a los detenidos por asuntos políticos, que luego de esa fecha fueron ingresados en la cárcel de Valdivia.
Que además, a fines de septiembre de 1973, fue llamado a integrarse al Ejército Bernardo O'Higgins de las Mercedes Puga Concha, que hasta esa fecha se desempeñaba como abogado auxiliar del Consejo de Defensa del Estado, quien asumió funciones como asesor legal de la Fiscalía Militar, a cargo hasta entonces de don Mario Piraíno Valenzuela (actualmente fallecido)".
Torturas en gimnasio
En otro punto el documento detalla que: "A fin de cumplir con la orden dada por la superioridad, se habilitó el gimnasio del regimiento Cazadores, ubicando pupitres para interrogar a los detenidos políticos. De este modo, los detenidos eran llevados y traídos desde la cárcel al regimiento por personal militar de la sección liderada por Patricio Kellet Oyarzún, siendo interrogados en la Fiscalía Militar y apremiados físicamente en dependencias del gimnasio antes y/o después de estos interrogatorios.
En el gimnasio o sala de tortura existían implementos para amarrar a los detenidos y aplicarles electricidad en diferentes partes del cuerpo, además de aplicarles otro tipo de tormentos como golpes de pies y puños (...). Una vez que las personas eran interrogadas en el regimiento aludido, eran conducidas nuevamente hasta la cárcel de Valdivia. En aquel lugar, los propios compañeros de celda y uno de los funcionarios de la enfermería del penal, constataban el mal estado físico de ellos producto de las interrogaciones bajo torturas".
Coautor
Respecto de la responsabilidad del general (r) Sinclair en la resolución del ministro Mesa se detalla que: "De estos mismos antecedentes y propias declaraciones de Santiago Arturo Sinclair Oyaneder y declaraciones por videoconferencias realizadas con este tribunal, según certificación (...) se desprenden fundadas presunciones para estimar que le ha cabido la calidad de coautor de los delitos de apremios ilegítimos referidos en la consideración anterior.
Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 274, 276, 361, 362, 363 y 364 del Código de Procedimiento Penal, se declara que se somete a proceso y prisión preventiva a Santiago Arturo Sinclair Oyaneder como autor del delito de apremios ilegítimos en las personas de Sandor Arancibia Valenzuela, Juan Yilorm Martínez, Víctor Hormazábal Rozas, José Daniel Gallardo Saldivia, Rogers Delgado Sáez, Joel Asenjo Ramírez, Luis Díaz Bórquez, Uldaricio Manuel Figueroa Valdivia y Carlos Jaime Bahamondez Hormazábal, perpetrados en la Comuna de Valdivia, a contar del 11 de septiembre de 1973".
Comandante
En la fecha de ocurridos los ilícitos, el general (r) Sinclair había sido designado como subdirector de la Academia de Guerra y luego destinado como comandante del Regimiento de Caballería Blindada N°2 de Cazadores, en Valdivia.
Esa unidad militar funcionaba en el mismo recinto que la Fiscalía Militar (Valdivia) y otros tres regimientos.
Después de su paso por Valdivia, Santiago Sinclair fue ministro del gobierno militar, vicecomandante en jefe del Ejército, miembro de la Junta de Gobierno y senador institucional. En este último cargo se mantuvo hasta 1998.