Durante la tarde de ayer, el Consejo de Monumentos Nacionales aprobó la propuesta de declaratoria de la ex cárcel de Valdivia, ubicada en el sector de Isla Teja. La solicitud fue hecha por la Agrupación de ex Presos Políticos y Familiares de Valdivia.

El senador Alfonso de Urresti, quien respaldó esta petición, destacó que se trata de la primera ex cárcel del país en contar con esta condición, "sumado al hecho fundamental de preservar uno de los sitios más emblemáticos de Los Ríos en memoria de los Derechos Humanos, de la misma manera que se ha hecho con otras declaratorias patrimoniales de nuestra región y de otras regiones del país, tal como ocurrió con la Villa San Luis en la región Metropolitana, que hemos respaldado y que apuntan a igual objetivo", sostuvo.

En esa línea, valoró el trabajo realizado por la Agrupación, como también de la Escuela de Historia de la Universidad Austral de Chile, la oficina técnica regional Consejo de Monumentos Nacionales y la mesa de Derechos Humanos de la Región de Los Ríos, "quienes han colaborado tanto en la gestión de la solicitud como en la elaboración de su expediente técnico que fundamentó la declaratoria aprobada esta tarde", manifestó.

En tanto, el presidente de la Agrupación de Ex Presos Políticos y Familiares de Valdivia, Óscar Retamal, expresó que esta declaratoria significa la posibilidad de generar un espacio de memoria de lo que fue una época negra para Chile. "Esta cárcel tiene un peso simbólico muy especial, pues ella fue construida como cárcel modelo durante el gobierno de Salvador Allende. Se trata de estudiar la historia y la memoria para que nunca más en Chile vuelva a repetirse un periodo de tantas dificultades como las que vivimos bajo dictadura", enfatizó.

Gestiones

De Urresti envió al Consejo de Monumentos Nacionales un oficio de respaldo que fue considerado en la sesión, el cual indica que "en lo que se refiere al futuro de los inmuebles sobre los que versa la declaratoria, cabe hacer presente que el reconocimiento de una declaratoria patrimonial de este tipo hará posible que las mismas instituciones que han realizado la labor de solicitar y fundamentar esta solicitud, diseñen y propongan nuevos y complementarios usos para dichos inmuebles dentro de lo que podría estar un museo, archivo o centro de investigación".

Agrega que: "Se trata del conjunto penitenciario de la ex Cárcel de Isla Teja, valioso ejemplo de la unión indivisible entre el patrimonio material, expresado en sus inmuebles, estructuras y patios, con el patrimonio relativo a la memoria histórica de quienes formaron parte de su diseño, construcción, funcionamiento y vivieron ahí la experiencia de la prisión política".

Un debate en torno al control del acceso a armas abrió ayer el candidato presidencial independiente José Antonio Kast (ex UDI), quien en un foro organizado por las radios Concierto, Futuro, Rock&Pop y ADN, advirtió a los "delincuentes": "No se metan conmigo ni con mi familia. Si entran a mi casa, yo voy a disparar". Tal como ya lo había dicho antes, el diputado defendió su postura a favor de la tenencia de armas por parte de civiles para defensa personal. "Hay que reformar la ley para darle facilidades a la persona que tiene un arma, para poder entrenarse y usarla, y si alguien quiere comprar una, que alguien le ayude a entender cómo funciona", dijo ayer al respecto. Y se puso en un caso hipotético: "Si entra un delincuente y yo tengo un revólver, a robar, a matar o violar a mis hijas, le voy a disparar".

Carolina Collins

De "engaño" y "falta de compromiso" acusaron desde la oposición al Gobierno, luego de que decidiera no reajustar los recursos destinados a la Ley de Inclusión en la ley de Presupuesto.

El llamado aporte por gratuidad es el dinero que se paga desde el año pasado a los colegios particulares subvencionados que se transformaron en gratuitos a raíz de la Ley de Inclusión, siempre que cumplieran con el requisito de ser sin fines de lucro, gratuitos y que contaran con alumnos prioritarios dentro de sus aulas.

Según la ley, ese aporte debía reajustarse, y si en 2016 era de casi $6 mil mensuales por cada alumno, en 2017 debía subir a $8 mil y en 2018 a unos $10 mil. Sin embargo, ese incremento no fue considerado en el Presupuesto.

Lo anterior generó incertidumbre entre los sostenedores de los colegios subvencionados, que acusaron falta de claridad por parte del Gobierno.

Parlamentarios de Chile Vamos y de la Nueva Mayoría, amenazaron con rechazarla glosa presupuestaria que se espera que la ministra de Educación, Adriana Delpiano, exponga el próximo lunes en el Congreso.

El diputado DC Mario Venegas, dijo que "no podría aprobar una situación a la que yo concurrí ante el conjunto de los sostenedores que reciben estos recursos", respecto al reajuste.

"Hoy día ya son afectados del orden de un millón 700 mil alumnos, y el próximo año se incorporarían 900 mil más, de tal manera que superamos los dos millones y medio de estudiantes que recibirían menos recursos", agregó.

La ministra de Educación aseguró que la decisión de no aumentar los recursos se adoptó debido a que debieron destinarse a otras áreas, principalmente Salud.

"Esto no es un engaño, es enfrentar una situación compleja del punto de vista financiero (...) Y esto básicamente está destinado a temas de Salud. Son recursos generales de la Nación, pero la explicación del ministro de Hacienda es que esto tiene que ver con aportes a Salud que habían quedado desfinanciados y algún aporte para Obras Públicas", dijo Delpiano, que agregó que ese aporte "se estaría difiriendo un año y no más que eso".