Tal como ocurrió en 2015, parlamentarios de Chile Vamos anunciaron que estudian nuevamente recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por la glosa presupuestaria para financiar la gratuidad en la educación superior el próximo año.

En el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto 2018, los senadores Ena Von Baer (UDI) y Andrés Allamand (RN) encargaron un estudio para analizar si corresponde recurrir nuevamente a ese órgano autónomo.

En 2015, el TC acogió un requerimiento de la oposición, en que se cuestionaba la constitucionalidad de la glosa incluida en el Presupuesto para financiar la gratuidad en 2016. En ese momento argumentaron discriminación entre instituciones y criterios arbitrarios.

Finalmente la acción derivó en un acuerdo político entre la oposición y el Gobierno que tuvo que modificar la Ley de Presupuesto a través de una ley corta, situación que se repitió el año pasado y que terminó tras el acuerdo de que se extendiera la beca Bicentenario a universidades privadas.

El diputado de la UDI, que además es integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, Jaime Bellolio, no descartó que puedan volver a llegar a un acuerdo para la aprobación de la partida de la materia en el Presupuesto 2018, siempre y cuando se cumpla con ciertas condiciones.

"Por supuesto que sí (se puede alcanzar un acuerdo) y los parámetros nuestros son sencillos, y es que no puede haber desigualdad de trato entre estudiantes que son igualmente vulnerables e instituciones que son de igual calidad", dijo en declaraciones citadas por Cooperativa.

"No vamos a estar disponibles para que haya discriminación arbitraria hacia estudiantes que, siendo igualmente vulnerables y estando en instituciones de igual calidad no les entregan los recursos que les corresponden", agregó el legislador gremialista.

Bellolio destacó que el acuerdo el año pasado "significó que había una beca que era exclusiva para los alumnos de las universidades del Consejo de Rectores (de las Universidades Chilenas, Cruch) que tuvo que abrirse para el resto de las universidades (privadas) que cumplían con los requisitos de calidad y eso es parte de lo que nosotros queremos revisar".

Tras las críticas que surgieron desde todos los sectores políticos por el "congelamiento" de los recursos para el aporte por gratuidad para los establecimientos subvencionados, que establece la Ley de Inclusión en el Presupuesto 2018, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, aseguró ayer que el Gobierno hará "un esfuerzo" para cumplir con el reajuste de los dineros que se entrega por alumno.

Apenas se conoció la decisión del Gobierno de no elevar los recursos que reciben desde el año pasado los colegios particulares subvencionados que pasaron a ser gratuitos y sin fines de lucro, la titular de Educación aseguró que la determinación estuvo en manos del Ministerio de Hacienda y que los dineros que no fueran al reajuste, irían a gastos de salud.

Pese a esto, Delpiano retrocedió ayer en sus palabras y sostuvo que "nosotros iniciamos la discusión presupuestaria de la Educación el lunes (16 de octubre), estamos haciendo un esfuerzo muy grande con el Ministerio de Hacienda -que lo valoramos- para realmente reponer los recursos".

La controversia se abrió una vez que los sostenedores de los colegios particulares subvencionados que pasaron a ser gratuitos, manifestaron su preocupación por el mantenimiento de los recursos que reciben del Estado, que debían aumentar al menos $2.400 por alumno el próximo año.

"se va a cumplir y ya"

"Si bien los recursos no son tantos en términos por niño, en el volumen es mucho y, por lo tanto, es un gran esfuerzo que se va a hacer para cumplir", enfatizó.

Al ser consultada respecto del origen de los montos que deberá ser reasignados en la Ley de Presupuesto del próximo año, Delpiano fue enfática en intentar zanjar el tema: "Lo estamos estudiando y, por supuesto, que lo sabrán en su minuto, pero yo hoy día no estoy en condiciones de decir 'mira, esto...'. Seguramente hay una reasignación de algunos recursos del propio Ministerio y algunos aportes que van a venir de algunos otros lados, pero se va a cumplir y ya, y con eso se terminó el tema".

El jueves recién pasado el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, había negado que existiera un "congelamiento" de los recursos y aseguró que se trataba de un "escalamiento" de la entrega de estos en dos años en vez de en uno.

Posteriormente explicó que el Gobierno estaba analizando la posibilidad de "hacer un gesto adicional", pero sin subir el gasto público.

Mañana la cuarta subcomisión mixta de Educación se reunirá a estudiar la partida presupuestaria de esa materia, y está previsto que el martes la ministra de la cartera asista a una sesión especial de la Cámara de Diputados en la que, además de detallar ese ítem, deberá referirse al tema de los recursos para la Ley de Inclusión.

Candidatos insisten

Los candidatos presidenciales insistieron ayer en la necesidad de que el Gobierno cumpla con lo que comprometió la ley.

"El Gobierno debe honrar su palabra y cumplir los compromisos", dijo el abanderado del PPD, PS, PC, PR, MAS e IC, Alejandro Guillier, quien además reiteró su propuesta de que los dineros se obtengan de los recursos de libre disposición.

Algo similar planteó el candidato del PRO, Marco Enríquez-Ominami, quien dijo que para cumplir la Ley de Inclusión estaría dispuesto a usar recursos de libre disposición. "Chile debe avanzar hacia más gasto social. Cuando tienen ahorros y tienen un hijo con hambre, ¿guardan el ahorro debajo del colchón o lo gastan?", sostuvo.

Por su parte, la carta presidencial de la DC, Carolina Goic, enfatizó que "este no es un tema de financiamiento, sino de si se cumple la Ley de Inclusión tal cual como estaba planteada".

La abanderada del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, lamentó que para cumplir lo comprometido se tengan que sacar fondos de otros ítems. "No puede decirse que por un ajuste presupuestario esas platas no van a llegar a las escuelas donde estaban comprometidas", señaló.