Según informó ayer el Equipo Argentino de Antropología Forense, hoy, en Buenos Aires, se realizará la autopsia al cuerpo encontrado en la tarde del martes en el río Chubut, al sur de Argentina, el que podría corresponder al de Santiago Maldonado, joven desaparecido el 1 de agosto. Según los forenses, la confirmación de la identidad del cuerpo, que desde ayer se encuentra en la capital trasandina, tardará entre tres y 15 días. La persona hallada en el río tenía puesta la ropa del artesano y tatuador de 28 años y en el bolsillo de su pantalón se encontró su documento de identidad, pero la familia pidió esperar las pruebas de ADN y la autopsia para confirmar si se trata de Santiago. Sergio Maldonado, hermano mayor del activista, sospecha que el cuerpo fue "plantado" en el río, donde apareció casi flotando en una zona que ya había sido rastrillada tres veces antes."Algo pasó que aparezca ahora el cuerpo", dijo el miércoles.

El Partido Comunista de China (PCCh), en la segunda jornada de su XIX Congreso, ha prometido intensificar la lucha contra la corrupción y anunció que ya ha sancionado a más de un millón y medio de miembros en los últimos cinco años por esta materia.

"En la lucha contra la corrupción no hay zonas prohibidas (...) ni tolerancia que mostrar", afirmó ayer de forma tajante el subsecretario de la Comisión Central del PCCh para Inspección y Disciplina, Yang Xiaodu, durante un encuentro con la prensa. "Vamos a intensificar nuestros esfuerzos para frenar la corrupción", agregó el representante gubernamental, quien aseguró que se "fortalecerá la disuasión" entre los funcionarios del partido para que éstos rechacen este tipo de prácticas.

Yang aseguró que China va a mantener una "posición férrea" y que seguirá castigando la corrupción "firmemente", tras revelar algunas cifras sobre la campaña anticorrupción llevada a cabo por el Gobierno en los últimos cinco años.

En esa misma línea se expresó el miércoles el presidente chino y secretario general del Partido, Xi Jinping, quien subrayó en el discurso de apertura del Congreso que el PCCh ha luchado contra los malos hábitos de sus altos cargos y cumplido con su papel contra una lacra que China parece estar resuelta a erradicar.

En el Congreso, que finalizará el próximo martes, se prevé que se ratifique a Xi como núcleo de la formación y se espera que acreciente su poder y prestigio con la inclusión de sus teorías en la constitución del PCCh.

El Gobierno español anunció ayer que aplicará la Constitución para asumir las funciones que ejercen las autoridades de Cataluña y restablecer así la legalidad, después de que el líder regional, Carles Puigdemont, amenazara con votar la independencia en el Parlamento catalán si no hay diálogo.

Un Consejo de Ministros extraordinario, presidido por Mariano Rajoy, aprobará mañana las medidas de intervención para "proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña" y restaurar la legalidad en la región, según las previsiones del artículo 155 de la Constitución, informó ayer el Ejecutivo.

Ese artículo establece que, si una autoridad autonómica no atiende el requerimiento para volver a la legalidad, el Gobierno aprobará un decreto con medidas concretas para asumir competencias regionales, que enviará al Senado para su autorización y aplicación efectiva.

Fin del plazo

Puigdemont comunicó ayer por carta a Rajoy que, si éste "persiste en impedir el diálogo", el Parlamento regional "podrá proceder a votar la declaración formal de independencia" de Cataluña.

Al terminar el segundo y último plazo del requerimiento que le había enviado Rajoy, el líder catalán, a quien se le pedía que aclarase si alguna autoridad de Cataluña había declarado la independencia y se le instaba a restituir el orden constitucional en la región, aclaró en la carta que el Parlamento regional "no votó el día 10" la declaración de independencia y, según asegura, su "suspensión continúa vigente".

Ante esto, el Ejecutivo central "constató" en un comunicado la negativa del presidente regional a atender el requerimiento y, en consecuencia, "continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña".

Esta sería la primera vez que se aplicará ese artículo en los 39 años transcurridos desde la aprobación de la Constitución española de 1978.

Restaurar la ley

El lunes pasado, en una primera carta, Puigdemont no aclaró si se había proclamado la independencia y ofrecía a Rajoy abrir un periodo de dos meses para dialogar y buscar una salida al contencioso.

Ante esto, ayer el Gobierno central denunció la actitud de los gobernantes catalanes de "buscar, deliberada y sistemáticamente, el enfrentamiento institucional a pesar del grave daño que se está causando a la convivencia y la estructura económica de Cataluña".

Así, el Ejecutivo pondrá "todos los medios a su alcance" para restaurar la ley, la "convivencia pacífica" en Cataluña y frenar el "deterioro" de la seguridad jurídica, enfatizó el vocero de Madrid, Íñigo Méndez de Vigo, en una declaración institucional.

Por otro lado, el presidente del Poder Judicial español, Carlos Lesmes, estimó que esas medidas "deberán ser, sin duda, proporcionales y ajustadas" al objetivo. Además, representantes del Gobierno se reunieron con dirigentes del Partido Socialista (principal de la oposición) y los liberales de Ciudadanos (cuarta fuerza parlamentaria) para ultimar la concreción de las medidas que se aprobarán mañana.

El partido independentista catalán PDeCAT, al que pertenece Puigdemont, lamentó que se esté "a punto" de entrar en un escenario "malo" para el resto de España y "muy difícil" en Cataluña.

"El Gobierno continuará con los trámites previstos en la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña".

Íñigo Méndez de Vigo, Ministro Vocero de España"

"Si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo, el Parlament de Cataluña podrá proceder a votar la independencia".

Carles Puigdemont, Presidente de Cataluña"