El ex presidente del Gobierno regional catalán, Carles Puigdemont, y los cuatro ex consejeros que lo acompañan en Bruselas se entregaron ayer a la justicia belga en calidad de detenidos y rechazaron su traslado ante las autoridades españolas que los reclaman por presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos.

Puigdemont y los ex consejeros autonómicos Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura), se entregaron a la Policía federal en Bruselas a las 9.17 horas (08.17 GMT) de ayer, explicó en conferencia de prensa el vocero de la Fiscalía de Bruselas y magistrado, Guilles Dejemeppe.

Contactos previos

La entrega fue "convenida" con los magistrados de los cinco políticos catalanes, que respetaron el compromiso y se entregaron a las autoridades belgas en presencia de sus abogados, precisó la fuente.

El hecho se produjo en una comisaría del centro de Bruselas, donde se evitó la presencia de medios de prensa en el momento en el que pasaban a estar formalmente bajo arresto.

Poco después fueron trasladados a la sede de la Fiscalía de Bruselas, donde permanecen en "privación de libertad", es decir "sin libertad de movimientos" y obligados a permanecer en el edifico, si bien no están en un calabozo, precisó el Ministerio Público.

Los próximos pasos

Según la agencia de informaciones EFE, la Fiscalía belga deberá ahora designar a un juez de instrucción, que les tomará declaración por separado a cada uno de ellos antes de las 9.17 horas de hoy.

En cada una de esas vistas estarán presentes los afectados, sus abogados, el juez de instrucción y un intérprete, pues eligieron que la comparecencia sea en holandés, agregó Dejemeppe, quien precisó que lo más probable es que las audiencias concluirían anoche.

El que fuera 130 presidente del Gobierno de la comunidad autónoma española de Cataluña está representado legalmente en Bélgica por el letrado flamenco experto en extradiciones Paul Bekaert.

A continuación, el magistrado deberá en cada caso decir si acepta o no ejecutar la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).

En el supuesto de que no la rechace, el juez de instrucción tendrá que decidir si ordena su liberación con condiciones o si les impone prisión preventiva.

El proceso judicial continuará en la Cámara del Consejo de Bruselas, tribunal de instrucción y primera instancia judicial, que dispondrá de 15 días para pronunciarse sobre el recurso de los interesados.

La tramitación en Bélgica de las órdenes podría prolongarse hasta por 90 días.

Como consignó la agencia AP, la demora podría darle a Puigdemont tiempo para influir, aunque sea a distancia, en las elecciones regionales convocadas para Cataluña para el 21 de diciembre. En Cataluña, activistas pidieron la liberación de los líderes encarcelados y la Asamblea Nacional Catalana (ANC), llamó a una huelga para el miércoles.

de diciembre 21

se realizarán elecciones 90