Carles Puigdemont, el cesado presidente del Gobierno de Cataluña, declarará -junto a los cuatro ex consejeros que también están en Bélgica- ante la justicia de ese país para tratar su extradición a España. Los cinco ex miembros del Ejecutivo regional viven en las afueras de la capital belga, aunque no juntos, y aprovechan su tiempo para preparar su defensa legal y su plan para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.
Las fuerzas navales de Japón y EE.UU. iniciaron ayer unas maniobras conjuntas al sur de la península de Corea, con el objetivo de exhibir poderío militar disuasorio frente al régimen norcoreano de Kim Jong-un. Los ejercicios cuentan con la participación de un portaaviones de propulsión nuclear, tres destructores y unos 14.000 efectivos, y se desarrollarán hasta el próximo domingo en aguas próximas a un archipiélago ubicado al sudoeste de Japón.
El Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, negó en la noche del miércoles haber recibido de parte de la constructora brasileña Odebrecht sobornos o donaciones para su campaña, tal como aseguró Marcelo Odebrecht, el antiguo director de la empresa ante un fiscal peruano en Brasil. A través de un mensaje televisado, el Mandatario dijo que "esta supuesta in formación es falsa" y se comprometió a atender los requerimientos de la justicia.
La Cancillería de República Dominicana anunció ayer, a través de un comunicado, que Gobierno y oposición de Venezuela retomarán, en Santo Domingo, el diálogo para buscar una salida a la crisis política, económica y humanitaria que atraviesa ese país.
Ambas partes ya habían iniciado en septiembre, también en la capital domin icana, conversaciones para retomar el diálogo, proceso que se suspendió luego de que el Ejecutivo no aceptara la presencia de los cancilleres de México, Paraguay, Chile, Bolivia y Nicaragua como "garantes".
Sin embargo, en el comunicado de ayer se asegura que en la reunión, que se llevará a cabo entre el 1 y 2 de diciembre, participarán "los países acompañantes del proceso, representados por sus cancilleres". Estos corresponden a México, Paraguay y Chile.
La Cancillería dominicana dijo esperar "que la comunidad internacional apoye este proceso y las partes tengan la mejor disposición, en beneficio de la democracia y del pueblo de Venezuela".
"Tras consultar y conocer que los países están dispuestos a asistir al proceso de negociación internacional convocado para el 1 y 2 de diciembre, comunicamos al país nuestra disposición a participar en el mismo", dijo la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en un comunicado.
En este texto, los disidentes al Gobierno de Nicolás Maduro calificaron como "un paso importante a favor del rescate de la democracia" que el Gobierno "haya aceptado participar en un proceso de negociación formal con la participación y garantía de la comunidad internacional".
La MUD se ha planteado como gran objetivo de esta cita lograr unas "elecciones presidenciales libres y transparentes, con observación internacional calificada, con un Consejo Nacional Electoral imparcial".
Además, pide "el cese de la persecución, la liberación de los presos políticos y regresó de los exiliados", así como "abrir un canal para atender la emergencia humanitaria compleja que padece nuestro pueblo y de reinstitucionalizar los poderes públicos del país".
Representantes de ambas partes se reunieron ayer en Santo Domingo en un encuentro preparatorio para el de diciembre de este año.
En otro ámbito, ayer la ex fiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, pidió ante la Corte Penal Internacional (CPI) una "orden de arresto internacional" contra Maduro y varios de sus ministros por crímenes de lesa humanidad.
Luisa Ortega Díaz se reunió durante casi una hora y media con personal de la Fiscalía de la CPI para presentar "más de 1.000 elementos probatorios", entre ellos "reconocimientos médicos legales, reconocimientos psiquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas", según dijo a la prensa en La Haya.
Estas pruebas, recolectadas entre 2015 y 2017, demostrarían las responsabilidades del Gobierno en más de 8.000 asesinatos y en 17.000 detenciones arbitrarias, además de torturas y "un ataque sistemático y generalizado contra la población civil".
China considera que el acuerdo alcanzado entre los Gobiernos de Venezuela y Rusia para la reestructuración de la deuda de Caracas muestra "credibilidad"de parte del Ejecutivo venezolano. El vocero de la Cancillería china afirmó que "el Gobierno de Venezuela ha prometido pagar la deuda y ha convertido sus palabras en hechos". Sin embargo, evitó aclarar si China está dispuesta a negociar con Caracas una reestructuración similar de su deuda, que ascendería actualmente a unos US$ 23.000 millones.