Corea del Norte calificó ayer de "acto de guerra" las nuevas sanciones impuestas sobre el país por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y afirmó que seguirá adelante con el desarrollo de sus capacidades armamentísticas de "disuasión y autodefensa nuclear".

Pyongyang reaccionó así a la nueva ronda de medidas punitivas aprobadas el viernes en su contra por el Consejo de Seguridad de la ONU con las que se pretende intensificar aún más el aislamiento del país asiático, secar todas sus vías de financiación y forzarle a sentarse en la mesa de negociaciones.

Las sanciones suponen una "nueva vulneración de la soberanía nacional" y un "acto de guerra que viola la paz y la seguridad en la península coreana y en toda la región", señaló Pyongyang en un comunicado del vocero del Ministerio de Exteriores.

Corea del Norte centró sus críticas en Estados Unidos, al que responsabiliza de la situación de tensión sin precedentes que se ha alcanzado a lo largo de este año en la península coreana, y acusó a Washington de "amañar" la nueva resolución de la ONU y de llevar a la práctica "un bloqueo económico total" sobre Pyongyang.

Además, amenazó a los otros países que han votado a favor de la resolución con "pagar un alto precio" por apoyar las medidas impulsadas por Washington, que obtuvieron el respaldo unánime de los otros catorce miembros del Consejo de Seguridad, incluidos China y Rusia.

"EE.UU., completamente aterrorizado por nuestro histórico logro de completar la fuerza estatal nuclear, actúa con medidas cada vez más histéricas para imponer las mayores sanciones y presión posibles sobre nuestro país", se indica en el comunicado, recogido por la agencia estatal KCNA.

"Si EE.UU. desea vivir en paz, debería abandonar su política hostil contra la RPDC (República Popular Democrática de Corea, nombre oficial del país) y aprender a coexistir con un país que tiene armas nucleares", se añade.

No renuncia

La resolución 2397 endurece de forma importante las amplias medidas que ya están en vigor contra Pyongyang, en un intento por dificultar a Corea del Norte la financiación de sus programas armamentísticos y forzarle a negociar.

Según EE.UU., las nuevas sanciones supondrán un recorte del un 89% el acceso del régimen a gasolina, diesel y otros derivados del petróleo, además de un bloqueo aún mayor en caso de nuevos ensayos con misiles balísticos intercontinentales, como el efectuado a finales de noviembre.

En la víspera de su votación, Seúl dio la bienvenida a la resolución y afirmó que Pyongyang está abocado a "poner fin a sus provocaciones temerarias" y a aceptar "el camino del diálogo" propuesto por el Ejecutivo surcoreano y la comunidad internacional.

Pero está por ver si esta enésima ronda de medidas punitivas surte algún efecto real a la hora de cambiar el rumbo del régimen norcoreano, que ha respondido a anteriores paquetes de sanciones con nuevas pruebas armamentísticas.

Incluso, el régimen liderado por Kim Jong-un ya advirtió de que "continuará consolidando sus capacidades nucleares de disuasión y autodefensa, fundamentalmente dirigidas a erradicar las amenazas atómicas de EE. UU. y sus chantajes y movimientos hostiles, estableciendo así un equilibrio de fuerzas".

Corea del Norte insiste en su derecho a contar con armamento nuclear, lo que desde su óptica supone "el único camino" para frustrar "los intentos de lograr la hegemonía mundial" de Washington y de "imponer su política de América Primero".

Los dos principales partidos independentistas catalanes - JxCat y ERC - mostraron ayer diferencias sobre quién puede ser el candidato a presidente de esa región tras las elecciones autonómicas del pasado jueves.

Aunque el triunfo fue para el unionista Ciudadanos, con 37 escaños, los secesionistas controlarán el Parlamento autonómico gracias los 33 de JxCat y 32 de ERC, completados con los cuatro de otra formación independentista, la CUP, alcanzando la mayoría absoluta.

La intención de esos partidos es recuperar lo que llaman el "Gobierno legítimo", que presidía Carles Puigdemont y que fue destituido por el Ejecutivo español para restablecer la legalidad constitucional tras una declaración de independencia ilegal aprobada por el Parlamento autonómico el 27 de octubre.

El problema es que Puigdemont huyó a Bruselas pocos días después y allí, junto a otros cuatro ex consejeros de su Gabinete, elude la acción de la Justicia española, que le acusa de rebelión y sedición, y que ha dictado orden de detención en cuanto vuelva a España.

Puigdemont se comprometió a volver a España si ganaba las elecciones, pero en estos últimos días no ha aclarado sus intenciones y por eso ayer sus aliados y rivales electorales de ERC se han encargado de recordarle su promesa.

Así, el ex consejero de Justicia y diputado electo, Carles Mundó (ERC), ha asegurado que en el caso de que Puigdemont se quede en Bruselas para evitar la prisión el cargo lo podría asumir su ex vicepresidente, Oriol Junqueras, líder de ese partido.

"Encaja en la idea de gobierno legítimo que se ha planteado en todo momento", añadió Mundó, aunque Junqueras está en la cárcel desde hace semanas por las mismas acusaciones que enfrenta Puigdemont.

El 4 de enero Junqueras comparecerá ante el Tribunal Supremo para revisar su situación penal, por lo que podría dejar la cárcel de manera provisiones y quedar en libertad con medidas cautelares.

La respuesta de JxCAt la dio el ex consejero de Presidencia y también diputado, Jordi Turull, quien defendió la candidatura de Puigdemont y llamó a "no gastar energías con otras hipótesis" porque eso sería "una rendición".