María Alejandra Pino C.
Por tercera vez, la Contraloría General de República (CGR) se abstuvo de la toma de razón del Plano Regulador Comunal de Valdivia y generó nuevas observaciones a este instrumento de planificación territorial, cuyos estudios fundantes para su actualización datan de 2004.
El 1 de marzo pasado, el órgano contralor emitió su último pronunciamiento. De las observaciones que la Municipalidad debe resolver dos adquieren mayor relevancia. La primera, está asociada al Estudio de Riesgos y Protección Ambiental, el que define las zonas de riesgo presentes en el territorio urbano, con las cuales la Contraloría manifestó su discrepancia.
Ese estudio fue aprobado en 2008 por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomín), a través de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable que otorgó la Comisión Regional de Medio Ambiente en 2009.
En su segundo pronunciamiento -de 2016- la Contraloría ya había hecho esa observación, señalando que "en atención a los nuevos antecedentes proporcionados (…) cabe manifestar, en esta oportunidad, que no se advierte el sustento para que se elimine el riesgo de inundación y remoción en masa reconocido en el Estudio Fundado de Riesgos y Protección Ambiental".
Álvaro Palacios, asesor urbanista de la Municipalidad de Valdivia, afirmó que esa observación tiene que ver con un error de interpretación por parte de la CGR. "La Contraloría argumenta como referencia el mapa de riesgos de Sernageomín, que es de escala regional (1:100.000), una escala de planificación muy distinta a la escala de planificación urbana que es de 1:5000", precisó el profesional.
Esa disposición fue respondida por el municipio, "le dijimos a Contraloría que no habíamos incorporado nuevos antecedentes y que Sernageomín se había declarado conforme, lo que fue luego confirmado con la aprobación de la RCA", explicó Palacios. Sin embargo, según indica la Contraloría en su último pronunciamiento esa argumentación no es suficiente.
La vía para solucionar esa observación -informó- es solicitar a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo una reunión con la Contraloría General de la República para resolver la diferencia de interpretación.
Consulta indígena
Como segunda observación relevante, la Contraloría General de la República indica -por primera vez- que la Municipalidad debe consultar ante el organismo competente - la Subsecretaría de Desarrollo Social- la pertinencia de realizar una consulta indígena.
En el documento emanado, la CGR señala respecto de ese punto: "En cuanto al procedimiento de aprobación del PRC (Plano Regulador Comunal) en estudio, cabe indicar que los argumentos señalados en el oficio N° 1.416 de 2017, de la Municipalidad de Valdivia, no resultan suficientes para descartar la necesidad de una consulta indígena, ni se advierte la razón por la cual esa municipalidad no ha procedido en conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena, aprobado por el decreto N°66, de 2013, del Ministerio de Desarrollo Social".
Álvaro Palacios detalló que esa nueva observación surgió después que la Municipalidad respondiera al órgano contralor el segundo set de observaciones. "Comunidades indígenas de la costa impugnaron el instrumento directamente ante la Contraloría General en Santiago; ingresaron un oficio donde argumentaron que no fueron considerados", explicó.
En esa línea, precisó que la Contraloría, "en vez de ingresarlo como una observación formal, tal vez tardía después del segundo set de observaciones, lo hace llegar por fuera y lo ingresa como oficio para conocimiento al Gobierno Regional, desde donde fue derivado al Ministerio de Vivienda y, desde allí, a la Municipalidad".
Esta última informó mediante oficio los argumentos técnicos y jurídicos respecto de por qué no es procedente que a esta altura del proceso se pida una consulta indígena. "Las principales argumentaciones técnicas de por qué no afectamos a las comunidades indígenas son porque ya existe en la zona un plano regulador, no hay un aumento del límite urbano y porque se mantienen las vocaciones de los usos de suelo", señaló.
Desde el punto de vista jurídico, dijo que "si este reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena data de 2013, Contraloría pudo haber observado desde su primer pronunciamiento".
Pese a ello, Palacios enfatizó en que cumplirán con realizar la consulta de pertinencia frente al organismo competente.
ESFUERZOS
El alcalde Omar Sabat calificó como lamentable que luego de haber subsanado todas las observaciones hechas en el año 2014 y luego en el 2016, "ahora surjan nuevas observaciones, las que no habían sido informadas antes, porque finalmente esto sigue repercutiendo de manera negativa en nuestro territorio y sus habitantes", afirmó.
Asimismo, sostuvo que "queremos que la ciudadanía tenga plena certeza de que nuestros equipos técnicos están haciendo todo lo humanamente posible para sacar adelante este instrumento".
Además, planteó que "entendemos, al igual que todos, lo relevante que este instrumento es para el desarrollo de Valdivia y en especial para algunas zonas específicas. Lo que sí es importante tener presente, es que este no es un proceso netamente municipal, sino que también participan diversas instituciones".
En esa línea, Álvaro Palacios advirtió que debido a la extensión del proceso para actualizar el Plano Regulador Comunal, éste está expuesto a que se tenga que ir adaptando constantemente a las nuevas normativas y estándares, "ya pasó con la normativa ambiental; ahora, con la consulta indígena; entonces, ese es un riesgo que vamos a tener que evaluar como municipalidad en su conjunto para determinar los pasos a seguir", expresó y, ejemplificó con otra observación: "En su tercer pronunciamiento, la Contraloría observa también que no estamos reconociendo el Monumento Nacional Casa de la Memoria, cuya declaratoria se promulgó en junio de 2017, después de que la Municipalidad ingresara el tercer expediente del Plano Regulador Comunal a la Seremía de Vivienda (contraparte técnica de la municipalidad en este proceso)".