Hasta la Intendencia del Biobío llegó ayer el ministro del Interior, Andrés Chadwick, para encabezar el segundo Comité de Seguridad de la Zona Macro Sur, instancia que inauguró el Presidente Sebastián Piñera en La Araucanía en marzo pasado y que busca fortalecer el trabajo entre ambas policías y la Fiscalía.

Al encuentro asistieron los intendentes de Biobío, La Araucanía y Los Ríos, el general director de Carabineros, Hermes Soto; el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla; el jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia, Luis Masferrer; y el director general de la PDI, Héctor Espinoza.

Tras la instancia, Chadwick enfatizó que el objetivo del Gobierno es "combatir la acción terrorista que se produjo en la Zona Macro Sur del país, que cobra víctimas, que genera daño, temor e inseguridad y son, a juicio del Gobierno, acciones terroristas de acuerdo a la actual Ley Antiterrorista.

Con esa meta en el horizonte, el jefe del gabinete informó que durante el comité Carabineros, la PDI y la Fiscalía hicieron una serie de anuncios, los que serán evaluados en 30 días.

"Carabineros tiene un compromiso que ya se ha iniciado con la entrega ayer de 38 nuevos vehículos policiales adaptados a nuestros terrenos para efectos de mejorar los patrullajea y antes del 31 de octubre se entregarán 20 más, por lo que tendremos una dotación nueva de 58 vehículos más aquellos que se entregarán en Biobío y Los Ríos", detalló, según consignó "Soy Concepción".

Asimimo, el ministro comunicó que la institución se comprometió a formar una fuerza especial contra el terrorismo, que se instalará a contar de la próxima semana en la Zona Macro Sur y que "junto a su instalación se desarrollará también la implementación de esa fuerza, tanto en reforzar sus capacidades y en reforzar su logística y equipamiento".

Chadwick detalló que esta fuerza especializada estará integrada por personas con conocimientos o que hayan pasado por el GOPE de Carabineros.

El próximo encuentro del Comité de Seguridad será en Valdivia el 25 de mayo.

Tras el encuentro realizado en la región del Biobío, la gobernadora de Valdivia, María José Gatica, quien participó en representación del intendente César Asenjo, afirmó que "sin duda esta instancia fue muy positiva, puesto que el ministro detalló los avances que hemos tenido en materia de seguridad, pero lo mas importante es que se está tomando en cuenta la voz de las regiones. El combate a la delincuencia en todos sus aspectos es un compromiso de campaña y los avances demostrados en instancias como ésta nos reflejan que estamos cumpliendo", recordando que el viernes 25 de mayo, en Valdivia, se realizará la tercera reunión de la Mesa de Seguridad de la Macro Zona Sur.

Que el Gobierno continuará "con el proceso de reparación" a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, pero sin entregar plazos, aseguró ayer el ministro de Justicia Hernán Larraín, tras la polémica suscitada por el retiro por parte del Gobierno del proyecto que de ley que buscaba dar un aporte único a las víctimas de tortura y prisión política durante el régimen militar establecidas en la comisión Valech.

"Este proyecto, por lo que nos ha informado el Ministerio de Hacienda, no tiene proyección concreta. No hay una glosa presupuestaria referida al tema. Solo dice que este proyecto será financiado por el Ministerio del Trabajo y en lo que falte por el tesoro público, pero no hay una glosa presupuestaria. Por eso, dada a la estrechez fiscal, se nos ha señalado que no hay los recursos", comentó el ministro.

"Más allá de esa situación, el retirar el proyecto no significa que no seguiremos con el proceso de reparación. La voluntad de nuestro Gobierno es cumplir con las reparaciones", agregó, aunque recalcó que "no estoy en condiciones de dar un horizonte de tiempo" sobre una solución a este tema, ya que necesitan que el Ministerio de Hacienda entregue las pautas para avanzar.

En ese sentido, Larraín indicó que el Gobierno espera avanzar en temas de reparación no sólo por "temas del pasado", sino también en violaciones a los DD.HH. en la actualidad, como por ejemplo, contra menores o presos.

En el marco del retiro del proyecto fue que ocurrieron las polémicas declaraciones del diputado de la UDI Ignacio Urrutia, quien al intervenir el jueves llamó "terroristas" a las víctimas de violaciones a los DD.HH. durante el régimen militar. Sus declaraciones provocaron el rechazo de los parlamentarios de oposición y, en particular de la humanista Pamela Jiles, quien increpó y trató de agredir a Urrutia.

Ante la posibilidad de que esa tensión pueda afectar la política de acuerdos que intenta impulsar La Moneda, el titular de Justicia dijo que "espera que no", pero agregó que "desgraciadamente la situación que se produjo ayer en el Congreso alteró los ánimos, pero espero que sea algo excepcional, el propósito del Gobierno es mantener los acuerdos en los temas que son de interés del país, incluso este". Y respecto a la posibilidad de que el Gobierno respalde un proyecto de ley que sancione el negacionismo sobre lo ocurrido durante el régimen militar, Larraín señaló que "siempre hay que respetar la libertad de opinión de las personas, lo que es lamentable es la actitud de algunas personas que quieren desconocer la realidad de lo que pasó en Chile".

Interpelación a larraín

Por otro lado, las bancadas de diputados del PS, PPD-PRO y PC justificaron la necesidad de interpelar al ministro de Justicia, para que explique el retiro del proyecto de reparación a las víctimas de violaciones a los DD.HH. en dictadura.

"El retiro deja de manifiesto el comportamiento engañoso del ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien ante la propia comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados solicitó, durante la tramitación del proyecto, un plazo para el estudio de la iniciativa", manifestaron a través de una declaración pública.

El texto agrega que "los infructuosos intentos por parte del oficialismo -en particular la UDI- por dilatar la votación en general y en particular del proyecto, despachado de la Comisión de Derechos Humanos el miércoles 18 de abril, se condicen con la intempestiva decisión adoptada por el ministro Larraín, también UDI".

"La actitud del Gobierno, además de constituir un agravio a las víctimas de la dictadura cívico militar, constituye un grave incumplimiento a las obligaciones internacionales de Chile en materia de Derechos Humanos", enfatizaron.