La organización terrorista ETA reconoció ayer el "daño causado" a las víctimas -más de 850 muertos- y asegura que "lo siente de veras", a quince días de su anunciada disolución tras casi sesenta años de existencia, aunque políticos y damnificados critican que distinga entre víctimas.

La banda terrorista hizo público ayer un comunicado a través de dos diarios vascos en el que expresó su pesar por el dolor provocado a todos los afectados por sus acciones y pidió "perdón" expresamente a las víctimas que no estaban relacionadas "directamente" con lo que ellos califican de "conflicto".

Ante esto, el Gobierno español subrayó que se mantiene al lado de las víctimas, donde ha estado "siempre", insistió su vocero, Íñigo Méndez de Vigo, quien garantizó que el "relato" final de lo ocurrido "no será el de ETA".

El comunicado, a juicio del portavoz, "certifica la derrota total de ETA, la derrota política, la derrota social, la derrota económica, la derrota internacional".

En el texto, la organización terrorista afirma: "Sabemos que, obligados por las necesidades de todo tipo de la lucha armada, nuestra actuación ha perjudicado a ciudadanos y ciudadanas sin responsabilidad alguna. También hemos provocado graves daños que no tienen vuelta atrás".

"A estas personas y a sus familiares les pedimos perdón. Estas palabras no solucionarán lo sucedido ni mitigarán tanto dolor", agrega. Esta distinción ha provocado la crítica de partidos y asociaciones de víctimas, al considerar que la banda distingue entre ellas.

En este sentido, el presidente del Gobierno vasco, Íñigo Urkullu, pidió ayer a ETA que tenga "en la misma consideración" a todas las víctimas y reconozca el daño injusto causado por su actividad.

La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), Mari Mar Blanco, calificó de "vergonzoso e inmoral" que ETA distinga entre "quienes se merecían un tiro en la nuca y una bomba en el coche y quienes fueron víctimas por casualidad porque no se lo merecían".

El príncipe Charles de Inglaterra sucederá a su madre, la reina Elizabeth II, como líder del Commonwealth cuando ésta fallezca, según acordaron ayer en Windsor, al oeste de Londres, los dirigentes de los 53 países que integran esa mancomunidad de naciones.

El jueves, la soberana británica les había pedido que eligieran a Charles como su sucesor, en un acto en el Palacio de Buckingham, durante la ceremonia de inauguración de la cumbre bianual de la Mancomunidad de Naciones.

La Reina reconoció su "deseo" de que "un día el Príncipe de Gales siga desempeñando el importante trabajo" que comenzó su padre, el Rey George VI, en 1949, y que desde 1952 desempeña ella.

Se trata de un puesto no hereditario, por lo que cuando muera la soberana británica, que hoy cumple 92 años, no habría pasado de forma automática a su heredero, el Príncipe Charles.

La decisión de quién debía suceder a la Reina era potestad de los países de la Commonweatlh, que reunidos ayer en el Castillo de Windsor acordaron que el puesto pase a su primogénito, quien ya se acerca a los 70 años.

La Mancomunidad de Naciones está integrada actualmente por 53 países, casi todos ellos con fuertes vínculos históricos con el Reino Unido.

Esa organización, tras el referéndum del pasado 23 de junio de 2016 en el que el Reino Unido votó salir de la Unión Europea, recobra importancia, por la libertad de la que gozará este país para adoptar acuerdos comerciales con los países miembros.

En este sentido, el ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, anunció el jueves la apertura de nuevos puestos diplomáticos en nueve países de la Commonwealth. Según el ministro británico, el Reino Unido tiene una de las "huellas diplomáticas más grandes del mundo" y su red exterior es "fundamental para promover" el interés nacional, "particularmente después del brexit".

Matías Jullian Velásquez /Efe

El Partido Demócrata presentó ayer una demanda multimillonaria en contra del Gobierno ruso, la campaña de Donald Trump y WikiLeaks, a los que acusa de conspirar para interferir en las elecciones de 2016 en perjuicio de su candidata, Hillary Clinton.

La demanda, presentada por el Comité Nacional Demócrata (DNC) ante un tribunal federal neoyorquino, en el centro de Manhattan, alega que altos responsables de la campaña de Trump se confabularon con el Kremlin y su agencia de espionaje militar para perjudicar a Clinton y favorecer al candidato republicano y ahora Presidente de Estados Unidos.

"En la campaña presidencial de 2016, Rusia lanzó un asalto total a nuestra democracia y encontró un socio voluntario y activo en la campaña de Donald Trump", aseguró el presidente del DNC, Tom Pérez, en un comunicado.

Según Pérez, eso constituyó "un acto de traición sin precedentes" en Estados Unidos, ya que nunca antes había ocurrido que la campaña de un candidato estableciera una "alianza con una potencia extranjera hostil para reforzar sus oportunidades de ganar la Presidencia".

La demanda del Partido Demócrata coincide con la investigación independiente que lleva a cabo el fiscal especial Robert Mueller para determinar el alcance de la injerencia rusa en las pasadas elecciones, acreditada por los servicios de inteligencia del país, y si hubo o no complicidad con la campaña de Trump.

La interferencia del Kre-mlin, a través de la divulgación de documentos del Partido Demócrata filtrados por piratas informáticos rusos y por WikiLeaks, supuso una conspiración ilegal que perjudicó gravemente las aspiraciones de Clinton, según reza la demanda.

Desmentido

En la madrugada de ayer, en reacción a la publicación de unos memorandos del ex director del FBI James Comey sobre sus reuniones con él, Trump calificó de nuevo como "caza de brujas" las investigaciones del fiscal especial Mueller sobre este caso, conocido como la trama rusa.

"Los memorandos de Comey acaban de salir y muestran claramente que NO HABÍA CONFABULACIÓN y NO OBSTRUCCIÓN. También, que filtró información clasificada. ¡WOW! ¿Continuará la caza de brujas?", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Los republicanos del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes emitieron, el mes pasado, un informe en el que dijeron que no encontraron pruebas de que Trump y su campaña se confabularan con Rusia para influir en las elecciones, aunque los demócratas de ese mismo comité emitieron un documento contrario.