"(…) aquí uno lo que menos tiene que tener es inhibición, sino humildad y entereza de poder enfrentar cualquier tipo de argumento…"
Ministro de Salud Emilio Santelices — Por posible acusación constitucional
"Ningún país en este órgano actuaría con mayor moderación…"
— Embajadora Nikki Haley, ante Onu — Por ataque de Israel en GazaRetomar el camino de la calidad, accesibilidad y seguridad de los medicamentos, es un eje de salud pública al que el gobierno debe dar un impulso preferente y urgente. En 2013, en el primer mandato del Presidente Piñera, se dieron pasos gigantescos con la Ley de Fármacos I. El escenario con que nos encontramos entonces era desalentador. Un estudio del Instituto de Salud Pública ese año demostraba que el 55% del gasto mensual en salud de una familia se iba a la compra de medicamentos, y aumentaba conforme era peor la condición socioeconómica; las mujeres consumían en promedio más medicamentos que los hombres; y el consumo se duplicaba en la tercera edad.
Por otro lado, estudios como Casen (2010) evidenciaban que la mitad de los pacientes con prescripciones debían pagar al menos por uno de ellos. Y si bien había acceso gratuito a algunos, el 33% de la población debía comprar todos los medicamentos. Por eso entre 2010 y 2013 el Estado impulsó una política regulatoria nacional que innovó en materias como la bioequivalencia, esto es, fármacos genéricos de igual calidad y efecto terapéutico que uno de marca, demostrado mediante estudios. Son fármacos potencialmente más baratos que los originales pero igualmente seguros y eficaces.
Sin embargo, el gobierno de Bachelet, al abandonar la bioequivalencia para priorizar el desmantelamiento ideológico de proyectos hospitalarios en 2014, trajo como consecuencia un retroceso en la baja de precios, uno de los más esperados efectos por aquella medida.
De ahí la importancia del anuncio de los últimos días, la Ley de Fármacos II. Esta incluye retomar la bioequivalencia, pero también la obligación de los laboratorios y farmacias de informar los precios; facilidades a farmacias y almacenes farmacéuticos, especialmente donde no los hay; la venta de productos de alta demanda que no requieren receta médica en supermercados; y robustecer el sistema de importaciones vía Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast).
A la fecha, de todo el universo de productos farmacéuticos con registro sanitario, sólo un 25% ha demostrado equivalencia terapéutica, por lo que hay un enorme espacio aún para crecer. Y si se toma en cuenta que de aproximadamente 1.600 productos farmacéuticos bioequivalentes registrados, el 80% fueron impulsados por decreto ministerial y sólo un 20% voluntario, no queda duda que el rol estatal es clave para el éxito.
Bernardo Berger Fett
Diputado
"El problema con las universidades en Chile es que siguen intervenidas y administradas con un criterio economicista". Con estas palabras se refirió al conflicto que hoy enfrenta la Uach el obispo de Valdivia, monseñor Alejandro Jiménez, quien pidió a la comunidad universitaria velar por la verdadera formación de las personas.
El docente e investigador de la Universidad Austral de Chile Hugo Campos Cereceda falleció ayer en Coyhaique, donde supervisaba temporalmente algunos proyectos de la Facultad de Ciencias en esa zona. El destacado académico estaba casado con Lucy Berkhoff, directora del Cine Club de la Uach, con quien tenía tres hijos.
La ministra de Bienes Nacionales Romy Schmidt encabezó la ceremonia de traspaso del terreno del ex Batallón Logístico, donde se construirá el futuro Centro Cívico de Valdivia. En la ceremonia el general Antonio Aguilar, comandante en jefe de la Tercera División de Ejército, hizo entrega oficial del recinto al ministerio.
Hace pocos días la municipalidad de Valdivia firmó con Gendarmería un convenio para permitir que personas condenadas por faltas menores puedan realizar trabajo comunitario, como pena sustitutiva a la reclusión o al pago de multas.
Se trata de una iniciativa contemplada en la Ley Nº20603, del año 2012, que busca disminuir el hacinamiento en los recintos penales, evitar el contacto de personas que delinquen por primera vez con los ambientes carcelarios y facilitar una verdadera reinserción, algo que no se alcanza con las penas que privan de libertad. Se aplica mediante acuerdos entre instituciones de beneficio público, tiene un régimen acorde con la falta cometida y con la legislación vigente (no se puede trabajar más de 8 horas, por ejemplo) y es supervisado por Gendarmería.
El servicio comunitario es una de las opciones que permite el llamado "Sistema Abierto" de atención penitenciaria y en Los Ríos, de acuerdo a estadísticas de 2016, tiene a 923 hombres y 117 mujeres que cumplen sus condenas de esta forma, en virtud de 27 convenios ya establecidos. A nivel nacional son más de 48 mil las personas en esta condición.
En Valdivia quienes reciban este beneficio -que debe ser determinado por el Tribunal- podrán desempeñarse en áreas de aseo, ornato y mantención, tanto en la ciudad como en el área costera, a cargo de la delegación de Niebla. Podrán efectuar mantención de jardines, limpieza de calles, reparación de mobiliario, entre otras labores que se requieran.
Además, para acogerse a la modalidad deberán cumplir varios requisitos: no tener condenas mayores a 300 días; no tener antecedentes penales; manifestar la voluntad de cumplir los requisitos (si no lo hace es penado y debe someterse a reclusión) y desarrollar una labor de desempeño acorde a lo esperado, porque su trabajo será evaluado por supervisores asignados.
La implementación de estas medidas ha sido exitosa en otras comunas del país y se espera lo mismo a nivel local, asumiendo que la meta es que los infractores realicen acciones concretas para reparar el daño causado con su delito, pero además tengan la oportunidad de cambiar efectivamente sus conductas.