La tecnología está dejando el nido y transformando cada industria. La economía del futuro estará construida en torno a los datos. Estos serán el petróleo del SXXI. No dará lo mismo por tanto, qué datos recabo, con qué certeza, y en qué cantidad.

Mientras el mundo está en esta carrera tecnológica sin tregua, dominada por EE.UU. y con China ganando espacio a pasos agigantados, pareciera que en Chile las cosas van mucho más lento. Uno de los mayores atrasos está en la gestión de los documentos dentro de las organizaciones y en el Estado en particular.

Si tuviésemos este problema resuelto, podríamos conocer en detalle el comportamiento de los trámites del Estado, así como también ofrecer un mucho mejor servicio a los ciudadanos y personas jurídicas que interactúan con él.

Las leyes de archivo son las que regulan el ciclo documental, es decir, desde que los documentos nacen hasta que mueren, establece cuál será su destino y garantiza su fiabilidad. El gran problema es que estas leyes en Chile son de 1929 y no resuelven los problemas actuales. Es fundamental, por ejemplo, que un funcionario del Estado conozca dónde deberá terminar y qué trato habrá que darle a un documento que está generando digitalmente. Muchas veces el documento se imprime y ahí empieza el riesgo de contar con versiones físicas y electrónicas del mismo documento dificultando asegurar cual es el documento final que alimente un determinado proceso.

La mayoría de los países latinoamericanos han renovado sus leyes de archivo los últimos 10 años. Chile está en el grupo de los más atrasados. El problema es que la confusión jurídica es tal que en nuestro sistema el Archivo Nacional hasta hace muy poco, no tenía capacidad para recibir documentos en formato electrónico en sus procesos de transferencia documental, por tanto, había que imprimir documentos.

Otro de los aspectos que es vital considerar, es empoderar al Archivo Nacional como el ente a cargo de coordinar la Gestión Documental, estableciendo criterios para metadatos, definiendo qué documentos se guardan y cuáles se expurgan.

Tenemos un desafío importante en la gestión del Estado a futuro, el que no podremos sobrellevar si no nos hacemos cargo de arreglar el problema documental del Estado.

Victoria Hurtado

La décima edición del Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe, organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y con participación de ministros y líderes de organizaciones internacionales, debate hoy en París (Francia) la puesta en marcha de una batería de medidas para que los ciudadanos confíen en las instituciones.

Según informó la entidad, esta edición se centrará en la importancia de "recomponer el nexo entre Estados-Ciudadanos-Mercado a través del fortalecimiento de las instituciones que logren Gobiernos más eficientes, transparentes y capaces de responder a las demandas ciudadanas".

En perspectiva

De acuerdo con el informe de la OCDE de perspectivas para 2018 para la región, la confianza de los ciudadanos en las instituciones, tradicionalmente baja en la zona, se ha deteriorado, y la población que tiene poca o ninguna confianza en el Gobierno alcanzó el 75% en 2017, 20 puntos porcentuales más que en 2010.

Para aportar soluciones que sirvan a invertir esta tendencia, acudirán al Centro de conferencias Pierres Mendès France en París el ministro de Economía y Finanzas de Perú, David Tuesta; el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, Isidoro Santana; y la ministra de Finanzas de Paraguay, Lea Giménez.

Los tres países ya están adheridos al Centro de Desarrollo de la OCDE, que promueve el apoyo a una agenda de reformas y crecimiento inclusivo y considerada la antesala para su admisión en el club de países de alto desarrollo económico, actualmente con 37 miembros.

Chile, en el club

La región de América Latina y Caribe cuenta con tres miembros de pleno derecho en la organización: Chile, México y, desde el viernes pasado, Colombia, mientras Costa Rica apura las negociaciones para su ingreso.

Según los analistas, una entrada en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico convierte a un país en más atractivo para las inversiones extranjeras.

El ingreso de colombia

El 30 de mayo en París, se llevará a cabo una reunión para oficializar la integración de Colombia. Al evento asistirán el Presidente Juan Manuel Santos y el secretario general Ángel Gurria.

En un comunicado, la organización señaló que como parte del proceso de adhesión Colombia se sometió a varias evaluaciones realizadas por 23 Comités de la OCDE. El país debió realizar reformas para alinear su legislación, políticas y prácticas con los estándares del organismo. Entre otras, hizo ajustes en materia laboral, del sistema judicial, de gobernanza corporativa de las empresas públicas, de lucha contra el cohecho y el ámbito del comercio, e introdujo nuevas políticas a nivel nacional sobre productos químicos industriales y gestión de residuos.

El foro de esta jornada, cuyo anfitrión será el ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, servirá también para examinar las perspectivas macroeconómicas en la región.

Asimismo, se debatirá las maneras de "promover una globalización inclusiva y sostenible para asegurar que las economías de América Latina y el Caribe sigan la senda de la recuperación económica tras un periodo de recesión", adelantó la OCDE.

Instituciones invitadas

Las instituciones internacionales también enriquecerán el debate con sus experiencias.

Además de la intervención del secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, participará el vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Santiago Levy; y la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena.

También estará representada la Unión Europea con la directora de Cooperación para América Latina y Caribe de la Comisión Europea, Jolita Butkeviciene, y la sociedad civil con la presidente de la ONG Transparencia Internacional, Delia Ferreira. De las empresas tendrá la palabra Enrique Medina Mal, director de Políticas Públicas de Telefónica.