Luego de tres años de investigación, ayer comenzó en el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua el juicio oral contra los socios de Caval, Natalia Compagnon y Mauricio Valero, por las presuntas irregularidades en la compra y venta de terrenos en Machalí, en la Región de O'Higgins.

En este caso, el Ministerio Público pide penas de cuatro años de presidio para Compagnon y de ocho años para Valero, en un juicio que podría extenderse por tres semanas.

En los alegatos de apertura, el fiscal Sergio Moya y la fiscal Marcia Allendes aseguraron que la nuera de la ex Presidenta Michelle Bachelet utilizó la imagen de su suegra como carta de presentación.

"Por qué no decirlo. Es un hecho público y notorio conocido por todos en este país: la acusada Natalia Compagnon abusó y usó sus lazos familiares sin consentimiento, en este caso, de la máxima autoridad de este país en ese tiempo", dijo la persecutora. "Ella era la persona que hacía los contactos para esta empresa, ella traía los contactos", agregó.

Moya dijo que él mismo había dirigido una diligencia con Bachelet y que eso le permitió llegar a la conclusión de que la esposa del hijo de la ex Mandataria, Sebastián Dávalos, había utilizado la imagen presidencial sin el consentimiento de su suegra.

El persecutor remarcó que en el año 2012, cuando Caval cerró varios de los negocios que han sido indagados, "no tenían ninguna presencia en negocios de gran envergadura y facturaron miles y millones de pesos", argumentando que "eso se debió a que se empleó el nombre de la Presidenta de la República como su carta de presentación".

Defensa uso político

Tras la primera jornada del juicio oral, el abogado defensor de Compagnon, Carlos Fierro, aseguró que existe una motivación política en el juicio en contra de su representada.

"Encontramos absolutamente desproporcionados los alegatos de apertura (...) porque se establecen marcos afirmativos que son absolutamente fuera de criterio como, por ejemplo, que se hizo uso y abuso de las relaciones familiares que mi representada pudo haber tenido con la máxima autoridad de este país", dijo.

"Eso demuestra algo que nosotros venimos (afirmando) junto con la defensa compartida con Antonio Garafulic en los últimos tres años: Este juicio mediático tiene más bien caracteres políticos que jurisdiccionales", añadió.

"Allí las propias argumentaciones que se han escuchado por parte del Ministerio Público son en relación a carácter político más bien que a cargos por los supuestos delitos que aquí se investigan", concluyó el jurista.

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó ayer a presidio perpetuo simple a dos de los tres imputados que fueron declarados culpables del delito de incendio terrorista con resultado de muerte por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, ocurrido en enero de 2013.

Se trata de Luis Tralcal y José Tralcal, quienes deberán pasar un mínimo de 20 años en la cárcel antes de recibir cualquier beneficio penitenciario. En el juicio, la fiscalía regional de La Araucanía había pedido una pena de presidio perpetuo calificado, es decir, un mínimo de 40 años.

El tercer condenado por el caso fue José Peralino, quien fue sentenciado a una pena de cinco años de presidio menor, que cumplirá fuera de la cárcel, luego de que fuera sustituida por la pena de libertad vigilada, considerando su rol que jugó en la investigación como "delator compensado" y que ya ha cumplido cerca de tres años de presidio.

La defensa de los tres condenados anunció que recurrirá de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Temuco.

El abogado defensor Pablo Ortega comentó que "creemos que eso demuestra ya una gran falta de imparcialidad de parte de estos jueces; por lo tanto, una de las causales de nulidad sin duda va a ser la falta de imparcialidad".

Gobierno "satisfecho"

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, se mostró satisfecho con la sentencia, que afirmó que es "un fuerte y un duro golpe a la acción terrorista de uno de los delitos y crímenes más crueles que hemos conocido".

"Creo que es un duro golpe al terrorismo y una potente señal para todos aquellos que pretenden usar la acción violenta, la acción terrorista para sus propios intereses; un duro golpe, eficaz, una buena señal para todos aquellos que están participando en acciones terroristas. Así, que en ese sentido, el Gobierno está satisfecho y ve con una visión muy positiva esta sentencia", agregó.

Carolina Collins

Tal como lo había adelantado en la Cuenta Pública, cuando dijo que "comprar un auto robado equivale a robarlo", el Presidente Sebastián Piñera firmó ayer el proyecto que modifica las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados, o de los bienes al interior de éstos, denominado como ley "antiportonazos".

"Sabemos que llegó el tiempo de poner orden en nuestra casa, ya son demasiadas las muertes, la violencia desatada, las familias y ciudadanos aterrorizados, los policías agredidos o asesinados", dijo el Mandatario, que presentó este proyecto que se enmarca en los cinco acuerdos que busca el Gobierno, uno de ellos en materia de seguridad.

En ese contexto, el Mandatario enfatizó que "hoy damos un paso más, que no es el primero ni va a ser el último para darle mayor eficacia y contundencia a la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, firmando el proyecto de ley antiportonazos".

Las medidas del proyecto

Entre las medidas que incorpora el proyecto, está el aumento de la pena al receptador de un vehículo robado a presidio mayor en su grado mínimo (de 5 años y un día a 10 años) y multa de 10 a 20 UTM.

El proyecto crea un registro público de vehículos motorizados, alojado en un sitio web de libre acceso de Carabineros y el Ministerio del Interior, donde se dará cuenta de los automóviles que hayan sido robados o hurtados, lo que a su vez implica que quienes compren vehículos robados no podrán excusarse alegando que desconocían el origen ilegal del bien adquirido.

"El aumento de la penalidad propuesto hace que este delito alcance el estatus de crimen, lo que deja al con enado fuera del beneficio de penas sustitutivas y se equipara al tramo inferior del delito de robo con violencia o intimidación", pronunció el Presidente en la firma del proyecto, ceremonia en la que lo acompañó el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Otras sanciones

El proyecto también propone sancionar como robo la apropiación de un vehículo mediante sorpresa o valiéndose de la distracción de la víctima al momento en que ésta se apreste a ingresar o hacer abandono de su domicilio, acto conocido como "portonazo", con una pena presidio menor en su grado máximo, que va de 3 años y un día a cinco años.

Además se establecerá como robo con intimidación la fractura de vidrios de vehículos para apropiarse u obtener su entrega o la de bienes al interior de éste, siempre que existan personas al interior, aplicándose la misma pena que el portonazo, que es de cinco a 20 años.

Y se sancionará la apropiación de bienes que se encuentren al interior de vehículos, mediante la fractura de vidrios, como robo con fuerza, con presidio menor en sus grados medio a máximo (541 días a 5 años).

Piñera además insistió en la necesidad de endurecer la ley penal adolescente, y enfatizó que debe existir una mejor coordinación entre las policías, los fiscales y los tribunales. También dijo que esperan revivir el Plan Frontera Norte, que lanzó en su primer Gobierno para combatir el narcotráfico.