Carolina Collins

Luego de que la Contraloría General de la República informara que estaba indagando el destino de más de $23 mil millones de la Dirección de Bienestar de Carabineros (Dibicar), desde la institución negaron ayer un nuevo fraude y aseguraron que la quema de la documentación que respaldaba esos gastos se hizo según norma.

El contralor Jorge Bermúdez dio a conocer, el martes, que el ente fiscalizador había detectado la destrucción de documentos, ausencia de contabilidad y desaparición de $23 mil millones al interior de la Dibicar.

La información fue entregada por Bermúdez en la primera sesión de la comisión investigadora por eventuales irregularidades en las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad y las mutualidades, donde expuso que la ausencia de contabilidad daba cuenta de "un desorden mayor" que es indicador de "una situación de corrupción mayor".

El contralor detalló que el trabajo que hizo el equipo auditor fue de "reconstrucción de la información", porque la mayor parte de ésta estaba destruida.

Los antecedentes fueron enviados por la Contraloría al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el fiscal Eugenio Campos, quien indaga el fraude de $28 mil millones, confirmó que indaga a la Dibicar y la Mutualidad de Carabineros desde 2017.

Inversión en propiedades

El general Mario Rozas, jefe de la Dibicar, negó que hubiera dolo en la destrucción de documentos y explicó que el dinero en cuestión se habría invertido en propiedades para funcionarios.

El uniformado detalló que durante nueve meses del año pasado, personal de la Contraloría llegó hasta la Dibicar para revisar toda la información relativa a 2016 y 2017. "Los inspectores de esta unidad comenzaron a auditar otros años y llegaron hasta 1991. Y efectivamente se encontraron algunas observaciones, pero todas esas observaciones, en cuanto al monto, se justificaron", dijo Rozas.

Rozas señaló que se presentaron "las escrituras, documentos bancarios y de pago que acreditan que esa cifra de dinero estaría justificado con propiedades que básicamente son conjuntos habitacionales y centros recreacionales para nuestros carabineros y sus familias".

Sobre la destrucción de documentos dijo que no hay "dolo", porque la norma habla de la mantención, conservación y destrucción de la documentación. "Y documentación antigua del año '91 al 2005, incluso la actual, también está inserta dentro de este reglamento", aseguró.

Tras los cuestionamientos a la comisión encargada por el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, para recibir las denuncias que no alcanzaron a registrar los enviados papales durante su paso por Chile, la coordinadora del Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento a las Víctimas de la Conferencia Episcopal de Chile, Pilar Ramírez, garantizó la gestión de la instancia.

Ramírez dijo, en entrevista con "Cooperativa", que la entidad que conforma junto a otros integrantes de la comisión de la Conferencia Episcopal le reportará todo a monseñor Scicluna.

"Nosotros entendemos muy bien que esto pueda no satisfacer, (pero) así es como lo determinó y como lo encargó monseñor Scicluna y, en ese sentido, nosotros sí damos garantías en términos de que éste es un encargo de monseñor Scicluna, a quien vamos a reportar cada una de las cosas que lleguen y vamos a tenerlo informado periódicamente", dijo Pilar Ramírez al medio antes citado.

La comisión está integrada por los miembros del Consejo Nacional de Prevención de Abusos, además del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, y la canonista Ana María Celis, lo que fue criticado por algunos denunciantes de abusos al interior de la Iglesia Católica.

Ramírez explicó que la comisión funcionará de manera transitoria, ya que se hará cargo de todas las personas que el arzobispo de Malta y el sacerdote español Jordi Bertomeu no pudieron atender.

"El cómo va a seguir o el qué va a seguir, probablemente habrá que analizarlo según la necesidad", sostuvo. "Tanto el Consejo como las personas que vamos a hacer esta labor nunca vamos a negar recibir a alguien que necesite esta ayuda", agregó.

Enfatizó que, aunque darán asesoría a los denunciantes, serán ellos quienes deberán acudir a la justicia. "Quien instala la denuncia es el propio demandante, es la propia persona (afectada), nosotros lo que hacemos es brindarle el apoyo que requiera para hacer eso y, además, hacerle presente lo importante de que haga esa denuncia, pero no somos nosotros quienes vamos a adueñarnos del relato de las personas para pasarlos a la Fiscalía", recalcó Ramírez.