El Partido Comunista de Brasil (PC do B) desistió de la candidatura presidencial de la ex diputada y periodista Manuela d'Ávila, quien se vincula al Partido de los Trabajadores (PT), para impulsar el nombre de Luiz Inácio Lula da Silva en los comicios de octubre próximo.

La decisión fue el resultado de las negociaciones celebradas el domingo entre el PC do B y el PT, que acordaron que D'Ávila viajará por el país junto con Fernando Haddad, elegido como fórmula vicepresidencial de Lula, y hará campaña en su nombre, ya que el ex Mandatario sigue en prisión tras haber sido condenado a 12 años por corrupción pasiva y lavado de dinero.

La candidatura de D'Ávila había sido oficializada el pasado miércoles por el PC do B, que entonces dijo que no secundaría la decisión del PT de postular nuevamente a Lula. No obstante, y tras una larga jornada de negociaciones, en la madrugada de ayer la colectividad desistió de su decisión tras llegar a un acuerdo con el PT, partido con el que ahora conforma una coalición para la disputa presidencial.

Aunque no se ha confirmado oficialmente, se dice que Haddad podría incluso reemplazar a Lula si este fuera vetado por la Justicia y que entonces su lugar como aspirante a vicepresidente sería ocupado por la propia D'Ávila.

El canciller Roberto Ampuero se refirió ayer al presunto atentado que sufrió el sábado durante un acto con las Fuerzas Armadas el Presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, asegurando que "Chile quiere expresar su más enérgico rechazo a cualquier acto de violencia, venga de donde venga, y sea cual sea su intención y motivación".

Desde Canadá, el ministro de Relaciones Exteriores, eso sí, subrayó la necesidad de que Caracas presente pruebas de las acusaciones realizadas, luego de sindicar al saliente Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de estar detrás del supuesto ataque.

"El Gobierno de Chile espera que el Gobierno de Venezuela explique y dé pruebas de las aseveración que ha hecho respecto a los presuntos responsables de estos hechos", dijo, agregando que "Chile cree que no es lo más cauto acusar de forma inmediata a Gobiernos de la región".

Las palabras del canciller fueron secundadas por el presidente de RN, Mario Desbordes, quien señaló que es "tan burdo lo que hemos visto en las imágenes de televisión. Para este Gobierno, tiene una cara de montaje increíble (...) A mí, por lo menos, me parece un autoatentado".

Niega participación

Por otro lado, Santos rechazó ayer cualquier participación en el supuesto ataque, asegurando que "el sábado estaba en unas cosas mucho más importantes, estaba bautizando a mi nieta".

A pesar de esto, Caracas -ciudad en la que ayer marcharon miles de personas en apoyo a Maduro- señaló a través de un comunicado de su Cancillería que "hacemos responsable al Gobierno de Colombia de cualquier nueva agresión o intento de propiciar cualquier provocación".

Asimismo, fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que "se han identificado a todos los autores materiales del hecho y sus colaboradores inmediatos", los que serán imputados por los delitos de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración, homicidio frustrado, entre otros.

Matías Jullian V. /Agencias

Dos de los empresarios sospechosos de integrar lo que apunta a ser una de las mayores tramas de corrupción que se recuerden en Argentina admitieron ayer ante la Justicia el pago de sobornos a ex funcionarios de Gobiernos kirchneristas para "campañas electorales" a cambio de realizar obras públicas.

Se trata de Juan Carlos de Goycoechea, ex director regional en Argentina de la firma de ingeniería y construcción española Isolux Corsán, y Ángelo Calcaterra, dueño de la constructora Iecsa hasta marzo de 2017 y primo del actual Mandatario trasandino, Mauricio Macri.

Además de ellos, declararon como "imputados arrepentidos" -figura legal que otorga beneficios penales para los acusados que reconozcan los hechos y colaboren con la Justicia- Óscar Centeno, el chofer cuyos apuntes dieron inicio a la investigación que conduce el fiscal Carlos Stornelli, y el ex director ejecutivo de Iecsa, Héctor Javier Sánchez Caballero.

Sobornos

De Goycoechea afirmó que durante el mandato de la ex Presidenta Cristina Fernández (quien está citada a declarar como investigada en esta causa el próximo lunes) realizó varios pagos de "cientos de miles de dólares" a funcionarios para "campañas".

"Se sobreentendía que si no pagaba le frenaban los pagos para obras", dijo al canal América Juan Araoz de Lamadrid, abogado del empresario, quien en su declaración ante el juez Claudio Bonadio aseguró que aportó esos fondos presionado por las circunstancias y no los consideró sobornos.

En el caso de Calcaterra, el primo de Macri se presentó voluntariamente ante Bonadio y reconoció que fue presionado por funcionarios de la gestión de Fernández (2007-2015) para aportar dinero a las campañas electorales del kirchnerista Frente para la Victoria en 2013 y 2015.

"cambio profundo"

Tras casi una semana de terremoto político en la que no han cesado los arrestos y allanamientos, las miradas apuntaron ayer también hacia el Presidente Macri, quien aunque no se pronunció sobre la situación de su primo, aplaudió en una entrevista que haya "salido a la luz" el escándalo de la red de sobornos y opinó que significa "un cambio profundo" en la sociedad.

Acerca de la petición del juez del caso para retirar los fueros parlamentarios a Cristina Fernández para poder detenerla, Macri expuso que están "a la espera del peronismo", ya que son necesarios sus votos para aprobar el desafuero en el Senado.

Esta fuerza política, sin embargo, ya avanzó su negativa hasta que no haya una condena firme, una posición que, según el Mandatario, "a muchos les cuesta entender".

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró ayer que está "abierto" a alcanzar un nuevo acuerdo "más amplio" con Irán que no se limite a su programa nuclear y que englobe todas "las actividades malignas" del Gobierno de Hasan Rohaní, incluyendo sus actividades en otros países de la región.

El Mandatario hizo estas declaraciones tras firmar ayer una orden ejecutiva para reanudar las sanciones contra Irán como fruto de su decisión de mayo de retirar se del acuerdo nuclear suscrito en 2015 por Irán y el G5+1, integrado por Rusia, China, Reino Unido, Francia, Alemania y EE.UU.

Estas sanciones, que entran en vigor a partir de esta madrugada, penalizarán de nuevo el comercio de oro, metales preciosos y otros, entre los que se incluye el aluminio y el acero, reimpondrá sanciones al sector automotriz de Irán y prohibirá las transacciones financieras relacionadas con el sistema de ferrocarriles.

Asimismo, EE.UU. impedirá que Irán adquiera dólares estadounidenses e impondrá sanciones a aquellos que compren o faciliten la emisión de deuda soberana iraní.

Funcionarios estadounidenses explicaron que el objetivo de estas sanciones es doble: forzar a Teherán a negociar otro acuerdo y cambiar su "comportamiento".

Ante esto, el Presidente iraní, Hasan Rohaní, afirmó que "no se puede negociar al mismo tiempo que hay sanciones", calificando la postura de Washington de "contradictoria".

"El que habla de negociaciones tiene que demostrar que quiere solucionar algo con las negociaciones", subrayó Rohaní, quien exigió "honestidad" a EE.UU. y denunció que ha sido ese país el que "no ha cumplido con sus obligaciones y se ha retirado de todos sus compromisos internacionales", entre ellos el acuerdo nuclear de 2015.

Por otro lado, la ONU llamó ayer a Irán y al resto de países a proteger este acuerdo, asegurando que lo considera un "logro diplomático" y que seguirá defendiéndolo.