El Senado argentino resolvió aplazar al próximo miércoles la sesión prevista para ayer en la que se iba a debatir el allanamiento a los domicilios y la oficina de la ex Presidenta y actual senadora Cristina Fernández, quien está imputada en la causa que investiga una presunta red de sobornos de empresarios de la obra pública a funcionarios, pero cuenta con fueros parlamentarios. Durante la mañana llegó al Senado el documento con los fundamentos del juez Claudio Bonadio sobre la medida judicial que reclama realizar en dos casas de la ex Mandataria, en su departamento de Buenos Aires y en su oficina del Congreso. Es por esta razón que algunos senadores alegaron no haber tenido tiempo suficiente para leer el texto. Ante esto, Miguel Ángel Pichetto, jefe de la banca del Partido Justicialista, propuso postergar la sesión hasta el miércoles próximo. Luego fue el oficialista Federico Pinedo quien tomó esa iniciativa para transformarla en moción, que recibió aprobación de la Cámara. Asimismo, los senadores acordaron otorgar el "carácter secreto o de reserva" al contenido de la documentación enviada por el juez Bonadio.

Estados Unidos será el primer país en tener un Ejército Espacial. Así lo anunció ayer el vicepresidente Mike Pence, quien durante un acto oficial celebrado en el Pentágono presentó esta recomendación del Departamento de Defensa que será enviada al Congreso para que valore su aprobación. "Ha llegado el momento de establecer un Ejército Espacial. Este documento establece los pasos exactos a tomar para crear una Fuerza Espacial", dijo. Según Pence, el Gobierno planea destinar US$ 8 mil millones en los próximos años, con el objetivo de que esta nueva rama del Ejército, la sexta de las Fuerzas Armadas de EE.UU., pueda estar operativa el 2020. "Nuestros adversarios han transformado ya el espacio en un nuevo campo de batalla", justificó Pence. El secretario de Defensa, James Mattis, coincidió en la necesidad de garantizar la "capacidad disuasoria" de EE. UU. en el espacio.

Matías Jullian V. / Agencias

El Presidente de Argentina, Mauricio Macri, aseguró ayer que el debate sobre el aborto libre va a "continuar" luego de que el Senado rechazase un proyecto para legalizarlo, y apostó por distribuir anticonceptivos de larga duración para frenar los embarazos no deseados.

"El problema está y tenemos que seguir trabajando para que todas esas chicas realmente tengan la posibilidad de elegir", afirmó el Mandatario en declaraciones a la prensa, tras mantener una reunión de Gabinete en la Casa Rosada.

Sus declaraciones llegaron después de que en la madrugada de ayer la Cámara Alta frenase un proyecto que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados para garantizar el aborto libre, seguro y gratuito, con el voto en contra de 38 legisladores frente a los 31 que estuvieron a favor.

Para el Presidente argentino, este es un debate "que comienza y que va a continuar", porque los argentinos están "madurando" y "entendiendo lo que es vivir en democracia" y "escuchar al otro".

Para hacer frente al elevado número de abortos clandestinos (354.627 al año, según el Ministerio de Salud), Macri consideró "muy importante" seguir trabajando en una formación integral de los profesores de las escuelas que incluya "el capítulo de la educación sexual".

Macri también insistió en la necesidad de distribuir métodos anticonceptivos de larga duración en el país porque son "mucho más efectivos en estos temas", especialmente en las provincias del norte y la de Buenos Aires, que registran la mayor cantidad de embarazos no deseados.

Otros proyectos

De todas formas, el aborto seguirá en la agenda política argentina en los próximos días, mediante un proyecto de reforma del código penal que evita las penas de cárcel para las abortistas y con el que el Gobierno busca apaciguar el ímpetu del movimiento feminista.

El Ejecutivo enviará el 21 de agosto a la Cámara Alta un proyecto de reforma del código penal para despenalizar la práctica como una vía intermedia entre las dos posturas a favor y en contra que han dividido profundamente al país. Esa iniciativa de reforma elaborada por un panel de expertos a pedido del Gobierno propondrá que un juez pueda eximir de pena a la mujer que realice un aborto, que según el código penal vigente puede llegar a ser de hasta cuatro años de prisión.

Aunque en la actualidad se permite el aborto en los casos de violación y cuando hay riesgo para la vida o salud de la madre, el primero de los supuestos no se cumple en provincias conservadoras y, además, no están precisados cuáles son los casos de riesgo para la salud. El nuevo código busca rellenar esos vacíos.