Los diputados de la Comisión CAE, Diego Schalper, Luis Pardo y Hugo Rey -de RN- valoraron la presencia de los ex ministros Bitar y Eyzaguirre, quienes participaron de la instancia legislativa con la finalidad de responder las inquietudes de los parlamentarios. Sin embargo, lamentaron la ausencia de Lagos. "Nos hubiese gustado que el ex Presidente hubiese venido", dijo Shalper.
El ex Presidente Ricardo Lagos culpó a las universidades de que el Crédito con Aval del Estado (CAE) no funcionara, en respuesta a la comisión investigadora que indaga esta controvertida ayuda estudiantil. A través de una carta en su sitio web, el ex Mandatario comentó que el mecanismo fue diseñado para que permitiera que los estudiantes accedieran "a recursos privados a tasas de interés razonables y condiciones de pago ajustadas a las características del sistema educacional".
"Para que el sistema funcionara se debía asegurar la calidad de las instituciones de educación superior que recibirían el crédito y que garantizarían a los jóvenes una formación adecuada, para insertarse en buenas condiciones en el mercado laboral, y de esa forma contar con las condiciones económicas suficientes para poder sobrellevar el pago de su crédito", expresó.
"Sin embargo, el ente de aseguramiento de calidad resultó ser una entidad integrada por representantes de las instituciones de educación superior que, más que velar por la calidad del sistema, se transformaron en representantes de los intereses de sus representados", aseguró. Según la misiva, la Comisión Ingresa era la encargada de administrar el sistema, compuesta por cinco funcionarios del Estado y tres de las instituciones de educación.
"Estos últimos integrantes terminaron siendo representantes de los intereses de dichas instituciones lo que hizo que, entre otras cosas: no modificara nunca la tasa de interés, incluso cuando las circunstancias lo permitían, ni tampoco la cantidad de créditos que se otorgaban; no impidiera que se otorguen créditos por cinco años a instituciones acreditadas por dos y que no analizara la empleabilidad de las carreras que se ofrecían", agregó.
"Estos factores, sumados al temor a rebajar tasa para no incrementar los costos públicos, y la ejecución de licitaciones poco convenientes para el Fisco, implicaron que el sistema no se ajustara adecuadamente a las necesidades", aseguró. La comisión investigadora del CAE de la Cámara sesionó ayer con los ex ministros Nicolás Eyzaguirre y Sergio Bitar, quienes fueron interpelados por el vocero de Deuda Educativa, Juan Pablo Rojas.
El Presidente Sebastián Piñera firmó ayer el proyecto de ley que mejorará y transparentará el sistema de notarios, conservadores y archiveros en Chile, eliminando trámites innecesarios, aumentando la oferta de servicios, incrementando el uso de tecnologías y bajando los costos para las personas, de acuerdo a la propuesta del Ejecutivo.
En general, las reformas apuntan a la modernización y digitilización del sistema, además de una menor discrecionalidad en los nombramientos de estos cargos, modificando la fiscalización de los procesos y permitiendo una mejor supervisión del cumplimiento de aranceles.
Pese a que fueron invitados, los integrantes de la Asociación de Notarios no llegaron al acto en La Moneda.
Entre los principales puntos del proyecto está la implementación de un Consejo Resolutivo de Nombramiento de Auxiliares de la Administración de Justicia, el que deberá resolver los nombramientos de notarios, conservadores y archiveros. El texto trae la figura de los "fedatarios", quienes actuarán como ministros de fe en todo el país para realizar algunos trámites como finiquitos, cartas de renuncia y declaraciones juradas. Estos funcionarios serán nombrados por las Cortes de Apelaciones correspondientes, durando en su cargo tres años, con la posibilidad de ser renovados por otro periodo.
En un afán por avanzar hacia la "desnotarización" del país, La Moneda propuso reducir algunos trámites que hoy deben realizarse ante un notario, como casos de declaraciones juradas, de hechos propios o aquellos donde se pide una escritura pública. De acuerdo a un informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), actualmente hay 205 trámites que deben hacerse ante o por un notario. Y si bien los fedatarios podrían encargarse de algunos de estos, el Ejecutivo considera necesario eliminar la exigencia legal de la intervención de uno de estos funcionarios en otros.
En otro ámbito, los notarios, conservadores y archiveros permanecerán en sus cargos hasta cumplir 75 años o hasta cumplir 21 años sirviendo en el mismo puesto.
El texto crea un nuevo sistema de fiscalización radicado en la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema. Además, los notarios, conservadores y archivadores tendrán la obligación de financiar y sujetarse a una auditoría externa anual. El Gobierno pretende eliminar las categorías de notarios, reduciendo así las barreras de entrada al cargo. De otro modo, se solicitará un informe, tanto a la Corte de Apelaciones correspondiente como a la FNE, para poder establecer criterios objetivos para la creación de nuevas notarias.
En el ámbito técnico, se exigirá contar con sistemas tecnológicos que permitan la realización de trámites y consultar información en línea, además de suscribir documentos a través de una firma electrónica y eliminar los libros y registros de soporte papel.
Para ello se deberá implementar una firma electrónica avanzada y sellada de tiempo. A través de un "Folio real" se accederá de manera fácil y expedita al historial jurídico de los inmuebles, facilitando el estudio de títulos y reduciendo los costos.
"Con este proyecto vamos a lograr hacer más fácil, más grata y más feliz la vida de nuestros compatriotas", dijo el Presidente Sebastián Piñera, quien encabezó el acto de presentación de la propuesta ayer en La Moneda junto al ministro de Justicia, Hernán Larraín.
Tiempo de ejercicio La propuesta que el Gobierno ingresará al Congreso persigue que los notarios, archiveros y conservadores permanezcan en sus cargos hasta los 75 años o hasta cumplir 21 años de labor.
Archivo digital La iniciativa pretende que se establezca un "archivo digital de poderes". A través de esta herramienta, cualquier notario o conservador del país podrá consultar la vigencia de un poder.