El Presidente de Bolivia, Evo Morales, concedió ayer una amnistía a dos ex Presidentes del país que tenían procesos judiciales pendientes con el fin de que colaboren, sin obstáculos, en la demanda marítima boliviana contra Chile.

Morales, quien se dirigió a la prensa en La Paz tras arribar desde Nueva York, explicó que esta amnistía para los ex Presidentes Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002) se basa en una potestad constitucional que posee como jefe de Estado en Bolivia y subrayó que fue una decisión "personal", fundamentada en la "autoridad" que le otorga la Constitución del país.

Mesa tenía un proceso pendiente en relación al caso de la empresa chilena Quirobax, a la que el Estado boliviano tuvo que indemnizar con algo más de US$ 42 millones por suspender una concesión minera que tenía en Bolivia durante su mandato.

Por su parte, Quiroga estaba procesado junto al también ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), asilado en EE.UU., por un caso de contratos con petroleras sin la aprobación, supuestamente, del Congreso boliviano.

El Presidente Morales argumentó que su decisión pretende que todas las personalidades del país puedan contribuir en apoyo a la demanda presentada por Bolivia contra Chile en La Haya, de la que este próximo lunes 1 de octubre se conocerá el fallo.

Al respecto, apuntó que el objetivo es que no existan obstáculos administrativos ni jurídicos para contar con su aporte en el escenario que se abra tras la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en La Haya.

Ningún ex Presidente, salvo delitos de lesa humanidad o genocidio, de los que sí se acusa a Sánchez de Lozada, por una represión que causó muertos durante su Mandato, debe tener procesos pendientes que "entorpezcan" su aportación a la causa marítima, dijo Morales.

Con la amnistía, Mesa y Quiroga podrán defender esta causa "sagrada" de Bolivia "con todas sus energías, corazón y capacidad intelectual", sentenció el Mandatario, quien insistió en que su reivindicación no obedece a fines electorales.

La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, ayer tuvo palabras para quienes la han acusado por eventuales conflicto de interés en torno a la crisis que viven las comunas de Quintero y Puchuncaví, a causa de las emanaciones industriales de, entre otras firmas, Oxiquim, a la cual está vinculado un ex socio de su esposo, Esto, además de que uno de los abogados del cuestionado proyecto minero de Isla Riesco es su hermano.

"Lamento el intento de algunos por levantar falsos conflictos de interés en mi contra, que no tienen que ver con mi capacidad profesional, sino solo por mi condición de mujer, señora de (Gonzalo Molina), hermana de (Rodrigo Sch-midt)...", escribió la secretaria de Estado en su cuenta de Twitter.

"No puedo creer que no se pueda reconocer que como mujer tengo independencia y opinión profesional propia", agregó. "Si existiese conflicto de interés no dudaría en inhabilitarme, como corresponde". Esto debido a que Molina fue socio del presidente de Oxiquim, Fernando Barros, durante 17 años.

Además, el hermano de Schmidt es parte del equipo de abogados que representa a la Mina Invierno, ubicada en Isla Riesco, de propiedad de los grupos Angelini y Von Appen. Esta semana se dio la autorización para iniciar las tronaduras en el yacimiento de carbón, ubicado bajo una zona considerada virgen, en la Región de Magallanes.

"Como ministra de Medio Ambiente NO me tocó participar en la decisión de Isla Riesco", afirmó Schmidt.

Nuevos intoxicados

El hospital de Quintero, en tanto, ayer recibió a 30 personas con síntomas de intoxicación, producto de la mala calidad del aire, pese a la reducción de labores por parte de las industrias, ordenada esta semana.

El plan del ministerio de Salud está enfocado en paralizar las principales fuentes emisoras de dióxido de azufre, que involucran a Codelco Ventanas, AES Gener, Oxiquim, Copec, Gasmar, Enap, Enex y GNL.