Recalificar el delito a "homicidio culposo" y aceptar una condena de seis años de cárcel fue la oferta que la fiscalía de Malasia hizo a los chilenos detenidos en ese país, acuerdo que fue rechazado por la defensa de los jóvenes acusados de asesinato en Kuala Lumpur, en 2017.

Venkateswari Alagendra, la abogada defensora de Fernando Candía y Felipe Osiadacz, explicó que sus clientes decidieron declinar la oferta hecha por la parte acusadora, que implicaba que se declararan culpables de homicidio culposo, y continuar así con el juicio.

La fiscalía ya le había ofrecido antes a los dos chilenos rebajar el cargo de asesinato por el de "homicidio doloso", que se castiga con hasta 30 años, por lo que la oferta que rechazaron ayer fue la segunda.

La determinación de los acusados hizo que la toxicóloga forense de la Policía que hizo los análisis de sangre de la víctima y de los acusados no pudiera concluir su testimonio, por lo que proseguirá hoy.

Sin embargo, la experta sí alcanzó a decir al tribunal que no halló alcohol ni drogas en las muestras de sangre de los dos imputados y que la víctima dio positivo en alcohol, anfetamina y metanfetamina.

Hoy es, en principio, el último día que se había fijado para que la fiscalía presentara su caso, pero aún queda que la toxicóloga concluya su testimonio y que declaren otros dos testigos claves, según detalló Alagendra: el forense que hizo la autopsia de la víctima y el comisario encargado del caso y que decidió presentar el cargo de asesinato.

La abogada defensora opinó que la presentación de esos testimonios necesitará entre dos y tres días, por lo que hoy el tribunal deberá establecer nuevas fechas .

Carolina Collins

Culpable en calidad de autor de los delitos consumados y reiterados de estafa fue declarado ayer el ingeniero comercial Rafael Garay, por los ilícitos perpetrados entre agosto de 2011 y junio de 2016 que investigó la Fiscalía Centro Norte.

De forma unánime, el Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, integrado por los magistrados Raúl Díaz Manosalva (presidente), Pablo Toledo González y Nelson González Valenzuela (redactor), acogió las pruebas presentadas por la Fiscalía y los querellantes del caso.

El veredicto

El tribunal estableció que Garay ofreció asesoría financiera y de inversiones a personas naturales y jurídicas "con el propósito de administrar dineros provenientes de éstos, a pesar de lo cual él, ni personalmente ni a través de la sociedad referida, desarrolló inversión alguna para sus clientes".

El veredicto además señala que la empresa Think & Co, del ingeniero, estipuló en sus cláusulas que "se encargaría de administrar el dinero entregado por los inversores, comprometiéndose a obtener una rentabilidad mínima anual de 18% nominal anual en pesos, libre de impuestos y antes de comisión, cobrando por dicha gestión honorarios equivalentes a un 7% sobre la utilidad acumulada. Los dineros aportados por los supuestos inversionistas fueron depositados tanto en la cuenta corriente de la empresa Think & Co. como en cuentas bancarias personales de Garay Pita".

El tribunal fijó para el próximo 18 de octubre la lectura de la sentencia contra Garay, para quien la Fiscalía pide una pena de seis años de presidio por el delito por el que se le acusó de haber causado pérdidas por más de $1.700 millones.

De la tv a la cárcel

Garay, quien ganó fama en la televisión como "experto" en economía e incluso llegó a ser candidato a senador, huyó del país en septiembre de 2016 con el pretexto de que viajaba a Francia para tratarse un cáncer terminal en el cerebro que, según se comprobó después, nunca padeció.

El ingeniero comercial, de 42 años, fue encontrado meses después en Rumania, desde donde fue extraditado en marzo de 2017, fecha desde la que ha permanecido en prisión preventiva.

Las disculpas de garay

Ayer, antes de que el tribunal dictara su veredicto, Garay pidió la palabra y se disculpó por sus actos. "Ofrezco disculpas públicas a las personas que he ofendido en los últimos 10 o 15 años, en que he vivido mi vida de manera desastrosa", afirmó, y pidió también perdón a su familia, "por todo el daño" que les ha causado.

Garay agradeció a los psicólogos de Gendarmería por ayudarlo a superar sus problemas, se declaró "agradecido" del juicio en su contra y expresó su propósito de reparar el mal causado a las víctimas, especialmente a algunos adultos mayores jubilados.

"Yo estoy en esta situación por mis actos, tengo que hacerme responsable de lo que hice", manifestó.

Mediante un escrito ingresado al 7° Juzgado de Garantía, el fiscal de la jurisdicción Centro Norte, José Morales, comunicó ayer al tribunal el cierre oficial de la investigación de la arista del caso Cau Cau que involucró directamente al ex ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.

La indagatoria surgió tras la querella presentada por la empresa Zañartu Consultores -en mayo de 2016- a raíz de la sanción impuesta por el MOP que responsabilizó a esa sociedad de no advertir oportunamente de los problemas del viaducto en Valdivia.

En la acción se apuntó al ex titular de la cartera, atribuyéndole el delito de prevaricación administrativa, que se refiere al "ilícito que comete un empleado público no judicial que dicte resolución manifiestamente injusta en negocio contencioso administrativo".

Lo anterior, luego de que la empresa lo sindicara como autor de presiones ejercidas sobre el Comité de Registros, del ministerio, para que sancionara a Zañartu. El 21 de abril de 2016 se le aplicó a la empresa una suspensión de 12 de meses, impidiéndole la entrega de servicios al MOP.

Y pese a que en septiembre del año pasado la empresa se desistió de la acción judicial, la investigación de la Fiscalía Centro Norte siguió adelante y el 20 de octubre de ese año Undurraga fue interrogado como imputado por el fiscal José Morales. En la diligencia, negó la entrega de instrucciones a los miembros de la Comisión de Registro para aplicar la sanción a Zañartu Consultores.