La idea de Estados Unidos como la tierra de las oportunidades, la riqueza y el dinero está dando paso a una nueva configuración del acceso a bienestar material: Asia avanza a paso rápido para tomar esa posición en el mapa.

Así se desprende del reciente informe del banco suizo UBS y la consultora PwC, que reveló que China registró el año pasado el mayor número de nuevos multimillonarios, 55, y junto con India produjo tres cuartas partes de los nuevos multimillonarios a nivel mundial.

Ee.uu., segundo

Estados Unidos, país que siguió a China, produjo 53 multimillonarios en 2017, según el informe, que fue reseñado ayer por la agencia estatal de noticias china Xinhua.

El documento agregó que el número de multimillonarios asiáticos subió casi 25% el año pasado para llegar hasta los 637, por los 563 que mantiene Estados Unidos y los 342 que corresponden a Europa.

De acuerdo con el informe, en 2006 solo había 16 multimillonarios chinos, mientras que hoy el número asciende a 373, casi uno de cada cinco multimillonarios en el mundo.

Riqueza "volátil"

Los antecedentes de la muestra revelaron que la riqueza asiática sigue siendo "relativamente volátil" en un clima de rápido desarrollo económico y de mercados de valores "erráticos", que forjan fortunas rápidamente, pero que con la misma facilidad también desaparecen. Lo anterior se ejemplifica en que si en China existen 373 multimillonarios, cuyas fortunas combinadas crecieron 39% hasta US$ 1,2 billones, el club sumó 106 miembros en un año y tuvo que decirle adiós a 51. La tecnología, el retail y el e-commerce fueron los principales sectores que posibilitaron el ascenso de magnates.

A nivel global hay 2.158 multimillonarios cuya riqueza combinada asciende a US$ 8,9 billones, añadió el informe.

Aunque UBS no mencionó nombres por el secreto bancario, los multimillonarios suizos se encuentran activos en salud, servicios financieros y comercio minorista.

La discusión sobre la protección de los datos personales se ha convertido en uno de los principales ejes de la discusión pública. El propio Congreso Nacional, impulsado por el Gobierno, ha reactivado la tramitación de iniciativas legislativas que buscan fortalecer y robustecer el actual marco legal existente.

La actual normativa establece que cada empresa es responsable de informar a las personas sobre la información que poseen respecto de ellas, con el objetivo de que puedan hacer efectivos todos sus derechos legales de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad, según el manejo de cada industria.

No obstante, la vigencia de esta ley, cuyo origen se remonta a 1999, se encuentra obsoleta y presenta un aplicabilidad insostenible en el tiempo. Se trata de una regulación que no considera los avances tecnológicos e informáticos en relación a la protección de datos. Incluso hemos sido testigos de cómo se ha creado un mercado de compra/venta sobre esta información, aprovechando el vacío legal existente.

El nuevo proyecto viene a resolver gran parte de los problemas que tiene la antigua ley respecto su aplicación y control, aunque no especifica de manera precisa los sujetos de control de la misma, pese a que se asignó al Consejo Para La Transparencia la tarea de proteger los datos personales. Esto porque la entidad -bajo las condiciones actuales- no podría exigir a aquellos entes privados que se dediquen a administrar y procesar datos de terceros, en el sentido que define la ley, deban registrar ante el CPLT su respectivo control.

Un claro ejemplo de ellos es que establece que toda persona puede efectuar el tratamiento de datos personales con sujeción a la ley, por lo cual ejercer el cumplimiento de ésta por parte de la entidad encargada se dificulta al no tener un registro de quienes administran datos. Lo mismo ocurre con aquella información que ya está en diversas bases, la que en la práctica resulta difícil de gestionar y controlar.

No cabe duda de que se trata de una normativa que apunta a mejorar la regulación que existe hace más de 20 años, y que representa un avance significativo en lo que a protección se refiere. Sin embargo, aún existe el desafío de definir con claridad quién es el sujeto de control de la información, determinar qué datos podrá administrar, además de identificar los mecanismo correspondientes para que las personas ejerzan su derecho con plenitud. Tareas que a la luz de la actual discusión todavía se encuentran pendientes, pero que resultan urgentes para alcanzar una regulación integral.

Hernán Soler