La Iglesia Católica tiene una aprobación ciudadana del 14% y un rechazo del 81%, las peores cifras para esa institución desde septiembre de 2015, cuando la consultora Cadem comenzó a medirlo en sus encuestas. En medio de la profunda crisis que vive la institución por los casos de abusos sexuales al interior de ella, el apoyo a la Iglesia bajó tres puntos porcentuales en comparación con la encuesta de septiembre pasado, señaló ayer Cadem.Además es la institución peor evaluada del país por sobre los partidos de oposición que formaban la Nueva Mayoría (20% de aprobación), el Congreso (25%), los tribunales (26%) y el Frente Amplio (26%). Por otro lado, el respaldo al Presidente Sebastián Piñera se situó en el 46%, cuatro puntos menos que la semana pasada, mientras que su desaprobación subió tres puntos y alcanzó el 41%. La encuesta también consultó por el proyecto Aula Segura, que alcanzó un 77% de acuerdo y 22% de desacuerdo, sin presentar diferencias significativas con respecto a la semana previa al debate ocurrido en el Congreso.

En medio del debate en el oficialismo por el llamado proyecto de Ley humanitaria, que buscará normar la conmutación de penas a condenados por los "delitos más graves" que contempla la legislación -incluidos los de lesa humanidad- el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se abrió ayer a disminuir la edad para optar al beneficio. El proyecto original del Gobierno establecía un piso de 80 años para poder optar al beneficio, pero según publicó ayer "La Tercera", los timoneles de la UDI y RN, Jacqueline van Rysselberghe y Mario Desbordes, respectivamente, solicitaron durante los comités políticos ampliados en La Moneda que la iniciativa fije en 70 años.

El ministro Larraín enfatizó que el proyecto " está pensado para los delitos más graves. Los delitos de personas que hayan sido condenadas a presidio perpetuo, condenados por delitos de lesa humanidad, por consideraciones de esa naturaleza".

La iniciativa busca así conmutar las penas tanto de presos comunes como de condenados por delitos de lesa humanidad que cumplan ciertos requisitos, como sufrir una enfermedad grave o terminal, o que tengan avanzada edad.

Enfermedades y edad

En ese sentido, el titular de Justicia planteó que "en el proyecto humanitario tenemos contempladas distintas alternativas aparte de enfermedades graves que sean de tal naturaleza que tengan la inminencia de la muerte o que hayan generado una invalidez física o mental tal, que la hagan a la persona imposible de ser autovalente. Esos son los ejes centrales".

"También está incorporada la edad y nosotros estamos trabajando para definir la edad que, acompañada del mínimo de tiempo cumplido, pudiera ser también la tercera alternativa de aplicarse la ley humanitaria", agregó.

Ante la petición de los presidentes de los partidos que integran el bloque oficialista, Chile Vamos, el secretario de Estado aseguró que "estamos discutiendo; una buena fórmula es una solución intermedia".

Respecto al plazo en el que se presentaría finalmente el proyecto, Larraín explicó que sólo falta ajustar el tema de la edad y el mínimo de pena cumplida para poder aplicar este criterio.

Corte suprema

Ese proyecto se sumará al que ya se tramita sobre las libertades condicionales. Al respecto, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, aseguró que "el Legislativo está trabajando un tema importante y está haciendo su trabajo, está fijando sus condiciones, esas exigencias son de carácter sustantivo y tendrán que realizarse".

Ayer, la comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud para obtener dicho beneficio a una agrupación de 33 prisioneros que actualmente cumplen condena en el Penal de Punta Peuco. El grupo de reos, que está en la lista 1 de dicha cárcel, pidió el beneficio con esperanzas de obtener la libertad condicional, tomando en cuenta el actual contexto político y social donde otros internos también han pedido pronunciamientos sobre sus condiciones. Sin embargo, la solicitud fue negada por la Corte con precisos argumentos que indican que los 33 reos no están preparados para obtener libertad, según informó "La Tercera".

La resolución establece que quienes solicitaron este beneficio "no reconocen suficientemente el delito cometido", haciendo referencia a los actos ilícitos de lesa humanidad cometidos en dictadura.