El Presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, calificó como "positiva, proactiva y legislada 'en frío'" la Agenda de Integridad y Transparencia en que trabaja el organismo, tras un encuentro con el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Gonzalo Blumel.

"Legislar en frío creo que es un aporte y podemos ir construyendo una institucionalidad más poderosa, más fuerte que ponga a raya a la corrupción, disminuya los espacios para la arbitrariedad y en definitiva tengamos una democracia más sana", sostuvo el directivo. Según él, "dado que particularmente los países legislan cuando hay grandes crisis en materia de transparencia y probidad, a veces, legislar de esa forma implica presiones que de otra forma no hubiesen existido".

Sin embargo, Drago reiteró sus críticas a algunos aspectos del proyecto, como la creación de una "supracomisión" de transparencia, cuyos integrantes serían designados por instituciones como el Congreso y otros organismos autónomos. Por ello, el titular del CPLT destacó la disposición de Blumel a clarificar el planteamiento inicial realizado desde el Gobierno.

El titular de la Segpres afirmó, por su parte, que "hemos estado conversando en los otros temas de la agenda, de la Ley de Transparencia 2.0, esto está en la Cámara de Diputados y también lo vamos a trabajar en conjunto, de forma tal que podamos hacer una fuerza conjunta entre el consejo y el Ejecutivo para sacar adelante esa ley que es muy importante".

Descentralización

Blumel comentó también la existencia de un segundo acuerdo tras la reunión con el CPLT, sobre dar a la nueva ley un enfoque descentralizador, con énfasis en gobiernos regionales y municipios: "Estamos en medio de un proceso de descentralización que se va a implementar el próximo año y el subsiguiente y queremos enviar a fines de este año, comienzos del próximo, una ley que fortalezca la probidad y transparencia y las capacidades de los municipios y los gobiernos regionales".

Otros proyectos revisados fueron el que aumenta las sanciones por soborno y cohecho -recientemente aprobado por el Congreso-, y las leyes de Integridad pública y de Protección de Datos Personales.