María Alejandra Pino C.
Un alto grado en la valoración del estado de la participación ciudadana en la región de Los Ríos, una baja capacitación y una condición "soft" de la ley, la cual es indicativa y sugerente pero no vinculante, son algunos de los resultados que arrojó el informe presentado ayer por el Centro de Estudios Regionales y del Desarrollo Territorial de la Universidad Austral de Chile (CER-Uach). La actividad convocó en el edificio Nahmías de esa casa de estudios a dirigentes sociales, autoridades y miembros de la comunidad.
El estudio muestra un diagnóstico de la participación ciudadana a nivel local y de la situación actual de la implementación de la Ley 20.500 en 52 comunas de las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Fue elaborado en base a encuestas respondidas por las propias municipalidades y a información recopilada de los sitios web y mediante la Ley de Transparencia, entre abril y octubre de este año.
Los resultados del informe fueron entregados por el director del CER-Uach, Egon Montecinos, quien indicó que éste midió seis dimensiones: la existencia en las municipalidades de un encargado y de una unidad de participación ciudadana y de ordenanza comunal actualizada, capacitación recibida por los funcionarios en esta materia en los últimos dos años, Cosoc constituidos y valoración del estado de la participación ciudadana.
El detalle
Para Los Ríos, el estudio mostró que de sus 12 comunas, el 58% de las municipalidades (siete) dice contar con un funcionario encargado de participación ciudadana, cifra superior a la que presenta la región de Los Lagos (40%) e inferior a Aysén (60%). En tanto, dos municipalidades de Los Ríos declararon disponer de una Unidad de Participación Ciudadana, lo que corresponde al 17%. En Los Lagos, tres municipalidades cuentan con esa unidad (10%) y en Aysén, una (10%).
Acerca de la capacitación sobre participación ciudadana que han recibido los funcionarios municipales en los últimos dos años, Los Ríos está por debajo de Los Lagos y Aysén. El 17% de las municipalidades respondió que sí la ha recibido, mientras que en Los Lagos el 37% y en Aysén el 30%.
Sobre la existencia de una ordenanza municipal, en Los Ríos el 75% de las comunas cuenta con este instrumento actualizado. En tanto, en Los Lagos, el 60% y en Aysén, el 30%.
En relación a los Cosoc, en la región de Los Ríos está conformado en nueve comunas (75%) y sesionan, en promedio, cuatro veces en el año. Montecinos precisó que en Panguipulli, Mariquina y Corral no se encuentra constituido. En Los Lagos están conformados en 15 comunas (50%) y en Aysén, en 5 (50%).
Por último, sobre la valoración del estado de participación en las comunas, el 92% de las municipalidades de Los Ríos (11) considera que es "bueno" o "muy bueno", es decir, el municipio hace esfuerzos por vincular a los ciudadanos o que los ciudadanos están muy vinculados a la gestión municipal. Este indicador alcanza en Los Lagos el 25% y en Aysén el 67%.
Conclusiones
¿Qué revelan estas cifras? Egon Montecinos señaló que el estudio da cuenta de una participación ciudadana de baja intensidad, "es decir, más alto es el interés por cumplir al máximo con la ley a que haya una incidencia en la gestión municipal administrativa que promueve esta ley. Ello se evidencia, por ejemplo, en que el promedio interregional respecto de la existencia de una unidad de participación ciudadana es del 12%, lo que habla de que no hay una mirada estratégica de la gestión municipal", explicó.
Asimismo, afirmó que la Ley 20.500 no reconoce la diversidad ni heterogeneidad territorial y que la precariedad financiera de la mayoría de las municipalidades incide en las posibilidades y capacidades locales para implementar adecuadamente esta normativa. Además, apuntó a que la ley no es vinculante, no genera incentivos ni sanciona, "es neutra en lo político y en lo incidente", precisó.
¿En qué influye lo anterior? Explicó que genera que "las ordenanzas estén desactualizadas, que exista una escasez de documentos que orienten y formalicen los mecanismos de participación ciudadana. También, una carencia de procesos de formación sistemáticos, rotación de funcionarios en los cargos y funciones de participación ciudadana, y se dan ocasiones en que la ley no promueve que las municipalidades que ya tenían prácticas participativas las potencien".
Comentarios
La presentación del estudio convocó a representantes de distintos ámbitos para comentar los resultados. Uno de ellos fue el presidente del Cosoc Los Ríos Santiago Guarda, quien subrayó que la ley requiere modificaciones y que "es hora de hacer algo". Con ello apuntó a la tarea que deben asumir, por ejemplo, los parlamentarios para avanzar en esos cambios.
Además, indicó que "el desafío es conformar los 12 Cosoc en la región; la idea como mesa regional es visitar a los alcaldes, conversar y comentarles que existe esta ley y que estas instancias comunales deben estar formadas".
El diputado Marcos Ilabaca (PS) planteó que frente a este diagnóstico surgen oportunidades de mejora, "requerimos fortalecer la institucionalidad, tanto en la implementación como en el fomento y la coordinación; también, en el ámbito de incentivar la formación ciudadana para aumentar la capacidad cívica de los dirigentes sociales y la comunidad y en el aspecto normativo con el fin de garantizar mediante normas los espacios y mecanismos de participación ciudadana". En materia presupuestaria, dijo que "claramente hay que disponer de recursos especiales mediante transferencias del gobierno central a los gobiernos locales".
El alcalde de Río Bueno Luis Reyes recalcó que "la gente ya está cansada de ser escuchada y necesita acción. Hoy, tenemos una comunidad mucho más demandante y la participación ciudadana se está expresando".
Frente a ello, señaló que "creo que en algún momento vamos a llegar a generar los espacios y el ordenamiento administrativo en donde todas las municipalidades, no sólo aquellas que tengan más recursos, implementemos una unidad de participación ciudadana".
En tanto, Verónica Moreno, directora del Diarioaustral región de Los Ríos, planteó que "la vinculación con las decisiones que tome la autoridad es lo que falta para reforzar esa participación".
En ese escenario, subrayó en el rol de los medios de comunicación y afirmó que éste es clave para contribuir "a que se escuche la voz de las organizaciones sociales y que las decisiones de la autoridad las consideren".