Desde que entró en vigencia la Ley 20.786 sobre trabajadoras de casa particular, se ha registrado más de 240 contratos en la Direccción del Trabajo. No obstante, cerca de 50 mil empleadores no han suscrito un compromiso laboral con ellos. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, unas 289 mil personas se desempeñan en este sector.

"Cuando uno tiene a un trabajador en su casa en la informalidad, está abriendo la puerta a la impunidad y a la desprotección del trabajador, ya que éste no tiene cobertura de salud ni ante accidentes y pasa a ser uno clandestino. El daño más grande que se puede hacer a un trabajador es mantenerlo en la informalidad por ahorrarse unos pocos pesos, ya que aquél queda sin protección", sostuvo el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, según informó Emol.

"Muchos migrantes hacen el esfuerzo de regularizar su situación para poder trabajar en esta área y luego se encuentran con que no se les hace contrato. No vamos a descansar hasta lograr que todas las trabajadoras tengan su contrato, es por esto que incrementaremos las medidas de fiscalización a través de la Dirección del Trabajo", añadió.

601 denuncias

Ante la Dirección del Trabajo han sido presentadas 601 denuncias durante este año. Entre las materias, destacan: pro tección de la vida y salud de los trabajadores, protección a la maternidad, informalidad laboral, jornada de trabajo, descansos, fueros, feriado anual y permisos, requerimientos del empleador, derechos fundamentales y otros temas, con 38,4%; beneficios, 19,7%; remuneraciones, 8,9%; cotizaciones, 8,8%; y contra to de trabajo, 8,3%.

En cuanto a las multas cursadas en lo que va del año, son 105. Las más frecuentes fueron por el no cumplimiento del DFL 2 del Ministerio del Trabajo (37), las cotizaciones (34), las horas extraordinarias (33) y las nuevas disposiciones de la Ley 20.786 (21).

"Hago un llamado a terminar con las malas prácticas que van en desmedro de quienes cuidan nuestros hijos, de quienes son parte del día a día de la casa, de quienes merecen, al igual que todos, un trabajo seguro, digno, con contrato y seguridad social", recalcó el secretario de Estado.

El asistencialismo y la generación de dependencia define la política estatal en la Región de La Araucanía. Durante casi 30 años este ha sido el enfoque de política pública que busca superar la pobreza y el llamado conflicto mapuche. Este acercamiento ha fracasado. Aunque el conflicto ha tenido su expresión más radical en algunas comunas y comunidades de la región, también afecta en la vida cotidiana de los habitantes de la región y no sólo en momentos de "crisis".

Se ha avanzado en la valoración y respeto a los pueblos indígenas, pero perduran las condiciones históricas de desigualdad, discriminación y racismo. Son estas mismas condiciones las que ayudan a entender los lamentables acontecimientos que recientemente condujeron a la muerte de Camilo Catrillanca por la actuación desproporcionada de Carabineros, pero también están en la raíz de episodios pasados de violencia en la región, en las aledañas y trasandinas que conforman el llamado Wallmapu.

Algunos operativos policiales han involucrado a niños y niñas mapuches. En el seguimiento de estos casos, se manifiestan las dificultades de las instituciones estatales para abordar y asumir la protección infantil en contextos de reivindicación política mapuche. Por esto, es urgente el esclarecimiento de estos hechos y la búsqueda de justicia, ya que solo esto permitiría dar un paso para construir los pilares de una convivencia intercultural.

El diagnóstico es claro y consensuado en relación con las reivindicaciones políticas y territoriales mapuches: se requiere una estrategia política. Las acciones estatales, de diferentes gobiernos desde el retorno a la democracia, se han abordado como una política social y de seguridad. Respecto de la primera, la revisión de la llamada política indígena muestra una constante: generación de espacios de diálogo, instalación de grandes programas que buscan la superación de la pobreza y el desarrollo y, en los últimos años, los múltiples procesos de consulta, la mayoría de ellos no vinculantes. Líderes, dirigentes y organizaciones mapuches han participado de buena fe en estos procesos. Promesas como el reconocimiento constitucional, representación política y la oficialización del mapudungun han sido incumplidas y postergadas. A esto se suma, la estrategia de seguridad que opera en algunos sectores de la región, que genera un ambiente de descontento y frustración difícil de abordar.

Durante muchas décadas, diferentes líderes mapuche han mostrado su capacidad para hacer política acorde al momento histórico. Otros líderes están, actualmente, haciendo política orientada al reconocimiento, autonomía y convivencia intercultural en la esfera local. Estos liderazgos y acciones deberían ser claves para la búsqueda de avances, los que muchas veces son invisibilizados por otros más mediatizados por los medios y gobernantes.

Este legado político de los líderes históricos y actuales debería servir de aprendizaje para todos. También, desde las universidades y centros de investigación de la región y del país, donde hemos generado numerosos estudios que debemos saber poner a disposición del debate y de la orientación de la política pública. Esto es una labor que debemos que asumir activamente en el mundo universitario, pero también lograr posicionarnos como un interlocutor válido, junto a otros, lo que permitiría el avance en la construcción de necesarios caminos de entendimiento político y de hacer política.

Francisca de la Maza