María Alejandra Pino C.
A través de una declaración pública y "debido al gran revuelo" que ha generado el proceso expropiatorio y la solicitud de desalojo de la Casona Lopetegui Mena para la futura construcción del puente Cochrane, los propietarios del inmueble aclararon su posición frente a los últimos acontecimientos y enfatizaron en que nunca han estado contra el proyecto, "muy por el contrario, creemos que es fundamental dar prioridad a la construcción de este puente", precisaron.
En esa línea, indicaron que "desde el año 2016 hemos participado en todas las reuniones a las que hemos sido convocados y hemos realizado propuestas concretas para facilitar la ejecución del proyecto".
Sin embargo, en la declaración dirigida a la comunidad valdiviana, señalan que "el Estado, representado por la Intendencia, Seremi Minvu, Seremi Mop y director Serviu, entre otros, nunca nos presentaron una propuesta concreta para adquirir la casona, es más, hasta la fecha ni siquiera existe un proyecto concreto para la conservación de la misma".
Proceso
"A pesar de nuestra disposición para llegar a un acuerdo justo que facilitara la ejecución del proyecto, el Estado optó por iniciar un proceso de expropiación de los inmuebles, sin siquiera darnos aviso previo, a pesar de haber estado en constantes conversaciones por más de dos años", cuestionaron los propietarios.
Añadieron que "este proceso requirió de que Serviu procediera a tasar el inmueble, lo que en la realidad de los hechos jamás ocurrió, ya que Serviu no tasó los departamentos que integran la casona, porque los profesionales encargados de esta labor nunca ingresaron a su interior, omisión garrafal que transformó la expropiación en un despojo de nuestros bienes".
A juicio de los propietarios, se trató de "un acto expoliatorio en donde el fisco percibió a su nombre el bien raíz expropiado sin pagar nada o pagando lo que se le ocurrió de manera unilateral e injusta".
Además, recordaron a la ciudadanía y a Serviu que los ocupantes de los departamentos, "nos encontramos pagando dividendos hipotecarios a los bancos por todos y cada uno de los departamentos expropiados y que no tenemos dónde irnos a vivir, por lo que de ser obligados a desocuparlos, deberemos agregar al costo propio del pago de los dividendos hipotecarios, el pago de rentas de arrendamiento que no están dentro de nuestros presupuestos de ingresos mensuales".
Frente a ese escenario, los propietarios señalaron que sus reclamaciones buscan que se les pague "el valor real, justo y completo del inmueble, y que se nos haga justicia en el sentido que se nos deje al menos pasar el tiempo dignamente necesario mientras buscamos un lugar en donde irnos a arrendar a nuestro costo otros inmuebles y, además, de manera especial, se dirime y resuelve por los tribunales de justicia el valor real y completo de la indemnización que se nos debe pagar por el ente expropiante".
Argumentos de los propietarios
"Si nosotros hubiésemos querido retrasar el proyecto puente Los Pelúes-Lord Cochrane, habríamos presentado ante tribunales una nulidad de derecho público, la cual no tiene fecha de prescripción y que significa que absolutamente todo el proceso debería comenzar de cero, esto porque según dictamen de Contraloría se debía ingresar el proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental antes de iniciar el proceso expropiatorio y es de conocimiento público que el proceso expropiatorio se inició a principios de año y el proyecto aún no ingresa al SEA, todo esto por algo obvio, ¿Qué pasaría si el SEA rechaza el proyecto en ese lugar y ya se expropiaron las propiedades?", plantearon los propietarios de la casona.