Oscar Gallardo Ríos
El 30 de noviembre y luego de cumplir 11 años como funcionaria de la Gobernación del Ranco, Sandra Solís, administrativa del Departamento Social, fue notificada de su desvinculación del servicio al que llegó cuando se creó la región de Los Ríos y la provincia del Ranco. La trabajadora asegura no tener militancia política y que durante su permanencia en el servicio las calificaciones que le han asignado sus jefaturas la ubican en la lista 1 (de distinción).
"La verdad, aún no entiendo las razones de mi despido, ya que mi cargo fue creado junto con el resto de los cargos históricos que se abrieron con la instalación de la Gobernación en 2007. No pertenezco a partido político alguno y jamás he tenido un sumario administrativo", expresó la funcionaria.
Tras su desvinculación, Solís evalúa presentar un recurso de protección para ser reintegrada. Explicó que mediante esa acción busca permanecer, por lo menos, un año más en su cargo, "ya que estoy en segundo año de la carrera de Auditoría".
Similar es la situación de Andrea Osorio, encargada de la Oficina de Partes de la Dirección Provincial de Educación del Ranco, quien el 28 de noviembre fue notificada de su desvinculación laboral. La noticia cayó como un balde de agua fría para la funcionaria con 11 años de servicio en dicha institución pública, quien es divorciada y está a cargo de sus dos hijas: la menor que cursa tercer año básico, y la mayor su primer año de universidad. Además, ella también estudia, pues cursa primer año de la carrera de técnico en trabajo social en IPG La Unión.
"Siento que no existe un motivo justificado para tomar esta decisión. En la resolución que se me entregó se argumenta que no cuento con un título profesional para desempeñarme en mi área, y que no cuento con las herramientas necesarias para ocupar dicho cargo. Pero mis 11 años de carrera en el sector público no fueron considerados. Además tengo buenas calificaciones y jamás se me ha abierto un sumario administrativo. Espero se reconsidere mi situación porque soy el pilar fundamental de mi hogar. Yo no soy funcionaria del gobierno de turno, yo trabajo para el Estado", comentó.
Dirigentes
El número de funcionarios públicos notificados de la no renovación de su contrato alcanzaría los 93 según información proporcionada desde el Gobierno Regional, los que corresponden a trabajadores de secretarías regionales ministeriales y de servicios públicos. Esa cifra difiere de la entregada por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales en Los Ríos (Anef), cuyo registro indica que se trataría de 111 trabajadores.
Nancy Silva, presidenta de la Anef, señaló que "los primeros que deben realizar acciones al interior de los servicios son los dirigentes de las asociaciones".
Explicó que se busca revertir las desvinculaciones o revisar y cambiar las resoluciones que contienen la justificación de las no renovaciones de contrato. Ello, porque "para justificar el acto administrativo, las razones carecen de toda veracidad", aseguró la dirigenta.
Silva afirmó que la agrupación, desde el 23 de noviembre ha solicitado una audiencia con el intendente César Asenjo para abordar esta materia, "pero no nos ha querido recibir. En alguna oportunidad, nos pidió que habláramos con su equipo de asesores, a lo cual nos negamos porque ellos no nos darán ningún tipo de respuesta".
Cambio de gestión
La seremi de Gobierno, Ann Hunter, indicó que el cambio de funcionarios responde a un proceso normal que cada equipo, de cada ministerio o servicio realiza permanentemente. "No es una decisión fácil, pero ocurre cuando hay un cambio de gestión y objetivos de una administración que responde a un sello político", dijo.
Sobre una eventual revisión de los casos, la autoridad señaló que "estamos abiertos a mirar, escuchar y analizar aquellas situaciones en las que se considere si esta decisión se ajusta o no a lo que el derecho laboral establece".
