El Gobierno de Bolivia espera que su crecimiento económico permita alcanzar a Chile en la próxima década y con ello tener una posición más determinante en cuestiones como su demanda marítima, aseguró ayer el Vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera.

El Vicepresidente se refirió, en una conferencia de prensa, a la sentencia de octubre pasado de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que determinó que Chile no está obligado legalmente a negociar el acceso soberano al Pacífico que le reclama Bolivia, que perdió su salida al mar en la Guerra del Pacífico.

Fallo "frustrante"

García Linera calificó de "frustrante" la sentencia, pero apuntó que al ritmo que crece la economía boliviana, hacia 2025 puede estar a la altura de la chilena e incluso en una década ser "más grande".

En ese escenario, "la voz de Bolivia va a ser muy distinta y Chile va a tener que modificar su actitud", apuntó García.

La autoridad lamentó que sectores conservadores en Chile "hoy nos ningunean", pero advirtió de que la importancia de su país en mercados del Pacífico y el Atlántico va a cambiar y con ello "la actitud de Chile hacia Bolivia".

La difícil relación

Las demandas de una salida al mar, perdida en 1879, y sobre las aguas del Silala, pendiente del pronunciamiento en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, entre otras cuestiones, enturbian las relaciones entre ambos países hasta el punto de que Chile lleva sin embajador en Bolivia desde el año 1978.

El vicepresidente García Linera esgrimió los datos publicados en Santiago por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que estimó un crecimiento de la economía boliviana del 4,4% en 2018, mientras que para Chile calculó 3,9%.

"Está mal América Latina, pero Bolivia está arriba", comentó el Vicepresidente boliviano sobre la previsión de crecimiento para la región, que se elevó a un magro 1,2% para 2019, mientras que la estimación para su país es de las mayores de Latinoamérica.

Bolivia cerrará este año con un crecimiento económico del 4,7%, el más alto en la región, según previsiones gubernamentales. "Estamos en un buen momento, la economía va tener una musculatura que va permitir que, por lo menos, miremos los siguientes 10 años sin sobresaltos", agregó.

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) analiza un recorte de cerca del 13% de su plantilla de trabajadores como parte de un plan de contención de costos para "disminuir de manera urgente el déficit de caja, vía reducción de gastos". La medida afectaría a cerca de 450 trabajadores.

De esta forma, la petrolera estatal intentará hacer frente a pérdidas acumuladas, al tercer trimestre, de US$ 152 millones y un descenso del margen bruto de 30% en relación al mismo periodo de 2017.

Bajos resultados

"Como ha sido informado por la empresa a sus trabajadores y también públicamente, Enap ha visto empeorar sus resultados a causa de la fuerte caída en los márgenes internacionales de refinación, además de una considerable alza en los precios del crudo que ha gatillado mayores costos de producción", señaló la empresa a través de un comunicado. La firma agregó que "existe, además, un sostenido nivel de endeudamiento, superior a la capacidad generadora de recursos de la compañía".

Según consignó La Prensa Austral, los dirigentes sindicales que representan a los trabajadores de Magallanes, que cuenta con la mayor dotación de la estatal, con 1.248 empleados de un total de 3.324 personas, sostuvieron una reunión con representantes de la gerencia de la compañía en la que se les informó del plan de desvinculación aprobado el martes por el directorio.

El próximo año

Las desvinculaciones tendrán lugar durante 2019, ya que aún se sigue trabajando en el detalle del plan de ajuste. "Estamos conscientes (de) que estas medidas pueden ser dolorosas, pero creemos que tenemos la obligación de poner el futuro de la empresa por delante, haciendo lo necesario para ser más productivos, aportar al país y cumplir con nuestras obligaciones con la región y con todos los chilenos", explicó la empresa.

En agosto de este año, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunció la decisión del Gobierno de capitalizar de forma extraordinaria a la Empresa Nacional del Petróleo con US$ 400 millones.

En junio de este año, la Enap aprobó su plan quinquenal para el periodo 2018-2022.

Mauricio Mondaca

Los trabajadores portuarios eventuales de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) que protagonizan una huelga de más 35 días en Valparaíso aprobaron un nuevo preacuerdo con la concesionaria TPS a instancias del Gobierno. Luego de visar el documento en una asamblea, por 210 votos a favor y 40 en contra los operarios dieron por finalizada la manifestación, luego de que el Gobierno signara el compromiso.

El documento fue firmado en el Ministerio del Trabajo y ratificado por el titular de esa cartera, Nicolás Monckeberg, y por la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt. La empresa Terminal Pacífico Sur (TPS) no estuvo presente ni suscribió el acuerdo.

El acuerdo aprobado considera $ 550 mil de préstamos, un aguinaldo de $ 75 mil y un monto de $ 325 mil que antes fueron ofrecidos como giftcard y caja de alimentos. Además, durante enero los trabajadores eventuales adscritos al acuerdo recibirán un bono de $ 750 mil y se les ofrecerá un curso que tendrá un valor para la empresa de $ 400 mil.

El conflicto

La firma definitiva deja atrás 35 días de paro con violentos choques con Carabineros durante varias protestas en Valparaíso, hechos que provocaron cuantiosos daños en el centro de la ciudad y mantienen en alerta al comercio, que ve con preocupación una posible merma en la llegada de turistas para los festejos de Año Nuevo. Esto, luego de las amenazas de los trabajadores en paro de boicotear las festividades.

"Logramos un acuerdo con nuestra propuesta después de haber discutido con la empresa portuaria (...). Una vez que tengamos todo el acuerdo firmado, con todos los puntos, volvemos a trabajar", dijo Pablo Klimpel, dirigente de la Unión Portuaria de Chile, antes de la firma de la propuesta en Santiago.

El 18 de diciembre, los dirigentes habían logrado un preacuerdo con el Gobierno, el cual fue rechazado al día siguiente en una asamblea.

En esa oportunidad, Klimpel explicó que la negativa se generó "porque no satisfacía la demanda inicial", la que considera un bono de $ 2 millones, la garantía de que no habría represalias contra los empleados movilizados y la constitución de una mesa de trabajo para mejorar las condiciones laborales. Asociaciones de productores de frutas advirtieron que el paro redujo en cerca de 90% los embarques desde ese recinto portuario.