María Alejandra Pino C.
Pescadores artesanales y 24 organizaciones sociales y políticas solicitaron al intendente César Asenjo no proceder en la invocación de la Ley de Seguridad del Estado contra los pescadores que el sábado se manifestaron en la Ruta 5 Sur por el veto presidencial a la Ley de la Jibia.
Ello, luego de que el gobierno presentara una querella, invocando dicha ley, por la responsabilidad que tendrían los pescadores en el accidente ocurrido en el sector Ciruelos, en la comuna de Mariquina, durante las protestas y donde tres personas perdieron la vida y 46 resultaron lesionadas.
A las 11 horas se reunieron ayer los pescadores en la Plaza de la República, para luego ingresar una carta a la Oficina de Partes de la Intendencia. En ésta, los firmantes pidieron al jefe regional retractarse de las acusaciones que "sin fundamento han contribuido a criminalizar a personas que en nada consta sean responsables del accidente ocurrido", dice el documento.
Y agrega que :"Las autoridades deben ser responsables y prudentes, ya que resulta inaceptable que el Presidente de la República afirme que 'quienes se tomaron la carretera tienen la responsabilidad' de la muerte de tres personas".
Gino Bavestrello, dirigente de los pescadores artesanales, recordó que a tres horas de ocurrido el accidente en el sector Ciruelos, "quedó demostrado que acá hay un responsable y que no son los pescadores. Es más, el fiscal (Alejandro Ríos) dice que la movilización de los pescadores artesanales en San José de la Mariquina no tuvo ninguna incidencia en la muerte de estas tres personas, que lamentamos profundamente", afirmó.
Movilizaciones
Hace aproximadamente diez días comenzaron las protestas de los pescadores en Los Ríos por la "guerra de la jibia", las que se intensificaron la semana pasada cuando el gobierno anunció un veto presidencial a la Ley de la Jibia aprobada por el Congreso, que consiste en añadir el sistema de cerco al método de pesca de línea de mano o potera.
Los pescadores defienden la Ley de la Jibia y argumentan en la carta entregada en Intendencia que ésta, "aprobada por diputados y senadores de la diversidad de partidos del Congreso Nacional ha significado un avance favorable para la conservación de esta especie, como también para la pesca artesanal, permitiendo sólo el uso de potera o línea de mano".
En esa línea, Gino Bavestrello afirmó que los pescadores están luchando para que el gobierno pueda, "de una vez por todas, declararla Ley de la República".
El dirigente añadió que ésta "estuvo más de cuatro años tramitándose en el Congreso, donde todos los actores, industriales, empleados, trabajadores, pescadores artesanales y parlamentarios tuvieron la oportunidad de ingresar algunas modificaciones que pudieran mejorar la Ley. Se cumplieron todos los procesos legislativos y hoy día, este gobierno quiere desconocer un proceso que se ganó legítimamente en el Congreso".
De no ser acogida esta demanda, Bavestrello subrayó que los pescadores continuarán movilizados, "y tal vez vamos a ser mucho más radicales, porque los pescadores no somos estudiantes ni somos alumnos, venimos a luchar por nuestro derecho a comer, a alimentar a nuestras familias".
Rol del intendente
En la carta ingresada, los pescadores además apuntan al rol del intendente y le solicitan abrirse al diálogo.
En el documento señalan que "de nuestra máxima autoridad regional esperamos más" y le piden "ser una voz que, desde una mirada descentralizada y acorde a las necesidades de nuestra región, solicite que el gobierno central no proceda con el veto mencionado".
"son hechos graves"
Tras el ingreso de la carta, el intendente César Asenjo -quien ayer se encontraba en Santiago- señaló que el gobierno siempre ha estado abierto al diálogo, "ya que estamos seguros que es el único camino para lograr acuerdos, lo que ha quedado demostrado en estos diez meses de gestión de nuestro Presidente Sebastián Piñera, donde cada vez que nos hemos sentado a conversar, hemos llegado a buen puerto".
Acerca de los hechos ocurridos el sábado pasado en la Ruta 5 Sur, indicó que "tenemos un mandato ciudadano de velar por la seguridad y el orden público, por lo que los hechos acontecidos son considerados graves, lo que nos obligó a invocar la Ley de Seguridad del Estado. Ahora, son los tribunales de justicia quienes tendrán que dilucidar de acuerdo a la investigación que se realice. Somos un gobierno responsable con la institucionalidad del Estado y esperamos que se haga justicia".
En esa línea, el jefe regional agregó que "tal como lo afirmó el fiscal en la formalización de cargos, se trata de dos hechos graves y muy lamentables, uno de ellos terminó con el fallecimiento de tres personas. Cada vez que se altere el orden público actuaremos de la misma forma, utilizando todas las herramientas que nos otorga la Ley, es lo que la propia ciudadanía nos exige".
