El juez Álvaro Meza condenó a 18 años de cárcel a los autores del homicidio calificado del exdiputado Luis Espinoza y el dirigente campesino Abraham Oliva, ocurrido en Frutillar en 1973.

Los condenados por este crimen son el exoficial de Carabineros René Villarroel, conocido como "Juan Metralla", y el también excarabinero Carlos Tapia.

El diputado socialista Fidel Espinoza, hijo del exlegislador y expresidente de la Cámara, se enteró de esta sentencia en medio del congreso de su partido en el estadio El Llano en San Miguel.

El hijo de la víctima remarcó que "el sanguinario personaje" conocido como Juan Metralla "ya tenía una condena anterior, pero caminaba libre por las calles de Puerto Montt", por lo que aunque valora la acción de la justicia, pidió que las autoridades estén alerta. "Nosotros como familia recibimos con tranquilidad esta condena, pero hacemos un llamado a la justicia, a la policía, a que pongan mucho cuidado, porque este personaje ya una vez intentó huir de la justicia cuando se pretendió que fuera aprendido por la primera condena", advirtió.

"Después de 45 años tenemos la esperanza de seguir creyendo en la justicia. Como familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, queremos decirle al mundo que nunca hay que bajar los brazos, y nosotros seguiremos apoyando en los otros casos de violaciones a los derechos humanos", añadió el legislador.

Comisión rettig

Luis Espinoza se encontraba procesado, antes del 11 de septiembre de 1973, por la justicia ordinaria, acusado del delito de desacato. El 26 o 27 de septiembre de ese año, fue trasladado por órdenes militares al Regimiento de Puerto Montt, donde fue mantenido en absoluta incomunicación.

Abraham Oliva había sido detenido y liberado con orden de firmar diariamente en la Tenencia de Fresia.

La Comisión Rettig se formó la convicción de que la muerte del diputado y el líder campesino no correspondió a un intento de fuga, como sostuvieron las autoridades de la época, sino a una ejecución de dos detenidos, constituyendo una violación de los derechos humanos.

Luego de la polémica en la oposición por la presidencia de la Cámara de Diputados, el mandamás de Revolución Democrática (RD), Rodrigo Echecopar, expresó a Radio Cooperativa que el país no espera de la oposición "pactos administrativos".

El saliente timonel reafirmó la decisión tanto de su partido como del Frente Amplio (FA), de no prolongar el acuerdo de gobernabilidad de la Cámara de Diputados.

"El 2018, simplemente no hubo una mayoría opositora, entonces se inicia un pacto administrativo con apellido que se denomina de oposición, y nos damos cuenta de que no es así. Desde nuestro punto de vista, no tiene sentido prolongar algo que desde la bancada de la DC y el Partido Radical (PR) no se está pudiendo sostener", precisó.

"temas de fondo"

Sobre lo dicho por el diputado Matías Walker (DC), quien expuso que "la amenaza del FA de romper el acuerdo administrativo ya murió", sostuvo: "Siento que para él debe ser bastante frustrante este proceso, ya que ha sido un año en que, en más de la mitad de las votaciones, la bancada de la DC votó de manera separada".

Rechazó de momento que Walker se haya adelantado al referirse a futuros acuerdos electorales, pues lo fundamental es enfocarse en "los temas de fondo" para el país.

"Nos gustaría que se hablara de qué es lo que significa ser oposición cuando se viene la discusión de pensiones, la tributaria, todo el diálogo con el pueblo mapuche y también educación. Y si es que no hay cambio en esas características, mejor sinceremos qué es lo que cada uno quiere hacer", explicó Echecopar.

El timonel añadió que recientemente RD se ha contactado con el Partido Socialista y el Partido Comunista para discutir su rol en el 2019 como oposición y así mejorar como bloque este año.

Ayer a la medianoche, cerraron las urnas para la elección de presidente y un centenar de cargos más de RD.

Tras una investigación periodística que reveló eventuales irregularidades y gastos discrecionales en el uso de recursos recibidos vía gastos reservados por Carabineros de Chile, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, afirmó que "no es posible tolerar ni seguir avalando hoy en día mecanismos de control insuficientes con este gasto público que abren la puerta a faltas a la probidad".

"Estos gastos hay que utilizarlos en temas específicos, no de una forma regular ni como suplemento a la remuneración", espetó Drago.

Los antecedentes difundidos el jueves apuntan a la entrega periódica de sobres con dinero en efectivo a integrantes del alto mando de la policía uniformada desde 2008 y hasta la actualidad. Una práctica que se habría mantenido mientras ocupaban el cargo de director general José Bernales y Bruno Villalobos.

"La ciudadanía demanda mayor transparencia en el uso del gasto público y en la rendición de cuentas, por eso necesitamos mayores controles sobre el uso de los gastos reservados y reducción de su discrecionalidad, aumentando controles políticos y de órganos como la Contraloría General de la República", dijo el titular de Transparencia.

El representante del CPLT planteó también la necesidad de "fortalecer el proyecto de ley actualmente en tramitación, sobre información y rendición de cuentas en materia de gastos reservados". Esta iniciativa fue ingresada a principios de enero de 2019 por el Ejecutivo y persigue regular la rendición de cuentas de los gastos reservados que presentan ciertas instancias y reparticiones del área pública.

Propuestas del cplt

En esta línea, el Consejo plantea propuestas como el fortalecimiento de la gestión documental que permita dejar constancia -con carácter reservado- de las operaciones que se realicen, el establecimiento de un plazo máximo para la prohibición de divulgar este tipo de información, la entrega de antecedentes públicos sobre las características generales y alcance de los gastos y los responsables de su utilización, y la obligación para todo el alto mando de declarar los intereses y el patrimonio en el caso de hacer uso de los recursos.

Otra arista planteada por el Consejo es la necesidad de una correcta definición y uso del carácter de secreto de los gastos de recursos públicos. "Creemos que este tipo de gasto secreto se justifica en tanto cumple con el resguardo de la seguridad pública -como la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo-, o la seguridad de la nación y el interés nacional. Sin embargo, esta herramienta debe contemplar resguardos que impidan actos de corrupción".

Drago recalcó que este tipo de prácticas no se han visto en organismos del Estado que están sujetos a normas de transparencia al actuar preventivamente: "Las instituciones con mayor transparencia y control tienen menos espacio para la corrupción, porque son medidas que actúan de manera preventiva y como disuasivo".

fue el año en que se habría iniciado la entrega de sobres con dinero al alto mando de Carabineros. 2008

fue el año en que partió la regulación de los gastos reservados, con la dictación de la Ley N° 19.863. 2003